El Gobierno ha aprobado la ley que da media hora más a los hosteleros sólo para desalojar

Si hay algo irreconciliable en Santander es la relación entre los hosteleros y las asociaciones de vecinos. Es una batalla que se recrudece en verano, cuando los primeros hacen más caja pero los segundos se quejan de la falta de descanso, aunque está latente durante todo el año. Por eso existe cierta alergia política a meterle mano al conflicto. Hasta el punto de que Cantabria es la única comunidad autónoma que nunca ha tenido una Ley de Espectáculos. Hasta ahora se conformaba con cumplir el decreto de 1982, que ya estaba obsoleto cuando en 1994 asumió las competencias en la materia, y han tenido que pasar más de veinte años para que el Gobierno regional elabore una normativa que moderniza la celebración de espectáculos en directo y los horarios de los locales. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles esta ley, que luego iniciará su trámite parlamentario. El bipartito, en minoría, necesitará encontrar al menos un grupo de la oposición que lo apoye.

Esta nueva Ley de Espectáculos no ha estado exenta de polémica. Sobre todo, por su artículo 29. El que marca las aperturas y cierres de los establecimientos. El Gobierno ha decidido, finalmente, no tocar los horarios de cierre de los bares y pubs, pero sí darles media hora extra de margen para que puedan desalojar los establecimientos. Esta comprometida medida es una reivindicación histórica de los hosteleros, que pedían más oxígeno en los tiempos de cierre. Pero también es una decisión que no ha gustado nada en algunos sectores vecinales, como en Pombo-Cañadío y en el Río de la Pila. Otras asociaciones, como la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav) sí acepta estos treinta minutos de regalo debido a las limitaciones que incluye la ley.

Esta ampliación del tiempo no está pensado para convertirse en una ampliación encubierta del horario autorizado. La normativa deja muy claro a qué deberán destinar los hosteleros ese tiempo: "No se permitirá el acceso de público ni se podrá expedir consumición alguna; se procederá de forma inmediata a la desconexión de la música ambiental, máquinas recreativas, y sistemas de reproducción audiovisual y, en su caso, a la finalización del espectáculo o actividad de que se trate; y se procederá al desalojo ordenado de los clientes o espectadores, procurando evitar molestias a los vecinos y a terceros a la salida". Y añade: "Durante la media hora fijada para el desalojo se deberá respetar en todo momento lo dispuesto en las ordenanzas municipales en materia de ruidos, y se evitará cualquier tipo de desorden público o molestias a terceros".

Sanciones

La nueva ley incluye un régimen sancionador con multas que van desde los 300 hasta los 600.000 euros, pero para evitar que la comisión de una infracción pueda resultar beneficiosa para el infractor, la cuantía de las sanciones puede llegar a duplicarse.

A pesar de todo, algunas asociaciones, las más perjudicadas por la concentración de bares nocturnos, como Pombo-Cañadío y el Río de la Pila, siguen siendo muy críticas con esta ampliación de horario. "Presentamos alegaciones, pero no hemos vuelto a saber nada de ellas. Nuestra postura sigue siendo la misma. Estamos totalmente en contra. Nuestro principal problema es el ruido de madrugada que no nos deja descansar. Solo es media hora, sí, pero de madrugada", protestó el presidente de laagrupación de Pombo-Cañadío, Ricardo Alea.

Otras asociaciones, como la Fecav, flexibilizaron su postura al conocer en profundidad el articulado de la ley. "Es media hora para dejarles recoger y que se marche la gente. Ni van a seguir con la música ni sirviendo copas. Me parece coherente", destacó su vicepresidente, Ricardo Sainz.

"Vacío legal histórico"

Rafael de la Sierra destacó en su momento la labor de los empleados públicos que han redactado en solo cinco meses una ley "compleja", capaz de ordenar el sector, y también "polémica", al afectar a "derechos fundamentales de las personas que a veces colisionan entre sí". "Es una ley que da más libertad, pero con unas condiciones muy claras que hay que cumplir", señaló el consejero, que al mismo tiempo subrayó la importancia de acabar con la arbitrariedad y la inseguridad y de cubrir un "vacío legal histórico".

Uno de esos momentos en los que Cantabria echó en falta una ley fue el verano del año pasado, cuando cualquiera hubiera podido montar un concierto en plena calle sin ser sancionado, aunque sí denunciado. La Ley Mordaza o de Seguridad Ciudadana el nombre depende de quien la cite derogó la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana aprobada en 1992, que era la única que regía esta materia en Cantabria.

Por eso hizo falta aprobar una modificación in extremis de la ley, simplemente para recuperar las sanciones que ya existían y cubrir ese hueco que había dejado la normativa nacional. Un problema que con la nueva Ley de Espectáculos no volverá a repetirse.