El acusado de estafar a ganaderos se justifica: "Me fueron mal las cosas"

"Nunca actué de mala fe, sólo que me fueron mal las cosas", ha indicado este martes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria contra él por esos hechos, que ocurrieron en 2013 y por los que el Ministerio Fiscal le reclama una pena de seis años de cárcel por un delito continuado de estafa, una multa de 3.600 euros, así como indemnizar a los ganaderos en la cantidad que les adeuda.

El acusado, J.S.W., ha relatado que montó la sociedad de compraventa de ganado tras haber estado desarollando esta labor como autonómo y ver que le iba bien y ha reconocido que él mismo se encargaba de la contabilidad a pesar de no tener experiencia en ello, lo que hizo que finalmente las cuentas fuesen "un desastre".

Ha explicado que adquiría las reses calculando el peso "a ojo" junto con los ganaderos, a unos precios que ha calificado "de mercado". Posteriormente, pagaba a los ganaderos en efectivo en unos casos y a otros a través de pagarés a 15 o 30 días porque "ellos lo pedían así".

Así, ha reconocido que constituyó la sociedad en enero de 2013, y hasta que vio que le iba mal y que no podía hacer frente a los pagos "a finales de abril", adquirió un centenar de reses con un valor, según el fiscal, de 100.000 euros.

Ha considerado que el problema vino de esas compras "a ojo o a bulto" en las que no tenía en cuenta que "si una vaca pesaba 400 kilos, al salir del matadero ya en carne se quedaba en 250 o 300", una variación del rendimiento.

Llamada de un ganadero

En el mes de abril, tras recibir una llamada de un ganadero porque le habían devuelto un talón que iba a cobrar, este tratante se percató de que "estaba perdiendo un montón de dinero", pero ya era tarde porque, en el último tiempo había hecho compras por más de 20.000 euros.

A pesar de haber comprometido esa cantidad en pagos por las reses, el matadero le abonó por carne 15.400 euros, cantidad que ha indicado que ingresó en cuenta o pagó "en mano" a los ganaderos con los que tenía deuda y "automáticamente dejé de comprar", aunque ha afirmado que éstos le decían que "siguiese".

Aunque ese dinero no le llegó para pagar todo lo que debía en ese momento, ha asegurado que en estos años ha estado entregando dinero de su nómina a algunos de los afectados. "Hoy sigo pagando de mi nómina lo que puedo", ha manifestado.

Ha defendido que en ningún momento eludió su responsabilidad y que llegó a celebrar una reunión con los afectados, asumiendo en algún caso la deuda como personal a pesar de que era de la sociedad, cuyos números rojos se vieron acrecentados al deberle una empresa de Madrid 14.000 euros.

Para concluir su declaración, ha señalado que nunca empezó en ese negocio para hacerse rico sino para "sobrevivir" ya que su beneficio, si es que lo tenía, por cada vaca era de "30 o 40 euros".

Declaraciones de los testigos

Frente a sus explicaciones, los testigos que han empezado a declarar este martes han asegurado que, tras conocer que la cuenta de la empresa del acusado no tenía fondos para pagarles, le llamaron y a todos les dijo que "esperásemos" pero, en posteriores llamadas, "no volvió a coger el teléfono".

Dos de los testigos ha relatado que esperaron pero, al ver que seguía sin pagarles, interpusieron denuncia ante la Guardia Civil aportando sus pagarés a cuya fecha de vencimiento no había podido cobrar porque la cuenta bancaria del acusado estaba "en descubierto".

A estos denunciantes se fueron sumando con el tiempo otros ganaderos a los que les había sucedido lo mismo. Así, la mayoría de la veintena de afectados excepto uno son acusación particular bajo la representación de la Unión de Ganaderos Montañeses (UGAM).

Esta circunstancia ha marcado el inicio de la vista ya que la defensa ha reclamado que se anulase la personación de UGAM como acusación particular y las diligencias desde que entró en la instrucción se declarasen nulas. Para el letrado de J.S.W., la Unión de Ganaderos no está afectada directamente y, por ello, de personarse, debería ser como acusación popular.

Tras un receso, el tribunal no ha admitido esta petición de apartar a UGAM como acusación particular por considerar que la mayoría de los afectados son sus asociados, en cuya defensa reclama también seis años de prisión, multa de 7.200 euros y las indemnizaciones correspondientes.