Anatomía de una marisma en evolución

Las marismas pedían a gritos intervenciones externas para acorazar uno de los paisajes marinos más impresionantes del litoral cantábrico. Esa protección vino de la mano del Estado español, que actuó presionado por los colectivos ecologistas que habían llevado a España ante el Tribunal de Luxemburgo por delito ecológico contra este ecosistema. No deja de ser paradójico que fuera un parlamentario alicantino, Rafael Martínez-Campo, del CDS, quien defendiera en el Congreso, hace ahora 25 años, la iniciativa de protección que entró en vigor un año después.

Cinco lustros más tarde, la evolución de las marismas está llena de claroscuros, que se tornan casi negros para los colectivos conservacionistas, en tanto que los responsables de la Administración regional ven más luces que sombras.

Ecologistas y Gobierno coinciden en que aquella declaración consiguió «blindar las marismas y frenó las grandes amenazas» que se cernían sobre ellas. Pero, mientras que los primeros sostienen que la reserva sigue «muy contaminada» y exigen mayores inversiones que eviten su «degradación», el director de Medio Rural, Antonio Lucio, destaca los «avances» en el proceso de saneamiento de la marisma y la lucha emprendida contra las especies invasoras (el plumero y la chicla o baccharis), a su juicio, los dos problemas más graves que sufre este enclave natural. Y, sobre todo, la implicación de los ayuntamientos, que «han asumido que este parque natural es un factor de progreso».

Apoyo municipal

Los diez municipios que envuelven estas marismas ya son conscientes de cuánto contribuye un ecosistema con tanta biodiversidad. Las marismas ocupan 6.678 hectáreas repartidas en los municipios de Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Limpias, Noja, Santoña y Voto, un cinturon que suma 40.000 habitantes, casi el 7% de la población de Cantabria.

Hace 25 años, estos ayuntamientos veían las marismas como un freno para su desarrollo, pero «ahora han asumido que pueden ser un acicate y que la conservación de la flora y fauna ligada a este espacio natural permite un nuevo tipo de visitante, el turismo ecológico. Además por el hecho de estar dentro de un espacio protegido, tanto ayuntamientos como particulares, pueden acceder a un régimen de ayudas. Es un paso muy importante porque hace 25 años no se percibía así», explica Lucio.

Así lo ve también el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, que subraya que «todas las actuaciones, usos y servicios del municipio se compatibilizan perfectamente con la conservación y cuidado de este entorno privilegiado, que enfocamos como un motor de progreso».

Pero hasta llegar a este punto, hay que echar la vista atrás a la década de los ochenta, cuando surgieron movimientos ciudadanos muy potentes en favor de la protección de este enclave, y las asociaciones SEO/BirdLife y Arca presentaron una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas por las agresiones indiscriminadas que sufrían las marismas, que ponían en peligro la estancia anual de miles de aves migratorias, algunas de ellas en peligro de extinción.

Aquella denuncia llevó a España ante el Tribunal de Luxemburgo por delito ecológico, tribunal que en 1993 condenó al Estado español por incumplimiento de sus obligaciones. Fue la primera condena medioambiental del tribunal europeo a España. En aquel contexto, el Congreso aprobó en septiembre de 1991 la declaración de Reserva Natural como demostración de la buena disposición de España a protejer ese paraje. Fue el inicio de un fin: terminar con el descontrol.

«En 1975 venían autobuses de Vizcaya con cazadores que paraban en las marismas. Se bajaban 50 individuos, se ponían a tirar tiros y aquello era la guerra. Los que estábamos con los prismáticos avistando pájaros, que éramos cuatro en aquella época, teníamos que marcharnos porque te jugabas el pellejo. Recuerdo también concejales del Ayuntamiento de Santoña, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, pidiendo el relleno de las marismas para hacer un polígono industrial. No había conciencia alguna de que aquello tenía un valor y cualquier disparate era posible», recuerda Javier García Oliva, miembro de Arca y exdirector de Medio Ambiente. «Sin aquella delimitación la reserva hoy estaría destruída», sentencia el arquitecto Manuel Solana, presidente de la plataforma conservacionista Santoña en lucha.

La declaración del Congreso supuso sin duda «un antes y un después» para las marismas, sostiene Lucio, y puso de manifiesto que el Gobierno regional tenía que hacer uso de sus competencias para asumir la protección de ese espacio natural.

Esas iniciativas se retrasaron hasta 1997, cuando se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las marismas que fija el perímetro del entorno, aunque no fue hasta el año 2006, con la aprobación de la Ley de Conservación de la Naturaleza y la declaración de Parque Natural cuando el Gobierno regional asume que es absolutamente prioritaria la conservación de este reducto.

La reserva pasó a formar parte de la Lista de Humedales del Convenio de Ramsar, se integró en Natura 2000, red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, y fue declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). No en vano, en este espacio natural se han observado 121 especies de aves ligadas al medio acuático, y entre diciembre y enero, cuando se produce la mayor concentración en la marisma, alberga una población de 20.000 ejemplares.

Evolución irregular

El objetivo era regenerar las aguas y devolver la calidad que tenían antes de la presión urbanística. Sin embargo, los intentos de mejora han sido desiguales.

El director de Medio Rural reconoce que en estos 25 años no se ha conseguido finalizar el proceso de depuración de aguas residuales, de manera que «sigue siendo un grave problema» según denuncian también los mariscadores, que reclaman que se acabe con los vertidos.

El saneamiento de las marismas, una obra declarada de interés general por el Estado, se inició en 2002, pero «está sufriendo demasiados retrasos, de manera que sigue habiendo vertidos puntuales», admite Lucio. El proyecto contempla la recogida de todas las aguas residuales de la cuenca del Asón, que vierten en las marismas, desde el Bajo Asón y zonas aledañas, y su direccionamiento a las depuradores.

Solana es especialmente crítico con este macroproyecto, concebido por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. «Es un error haber concebido aquel saneamiento general como una obra de coste desmesurado. Se optó por un modelo faraónico, con coste elevado e incierto, cuando había alternativas mucho más baratas y de menor impacto ambiental y económico. En su momento se presupuestó en 60 millones de euros y ahora están previstos 350 millones. La consecuencia es que no ha podido acabarse por falta de dinero y dificultades económicas».

Para García Oliva, la evolución de las marismas ha sido «decepcionante». «La mayor amenaza que tiene en estos momentos la reserva es el abandono institucional. Su estado es desolador. Los márgenes están llenos de suciedad, no hay señalización o está vieja y tirada. Es un lugar dejado de la mano de Dios, ese es su mayor problema».

Solana coincide en la crítica y reclama un mayor presupuesto para «evitar la degradación actual» del parque, porque «conservación sin dinero es conversación». El presidente de Santoña en lucha censura a la «gestión opaca» de la reserva y, como García Oliva, considera que «no está debidamente publicitado, ni gestionado».

Sin embargo, Lucio niega la mayor. «El sistema de uso público del parque natural está perfectamente delimitado desde 2008. Tenemos un centro de interpretación que funciona todo el año de manera gratuita y con un sistema de rutas señalizadas, limpias y en perfecto estado de uso». Acepta que puede haber problemas «puntuales de salubridad», una competencia que «es de los ayuntamientos».