El Gobierno "desatasca" los planes de urbanismo en una decena de municipios

Un viaje que resulta interminable y, en ocasiones, «una pesadilla» en el que deben embarcarse las administraciones locales sin excepción, porque los procedimientos de elaboración y tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) abocan a los ayuntamientos a un aburrido y prolongado peregrinaje ante distintas instancias de las demás administraciones públicas; deben contar con informes con carácter preceptivo para asegurar que los contenidos del futuro planeamiento no colisionan con las muchas normas que la comunidad autónoma o el Estado han tejido alrededor del urbanismo.

«Desbloquear» fue uno de los compromisos que adquirió la vicepresidenta y consejera del área, Eva Díaz Tezanos, cuando llegó al cargo hace casi un año y medio. El director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, se mantiene firme en su palabra y asegura que se han «desatascado» en este tiempo una decena de normas urbanísticas trabajando «codo con codo» con los municipios.

Media región en orden

Es larga la lista de consistorios que llevan años arrastrando los plazos de actualización de sus procedimientos como chicle. El Gobierno de Ignacio Diego trató de desenredar la madeja administrativa durante la pasada legislatura (2011-2015). Cuando el batallón popular llegó a la sede del Ejecutivo se comprometió a la «despetrificación» de los PGOU. El equipo que dirigía el abogado Javier Fernández, que hasta que tomó posesión como consejero asesoraba en la elaboración de la norma urbanística de Santander que ahora será anulada, pisó el acelerador y cerró la legislatura con quince normas autorizadas, de las que dos han sido anuladas al menos parcialmente. «El 50% de la población de Cantabria tiene aprobado su plan general», ensalzó el responsable del Urbanismo durante su último balance.

La clave, tanto para el PP entonces como para el PSOE ahora, fue «el diálogo mantenido por los municipios». Sin embargo, el bipartito defiende que actualmente todo va con más «cautela». «Los acelerones y la legislación a la carta no suelen ser buenas medidas en estos temas, como se ha comprobado», remarca González Buendía sin querer entrar a valorar lo ocurrido en Santander hasta conocer la sentencia del Supremo. En el PP, en cambio, creen que «antes había más intención de avanzar y ahora se nota una ralentización».

Se trata, en cualquier caso, de un complejo entramado que en muchas ocasiones llega a los tribunales. El caso más reciente, además de la capital cántabra, es el de Cabezón de la Sal, que en marzo de este mismo año fue también anulado parcialmente. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria consideró que el documento no fue sometido a exposición pública después de que se efectuaran en él «modificaciones sustanciales», según reza la sentencia.

El instrumento había sido recurrido en varias ocasiones por vecinos y entidades desde que fuera aprobado en diciembre de 2013. El primer teniente alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC), explica que «el PGOU está pendiente de un recurso de casación y debemos volver a someterlo a exposición pública».

Sobre el de Arnuero también sobrevuela un recurso judicial, su alcalde, José Manuel Igual, a la sazón miembro de la Crotu, lo tiene recurrido por una familia. Se aprobó hace cuatro años y ya contempla una revisión para «apostar más por la rehabilitación y la reforma». Dice que la «inseguridad jurídica hasta la fecha no ha afectado a su desarrollo y que si ganan el recurso, como dice Podemos, será la victoria del plebeyo».

Doce años a la espera

Torrelavega lleva doce años y no ha conseguido siquiera cerrar una aprobación inicial. En ese viaje se ha cruzado cierta desidia técnica y política aderezada con serias desavenencias con el equipo redactor. Lo justo para que la segunda ciudad de Cantabria lleve más de una década parcheando su planeamiento para dar cobertura legal a las más diversas actuaciones: desde entonces, las corporaciones torrelaveguenses han aprobado más de 50 modificaciones de la norma vigente, que data de 1986. Desde el Ayuntamiento, el edil de Urbanismo, Otto Oyarbide (PSOE), destaca que «actualmente se está a la espera del tercer documento de trabajo previo a la aprobación inicial de la revisión». Cree que podría estar entregado en el Ayuntamiento antes de final de año y, tras haber pasado por la fase de consulta e informes de organismos sectoriales y autonómicos, «la aprobación inicial es inminente, y solo depende de algunas cuestiones puntuales que haya que matizar del documento».

