Gobierno: la marca y el contenido

El Gobierno de Cantabria ha convocado un concurso para encontrar en la creatividad ciudadana un logotipo que refuerce su imagen corporativa, dentro y fuera de los límites territoriales. La iniciativa ha trascendido nada más estallar la crisis que amenaza la cohesión de los dos partidos gobernantes e inmediatamente antes de que el consejero de Economía, Juan José Sota, admitiese en la solemnidad del Parlamento que Cantabria está intervenida y atada de pies y manos por el Estado. No es mala idea impulsar la identidad y las capacidades regionales en un mundo global y competitivo, pero por eso mismo sería mejor colgar la marca Cantabria de un contenido estimulante, no de la desunión, la vulnerabilidad y el pulso insuficiente de un Gobierno autónomo que ha hecho de la queja a Madrid un mantra cotidiano. Todo un desafío.

Si fuera sólo una cuestión de imagen, habría mucho trecho avanzado. Ninguna de las comunidades uniprovinciales de España ha alcanzado en los últimos años el nivel de promoción que ha disfrutado Cantabria, dicho sea de paso, por obra y gracia de Miguel Ángel Revilla en su despliegue mediático de libros, televisiones y redes sociales, con sus muchos admiradores y con los detractores que tampoco faltan. Que haya sido en provecho propio no excluye el beneficio para la región.

Pero la gobernación es una función mucho más compleja, sobre todo en tiempos difíciles como los actuales. El relato del Ejecutivo sobre la dureza de la crisis que no acaba de remitir, la herencia recibida del PP, la persecución de Montoro, el bloqueo político nacional, la falta de financiación y de inversiones por parte del Estado y de Europa... tiene fundamento, pero ha sido tan reiterativo que ha terminado sonando como una coartada para la falta de iniciativa propia. El relax del verano seguramente acentúa esa percepción.

Mantener el nivel de los servicios básicos en la sanidad, la educación o la atención a la dependencia es una prioridad loable que el Gobierno ha ratificado muchas veces, pero no deja de ser un modelo político de subsistencia que resulta desmoralizante pues deja poco margen a la inversión productiva que la región necesita para reactivar la economía y el empleo. Bien está reclamar el tren rápido a Madrid, siempre que al tiempo se dediquen recursos propios a la obra pública. Y ese no ha sido el caso hasta la fecha.

Por lo demás, el Ejecutivo ya ha podido verificar estos días que su sobreesfuerzo en el gasto social, a costa de todo lo demás, ha merecido muy poco reconocimiento de quien más lo exigía, Podemos, como condición esencial para apoyar la investidura de Revilla y los Presupuestos de este año. Su valoración es elocuente: un suspenso al PSOE de Eva Díaz Tezanos, precisamente en las políticas sociales, y la amenaza de no apoyar las cuentas de 2017 si no se le entrega la cabeza del director de Sodercán, Salvador Blanco.

El Gobierno defiende su gestión en medio de las dificultades. Como primer argumento, la situación económica es tan dramática como la pintan y el abandono y la hostilidad del Gobierno del PP en funciones son muy reales, de modo que los recursos son harto limitados. La negociación de la deuda que se pretende, la revisión fiscal prevista, la reivindicación a Madrid o la puesta en venta de La Pereda la Quinta Labat y otras propiedades públicas persiguen justamente disponer de más dinero para la inversión.

En segundo término, algunos avances constatables: el rescate de Sniace o Greyco, dos crisis que el PP no supo resolver, la inyección financiera a MARE mediante el acuerdo con Guipúzcoa para el vertido de residuos en Meruelo, el impulso al contrato-programa con la Universidad, la recuperación de los fondos municipales, la puesta en marcha del Año Santo Lebaniego 2017 como gran resorte turístico o las operaciones de crecimiento industrial que ahora se manejan con discreción para que cristalicen a lo largo del otoño.

«Iniciativa y proyectos tenemos de sobra aseguran en el Ejecutivo PRC/PSOE, pero no se pueden generar expectativas alegremente hasta que no tengamos garantías de financiación».

Mientras se resuelven las incertidumbres, el Gobierno encuentra alivio en la tibieza con que se emplea el primer partido de la oposición. El PP, sus dirigentes, están tan reconcentrados en su vida interior, también muy agitada por el futuro incierto, que la tarea de control gubernamental, con contadas excepciones, fluye dispersa, tarde, mal o nunca, incluso en momentos difíciles para el adversario como los que ahora discurren.

Hasta en el seno del PP se reconoce una presencia insuficiente en la política regional. Hay un hecho evidente: la oposición más activa corre a cargo de los partidos pequeños, de Ciudadanos, y especialmente de Podemos, que además venden caro el voto que le falta al Gobierno para evitar descalabros en el Parlamento. Lo resume con ironía el diputado morado José Ramón Blanco: «Y eso que sólo somos tres diputados; si tuviésemos los 13 del PP, el Gobierno iba a bailar sin parar».

Así que no es extraño que en este paisaje que domina el comienzo del segundo año de legislatura, en el empresariado, en los colectivos profesionales, entre los agentes sociales y hasta entre los ciudadanos más atentos al acontecer político proliferen dos preguntas retóricas: ¿qué hace el Gobierno?, ¿dónde está el PP?