El Tribunal de Cuentas dice que en 2014 ya había evidencias del fiasco de Ecomasa

El próximo 8 de noviembre arrancarán las comparecencias de la Comisión para intentar esclarecer qué pasó con los 18 millones de euros que el Gobierno de Ignacio Diego dio a la fábrica de estufas de Maliaño (Ecomasa), que acabó echando el cierre el pasado mes de febrero. Un total de 64 personas desfilarán por el Parlamento para hablar de un proyecto cuyo fiasco ya intuían algunos organismos. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que en su anteproyecto de informe de fiscalización de 2014, señala que las diferentes ayudas en forma de avales, préstamos y participación de capital del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y de la Sociedad para el Desarrollo Regional (Sodercán) «pueden desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que, con la información disponible hasta la fecha, se aproximarían a los 18 millones de euros».

El tribunal se refiere al fallido proyecto empresarial a la hora de fiscalizar la gestión administrativa del Gobierno del PP, al que reprende por el «insuficiente grado de implantación» de las recomendaciones formuladas en los dos ejercicios anteriores (2012 y 2013) y al ponerse de manifiesto que, en general, «no se han apreciado avances reseñables». En este sentido, Cuentas explica que los organismos autónomos (Servicio Cántabro de Salud, Servicio Cántabro de Empleo, Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo e Instituto Cántabro de Servicios Sociales) «siguen sin elaborar cuentas específicas», pese a lo señalado por el tribunal en otros informes.

También recuerda que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) no elaboró una memoria anual sobre los principales aspectos de su estructura organizativa y actividad. En 2014, el SCS reconoció obligaciones por 3,5 millones como consecuencia de reclamaciones de proveedores por el retraso en el pago de facturas.

En el capítulo de control interno, el tribunal explica que se sometieron al Consejo de Gobierno 22 expedientes por importe de 1,1 millones, que se aprobaron sin pasar por Intervención tal y como era preceptivo. Entre los ejercicios 2014 y 2016, Intervención emitió seis informes de actuación derivados de la falta de seguimiento o discrepancia de los órganos gestores con el contenido de los informes de control financiero.

El órgano fiscalizador también reprocha que el presupuesto de gastos no presentaba «ni objetivos ni indicadores» que permitiesen realizar un seguimiento de su grado de consecución, de lo que se deriva, a su juicio, la ausencia de elaboración del informe de gestión previsto en la Ley de Finanzas de Cantabria. «El presupuesto monetario de la Comunidad Autónoma carece del detalle necesario para conseguir los objetivos de una adecuada distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento, así como para detectar, analizar y corregir las desviaciones que se han producido».

Déficit

Respecto a la estabilidad presupuestaria, el tribunal recuerda que Cantabria incumplió el objetivo de déficit fijado para ese año, con una necesidad de financiación que ascendió a 198 millones de euros, lo que supuso el 1,65% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al objetivo del 1%. La situación hizo necesaria la elaboración de un Plan Económico Financiero. Por lo que respecta a la deuda pública de Cantabria, en 2014 ascendió a 2.428 millones de euros (20,2% del PIB), dentro del objetivo fijado. La regla de gasto también se cumplió.

Como viene siendo habitual en ejercicios anteriores, el Tribunal de Cuentas no se olvida del excesivo uso de las encomiendas de gestión. Al respecto, se indica que deberían utilizarse únicamente para realizar «aquellas actividades concretas y precisas que permitan un mejor desarrollo de las competencias propias de la administración. Habrían de motivarse suficientemente todas las encomiendas de gestión».

Otras de las recomendaciones que hace el tribunal al Gobierno es que debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos y que las memorias tienen que aportar toda la información necesaria para conocer la situación financiera de la Administración autonómica. Por el contrario, «puede entenderse por cumplida» la rendición de cuentas de todas las entidades del sector público autonómico.

Las claves

Estabilidad presupuestaria

Cantabria incumplió el objetivo de déficit. Supuso el 1,65% del PIB frente al 1% exigido

Deudas

Advierte de que no se recuperaron los avales prestados en años anteriores

Servicio Cántabro de Salud

No elaboró una memoria anual sobre los principales aspectos de su estructura organizativa y actividad

Control interno

Puede darse por cumplida la rendición de cuentas de todas las entidades del sector público autonómico