"El plan de negocio de Ecomasa era un 'powerpoint' de quince hojas sin firmar"

En la primera sesión de comparecencias de esta comisión, los tres se han ratificado en su informe sobre la gestión del ICAF en el periodo 2010-2012, que refleja "debilidades" como la ausencia de manuales de procedimiento, que han reconocido que no son obligatorios, pero "sí recomendables". De hecho, han señalado que no pudieron constatar que este organismo público tuviera una herramienta de gestión concreta, lo que, a su juicio, "pone de manifiesto que no se actuaba de manera adecuada".

En el proyecto de la fábrica de estufas de Maliaño, que han asegurado que "no era un caso particular", sino que las "deficiencias" son "comunes" a distintos expedientes, Olaiz ha explicado que no había solicitud para el aval de 5 millones y que la presentada para el préstamo de 5 millones era para 2012, sin una proyección. Gema Polo ha señalado, además, que "no existía soporte documental suficiente sobre la valoración de las garantías" para el aval, que inicialmente en el informe económico-financiero eran "indeterminadas".

Por eso, ha continuado, se puso de manifiesto la "debilidad" del procedimiento del ICAF, algo que ha insistido en que "no solo aparecía" en el proyecto de Ecomasa. La interventora, que ha reconocido que no se ha detectado ninguna actuación delictiva en la gestión de este proyecto, ha señalado también que la modificación de esas garantías en la reestructuración del grupo Ecomasa supuso un "detrimento" y un "perjuicio" para el organismo público de financiación. "Desde el primer momento, la operación no estaba sustentada con un examen exhaustivo de viabilidad", ha resumido Polo, quien ha expuesto que no se analizó su aspecto comercial y ha insistido en que se desconocía en que proporción las garantías "mitigaban el riesgo".

En cuanto al informe industrial, ha dicho que "lo único que concluía" era que la maquinaria presentada para el proyecto "era la adecuada", sin entrar a valorar "ni la eficiencia de la planta o en aspectos comerciales, legales o económicos". Y ha incidido en que los interventores no constataron ningún documento que analizara la viabilidad comercial, mientras que ha manifestado que el informe económico del ICAF alertaba de un "posible riesgo".

Esto se debía, según ha indicado Polo, a que los ingresos en los que se sustentaba el análisis para la capacidad de repago del préstamo prevé que el 60% de las ventas se produzcan entre empresas del grupo, lo que, a su juicio, pone "en cuestión" si había suficiente mercado para su producto. También considera que había "otro riesgo" al no haberse constatado contratos de venta para la producción, con lo que en el informe se pone de manifiesto que "no había una evidencia suficiente para demostrar que el proyecto era viable".

Conclusiones

En sus conclusiones, los portavoces en la comisión del PRC y del PSOE, Francisco Ortiz y Silvia Abascal, han coincidido en criticar que debido a la "debilidad" en la actuación del ICAF no se evaluó la viabilidad del grupo Ecomasa-Nestor Martin, al que han definido como un "entramado" de empresas diseñado para "esquilmar" las arcas de Cantabria.

Por su parte, el portavoz popular, Eduardo van den Eynde, ha defendido que esas "debilidades" del ICAF no han afectado solo a este caso, sino a una "serie de operaciones", cuya responsabilidad considera que no se puede atribuir a los representantes políticos. "El ICAF puede que haya sido un coladero. Si se nos va la cabeza a GFB o el Racing, sí lo parece. De ahí a atribuirlo a los responsables políticos, va a ser que no", ha sentenciado.

Los portavoces de Podemos, José Ramón Blanco, y de Ciudadanos, Rubén Gómez, también han criticado la gestión del ICAF, que para el primero ha sido una herramienta "usada para intereses políticos", mientras que el segundo considera que, en este caso, "no es excusa" que la "mala práctica" se haya extendido durante años.