Sodercán niega las "amenazas" denunciadas por los trabajadores de Ecomasa

Un miembro del Comité denunció que el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, "no quería saber nada" de los trabajadores, a los que "amenazó con tirar todos sus currículums a la basura si seguían con sus actuaciones en el juzgado, echando a la empresa pública la culpa del cierre de la fábrica de estufas de Camargo".

Al margen de esto, la entidad asegura que desde la llegada de Blanco a Sodercan, en agosto de 2015, los representantes de los trabajadores de Ecomasa fueron recibidos "tantas veces como lo solicitaron" y "en algunos casos" incluso "fue la propia dirección de Sodercan quien les invitó a reunirse.

Detalla que en dichos encuentros se compartió con el comité "toda la información" respecto a la situación del proyecto, al que el anterior Gobierno del PP destinó 18 millones de euros, a los que hay que sumar 3 más de las indemnizaciones de los despedidos de Teka recolocados en la factoría camarguesa. También se les dio cuenta, asegura Sodercan, de la marcha de los trabajos de la auditoría forense encargada a Ernst&Young.

"En todo momento, Sodercan reiteró a los representantes de los trabajadores que todas las acciones de la dirección de la empresa pública estaban encaminadas a recuperar el dinero desembolsado, por el Ejecutivo y por la plantilla". De ahí, recuerda la sociedad, la denuncia presentada ante la Fiscalía en octubre de 2015, remitida al juzgado número 5 de Santander donde se instruye la demanda por estafa presentada por los trabajadores contra los empresarios de Ecomasa, causa en la que Sodercan se ha personado como perjudicado.

Añade al respecto en el comunicado que en marzo de 2016, y "sin previo aviso a pesar de los frecuentes contactos" con el comité, se presentaron ante el juzgado de lo social varias demandas conjuntas de los trabajadores despedidos, reclamando a la empresa pública que hiciera frente solidariamente a las indemnizaciones por despido. Pero la entidad, recuerda, argumentó que "no existían razones legales que permitieran destinar más dinero público", tras el "quebranto a las arcas regionales" de 18 millones, para "hacer frente a responsabilidades de los gestores de una empresa privada", los empresarios Lavín y De León. "La tesis mantenida por Sodercan fue admitida por los jueces y en todos los casos las sentencias han eximido de toda responsabilidad a la empresa pública", subraya ésta.

La dirección de Sodercan asegura que "entendió" esta acción judicial. "Aunque "careciera de base legal, era compresible dada la difícil situación en que se encontraban los trabajadores". Además, la misma "no interfirió en absoluto" en la relación entre Sodercan y los representantes de los trabajadores, que "siguieron manteniendo reuniones para intentar encontrar una salida a su situación".

Así, "uno de los últimos" encuentros mantenidos, "antes del verano pasado", contó con la presencia de la asesoría Gestiber a la que el comité de Ecomasa había solicitado un informe sobre la viabilidad de formar una cooperativa para seguir la actividad de la fábrica de estufas, apuntan desde Sodercan. La entidad pública asegura que en dicha reunión adelantó que si se presentaba un plan de viabilidad y la plantilla decidía formar una cooperativa, "estudiaría todas las medidas de apoyo posibles para que el proyecto saliera adelante", opción que "la mayoría" de los trabajadores rechazó.