El Gobierno propone una ordenanza municipal de ayudas de emergencia social

Con esta ordenanza "se cumple con el compromiso adquirido de redefinir la prestación económica de emergencia social" para que sea gestionada directamente por los servicios sociales municipales, lo que, según el Ejecutivo, requerirá de una normativa municipal lo más homogénea posible.

Para ello la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha remitido a la Federación de Municipios de Cantabria una propuesta de ordenanza reguladora de las prestaciones económicas de emergencia social.

Esta remisión tiene como finalidad la difusión y análisis del contenido entre todos los municipios que conforman la federación.

"Se trata de garantizar la equidad en todo el territorio y que todas las personas, independientemente de dónde residan, vean cubiertas de la misma manera sus necesidades básicas", ha afirmado Díaz Tezanos.

La vicepresidenta ha recordado que el primer compromiso ejecutado al respecto por parte del Ejecutivo regional ha sido la creación del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, dotado inicialmente con 2 millones de euros, de los que finalmente los ayuntamientos han solicitado 1.272.000 euros, y a los que deben añadir un 20 % de fondos propios.

Esta propuesta de ordenanza común pretende una regulación homologada de aquellas prestaciones económicas no periódicas, de carácter extraordinario, que se conceden a personas o familias a las que les sobrevengan situaciones de urgente necesidad y en las que se vean privadas de los medios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas.

El objetivo es dispensar una atención básica y urgente en el momento en que se produzcan, tal y como señala la Ley de Derechos y Servicios Sociales autonómica.

Son, por tanto, ayudas que, por su naturaleza, no están sometidas a un plazo concreto de solicitud, y que se pueden solicitar en cualquier momento del año, dado el carácter de urgencia que presentan.

La vicepresidenta ha señalado que, una vez que la Consejería ha facilitado a los ayuntamientos y a sus servicios sociales los fondos extraordinarios para la emergencia social, el siguiente paso consiste en trabajar, conjuntamente, para "avanzar en los compromisos" adquiridos en el desarrollo del Plan de Emergencia Social de Cantabria (PESC) 2016-2017, tanto a nivel autonómico como municipal.

Entre esos compromisos se encuentra el asesoramiento, por parte del Gobierno a los ayuntamientos, en la definición del modelo de intervención ante la emergencia social; la elaboración de un protocolo común de acceso a todas las prestaciones y servicios a través de los servicios sociales municipales; y la aprobación de una normativa autonómica que unifique el acceso a las prestaciones económicas en todos los ayuntamientos y mancomunidades.

También se prevé el asesoramiento en la promoción de la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública de los ayuntamientos de Cantabria.

Por otra parte, el Gobierno ha asumido su compromiso de promover la priorización, en todas las ayudas públicas de carácter social,a las familias con menores a cargo que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como la incorporación en toda la normativa sobre ayudas sociales del criterio ponderativo del interés superior del menor.

Este compromiso se adquiere en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Europea.