El Gobierno presentará el Presupuesto al Parlamento fuera del plazo marcado por ley

Por primera vez durante su carrera política como presidente, Miguel Ángel Revilla no entregará el Presupuesto de Cantabria al Parlamento en plazo. La Ley de Finanzas marca que las cuentas deben estar en la Cámara antes del 31 de octubre de cada ejercicio para que los grupos políticos tengan margen de maniobra para proceder a una tramitación adecuada antes de su aprobación definitiva. Pero este año será el primero bajo el mandado del líder regionalista en el que no se llegue a tiempo. El Gobierno achaca los problemas a que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, no ha mandado «el techo de gasto, las entregas a cuenta definitivas, la tasa de reposición de los empleados públicos, la subida salarial de los funcionarios y a qué partidas va a afectar el ajuste de 5.000 millones de euros que Bruselas ha impuesto a España».

El consejero de Economía y Hacienda, el socialista Juan José Sota, ya adelantó el pasado domingo que estaba «prácticamente convencido de que no iban a llegar a tiempo», defendiendo esos mismos argumentos. «Tendríamos que trabajar día y noche para hacerlo y aun así nos faltarían datos muy importantes», sentenció antes de poner sobre la mesa la posibilidad de «valorar una prórroga presupuestaria» si no llegan las cifras estatales. Un escenario del que el jefe del Ejecutivo no quiere oír ni hablar. «Una cosa es entregar las cuentas unas semanas tarde y otra muy distinta que no estén en vigor en enero», dicen en su entorno. Él siempre ha sacado pecho precisamente de que cuando ha gobernado jamás se han aprobado tarde.

Para que los Presupuestos entren en vigor el primer día del año, la práctica habitual consiste en aprobarlos en el Consejo de Gobierno del último jueves antes del 31 de octubre. Sin embargo, la ausencia de Gobierno central ha retrasado todo. Y el calendario aprieta. En el Ejecutivo cántabro confían en que una vez que Mariano Rajoy sea investido presidente mañana, el engranaje estatal se ponga a trabajar a ritmo de crucero. Mientras tanto los consejeros aprovechan este retraso para limar hasta la última partida. Ayer, nadie en la Administración autonómica sabía oficialmente el nuevo calendario para aprobar el documento que cifra y reparte los ingresos, gastos e inversiones de la comunidad autónoma para 2017. Lo habitual es que ayer hubiera recibido la luz verde del Ejecutivo.

Al respecto, Sota recordó que en 2011, el Gobierno del popular Ignacio Diego esperó a las elecciones del 20 de noviembre para presentar los presupuestos; lo que hizo una semana después y se aprobaron a final de año. En 2015 también hubo 15 días sin tramitación parlamentaria por las elecciones nacionales de diciembre, aunque el anteproyecto sí que se presentó el día 30 de octubre. «Nosotros tenemos el convencimiento de que no habrá que esperar 15 días», manifestó el consejero, que cree que el nuevo Gobierno tiene «muy avanzados» los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Cuitas de calendario y estrategias electorales al margen, hasta ahora el bipartito ha anticipado solo migajas del documento que plasmará sus políticas concretas para torear un año duro. Ha de cumplir el déficit máximo para las comunidades autónomas; mantener sin recortes Sanidad, Educación y Servicios Sociales (promesa reiterada); reimpulsar las energías renovables; intentar crear empleo, y procurar que la obra pública no se convierta en estatua de sal. Y aparte, pagar sueldos y proveedores, como cualquier empresario con el agua al cuello.

Todo ello con una cifra «muy parecida» a los 2.464 millones de este año. Primarán las políticas sociales. Según adelantó Sota a este periódico, «ganará peso la Universidad de Cantabria, que superará 71,3 millones de euros; se amortizarán 244 millones de euros de deuda, más casi otros 75 millones en intereses; y se reformará el Impuesto de Sucesiones para que sea más equitativo, no tanto en base a las relaciones familiares como hasta ahora, sino en base a la capacidad económica de cada contribuyente». «Suprimiremos alguna deducción autonómica del IRPF y el resto de las tasas subirán un 1%», remachó Sota.