Salvador Blanco descalifica la auditoría de Sodercán "encargada por el PP"

En ese sentido se ha pronunciado en su intervención en la comisión parlamentaria Salvador Blanco, quien ha insistido en que, con el informe, se buscaba "venganza política y tapar la inacción de la empresa pública en el año 2012". El dirigente ha revelado una conversación que supuestamente mantuvo Cabetas con los técnicos de la empresa pública a los que prohibió presentar alegaciones: "Sodercán no va a alegar porque esta auditoría así ya me vale", ha dicho Blanco citando la supuesta conversación.

El consejero de Sodercán fue especialmente crítico con la "campaña inquisitoria" de Podemos y se ha mostrado como una víctima a la que se le "ha inculcado el derecho de audiencia y defensa". Como había dicho antes la vicepresidenta y repitió el propio Blanco, si le hubiera permitido presentar sus alegaciones "las conclusiones hubieran sido muy distintas". Por ello, ha subrayado que "en ningún momento el documento dice que se cometiera ninguna práctica ilegal, tampoco se llevó ninguna causa a la Fiscalía ni se elevó denuncia al Tribunal de Cuentas".

La acusaciones vertidas por ambos dirigentes socialistas han provoado la protesta de los populares. Su portavoz, Eduardo van den Eynde, ha calificado de "gravedad absoluta" acusar al interventor para invalidar su contenido: "Es ir muy lejos culpar de hacer informes amañados al dictado del gobierno del PP. Si el interventor miente, deben denunciarlo por prevaricación, pero si no miente, lo que deben hacer es denunciar a Blanco". De hecho, en el turno de intervención del consejero delegado, cuestionó que su cargo y el del interventor sean compatibles en este momento en el Gobierno: "Alguno no dice la verdad, y si es cierto que el interventor, como usted asegura, actuó movido por una persecución política, le falta tiempo para ir al juzgado".

La vicepresidenta aclaró después que "en ningún momento ha acusado de nada a los funcionarios" ni cuestionado su labor sino que lo que ha "puesto en duda" es cómo se elaboró la auditoría. Según explicó Tezanos, el entonces director de Sodercán Miguel Cabetas prohibió a los servicios jurídicos presentar alegaciones "que ya estaban hechas" y "vetó el acceso a los documentos a Salvador Blanco para poder defenderse". "Si se hubiesen presentado se hubieran rebatido el 90 por ciento de las recomendaciones del interventor", ha dicho Tezanos.

La postura de Ciudadanos ha ido más allá de la polémica en torno a la elaboración de la auditoria. Su portavoz, Ruben Gómez, ha acusado a Blanco de "haber incumplido" todos los artículos de la Ley de Contratos: "Debe ser un récord mundial, hay que alabárselo. Si no incurrió en ningún delito, sí lo hizo en una inhabilitación ética para gestionar Sodercán". Desde el partido naranja le recriminaron su gestión, una comportamiento, dice Gómez, que "le inhabilita claramente para que pueda desempeñar el mismo cargo. Su labor no tiene un pase".

Podemos, por su parte, y como era previsible, fue especialmente duro con la gestión de Blanco al frente de la empresa pública así como con la decisión de Díaz Tezanos de volver a colocarlo al frente de la misma, a pesar de conocer el informe de Intervención: "Hay que tener la sangre muy fría y la cara muy dura para hacer esto, este señor es cuanto menos un mal gestor público y jamás vamos a confiar en él para dirigir Sodercán". Verónica Ordóñez, como portavoz de la formación morada, advirtió a Blanco de que "a pesar de sus amenazas y denuncias, no van a parar hasta que deje de gestionar el dinero público. "Lo tenía todo bien amarradito y se sentía inmune, pero carece de cualquier tipo de decencia: lo que debería hacer es agachar la cabeza, pedir perdón y dimitir".

Durante la comisión parlamentaria, el PRC, socio de gobierno del PSOE, en ningún momento ha puesto en duda la validez del informe de Intervención pero sí citó en numerosas ocasiones "los errores que se pudieron cometer y que hay que evitar en el futuro".

¿Qué dice el informe?

El informe se basa en el análisis de una veintena de expedientes de contratación por un importe licitado de casi 2,5 millones y 39 convenios, en los que se detectan "incumplimientos", a la vez que se plantean dudas sobre varias inversiones en empresas y el control de las mismas.

Según se indica en el informe, de 233 páginas más anexos, los trabajos de campo de la auditoría se comenzaron a realizar en 2011 por parte de la Intervención General de la comunidad autónoma, emitiéndose un informe provisional en junio de 2012 y el definitivo en septiembre de ese mismo año tras un periodo de alegaciones, en el que no se presentó ninguna ni por parte de la Consejería de Industria, ni de Sodercán ni de Blanco.

Desde Sodercán se aseguró que la Intervención General se había limitado a hacer un "calco" y "copiar textualmente" la auditoría ordenada por Miguel Cabetas, el sucesor de Blanco nombrado en el verano de 2011 por el entonces entrante Gobierno del PP. Se aseguró desde la sociedad pública que la Intervención General no realizó la auditoria sino que "asumió" como propia la realizada por la empresa externa.

El informe advierte de "incumplimientos" en los documentos preparatorios de contratos que "impiden evaluar con objetividad la eficacia, eficiencia y economía alcanzada con los mismos" y en su autorización; "debilidades" de control interno sobre la elaboración de los pliegos del contrato o su autoría y "fraccionamientos" en el objeto de los mismos.