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Enrique Munárriz
Sábado, 15 de octubre 2016, 07:33
«Descubrir el pasado puede ser la peor pesadilla», reza el cartel de la película Cuervos, producida por el cineasta Emilio Barrachina y que nunca llegó a estrenarse. Un oscuro génesis detrás del que se escondía un panorama realmente negro para el Gobierno de Cantabria, ... que avaló al filme con 1,1 millones de euros. Aunque el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF)ya había reclamado por la vía administrativa a la productora North Cinema y a los avalistas por los impagos del préstamo, el Ejecutivo cántabro ha detectado durante este proceso un supuesto fraude en el coste de producción del filme rodado en Solares y ha decido querellarse contra Emilio Barrachina por los delitos de «estafa e insolvencia punible», según confirmaron fuentes del Ejecutivo a este periódico.
El presunto engaño consiste en sobredimensionar el presupuesto y obtener así un crédito superior del organismo público para hacer una película que nunca llegó a estrenarse y cuyos responsables han desaparecido y no recogen ni los burofax. El Ejecutivo asegura que tiene pruebas documentales en las que queda demostrado que se gastó mucho menos dinero. Aunque no quisieron dar una cifra exacta, según se ha podido saber este periódico, la cuantía no llegaría ni a los 100.000 euros frente a los dos millones que aparecen en el expediente que se entregó al Ejecutivo para pedir el aval que superaba el millón de euros.
El Consejo Ejecutivo del ICAF ha puesto la demanda en manos de un bufete de Madrid que lleva a «una plataforma de afectados» de Barrachina. «Algunos tienen muy complicado demostrar que hay fraude, pero nosotros tenemos documentado el dinero que dimos y lo que costó, por eso pedimos insolvencia punible». «¿Dónde están los recursos que le dimos?», se preguntan las mismas fuentes del Gobierno de Cantabria, quienes confían en presentar la denuncia en próximas fechas. Vaticinan que aun así será un «proceso complejo».
Esta demanda es el colofón a una catarata de reclamaciones incumplidas. Hasta ahora el Gobierno de Cantabria había presentado dos reclamaciones administrativas contra la productora y sus socios; en una ya tienen el despacho de ejecución y en la otra confían en tenerlo pronto, «pero el problema es que no hay nada para poder embargar». A estas denuncias se suma también la del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) respecto a las ayudas que le concedió para el mismo filme. El organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte exigió el 8 de febrero 42.000 euros por «incumplir la obligación de presentar la solicitud de calificación por públicos de edad y de certificado de nacionalidad en los plazos vigentes».
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