Más tiempo, incluso, lleva Camargo empeñado a sacarlo adelante. El gran objetivo del Ayuntamiento de Camargo es tener su Plan General aprobado antes de que concluya la presente legislatura, un horizonte 2019 que el equipo de gobierno que dirige Esther Bolado admite que irá muy justo en los plazos a la vista de todos los trámites que debe sortear el documento. Su intención meses atrás era que ese boceto pudiese estar listo antes de que 2016 baje el telón. Tras la anulación en 2002 del PGOU del 1996, recuperó la vigencia el ordenamiento que entrara en vigor en 1988, lo que hace que el municipio no cuente con una hoja de ruta que dé soporte a las actuaciones que quedaron sin un adecuado respaldo legal tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La comarca de Trasmiera sigue la misma tónica que el resto de municipios cántabros donde los planes generales se han convertido en su pesadilla. Un problema que no tiene Medio Cudeyo desde 2011, el único municipio de la comarca con un planeamiento urbanístico aprobado en vigor y que se aprobó con la previsión de construir 700 viviendas de protección oficial, 1.300 libres, dos hoteles o dos polígonos industriales. El PGOU sirvió en para la construcción del Centro de Proceso de Datos de Banco Santander.

En el valle de Cayón, el Ayuntamiento sigue estancado en conseguir un planeamiento que permita un crecimiento acorde a las características actuales del municipio. En estos momentos y «aunque hay mucho trabajo hecho» según replica el alcalde, Gastón Gómez, la redacción del nuevo plan está parada y continúan con las normas subsidiaias de 1987 en vigor. La empresa que «estaba redactando el documento ha quebrado y se está a la espera de resolver el contrato para seguir con el mismo». Se ha tramitado ya el avance y la aprobación inicial. También en Villaescusa está paralizado, porque finalizó el contrato de la empresa que lo redactaba y se va a proceder a la liquidación y posterior contratación de otra empresa. El documento se ha dejado «casi listo» para la aprobación inicial, según explica su alcalde, Constantino Fernández.

En la zona oriental, Colindres ha vuelto a poner en marcha la maquinaria para redactarlo. Hace un año el Ayuntamiento tuvo que rescindir el contrato con la empresa encargada de la redacción del documento, ya que la adjudicataria ya no disponía de los medios suficientes para hacer el PGOU con la celeridad que demandaba.

Hoja de ruta

El objetivo del Gobierno es llegar al máximo número de aprobaciones posible, pero no se atreven a dar una cifra «porque son tramitaciones muy complejas». En dos anteriores legislaturas del bipartito tan solo se aprobaron cinco planes urbanísticos. Una cifra que en solo un año se ha igualado con los de Miengo, Polanco, San Felices de Buelna, Herrerías y San Vicente de la Barquera en gran medida estaban muy adelantados por el PP y se superará en breve con los de Santa Cruz de Bezana, Escalante y Ribamontán al Mar.

El director general de Urbanismo destaca los pasos dados en Piélagos y Argoños aprobados inicialmente y ambos afectados por sentencias de derribo, Suances, el avance del de El Astillero, Torrelavega, Rionansa o Piélagos. «Estamos trabajando en una doble vertiente: con una partida presupuestaria para la contratación de equipos de apoyo a la coordinación de los planeamientos, una suerte de asesores que den apoyo y seguimiento a que la norma se adecue a la legalidad y apoyando sin dudas; y con una cuantía de 300.000 euros para la redacción de los mismos», resume González Buendía.