Control sobre las nuevas casas de pueblo

María Isabel Fernández (PSOE) dice que en su municipio, Cabezón de la Sal, sí encaja lo de poner orden. Que si hay planes generales y normas, no puede haber mecanismos que permitan saltárselos. Debate. Todos huyen, eso sí, del 'politiqueo'.

«Mira, nosotros no legislamos. Aplicamos lo que nos legislan con poquísimas competencias pero con mucho trabajo. Y luego que si es el Ayuntamiento, que si es el alcalde... Y parece que somos sospechosos de todo». Eso lo dice Severiano Ballesteros (PRC) desde Marina de Cudeyo, el municipio en el que más licencias se han aprobado. En total, 26. O sea, 26 casas.

La alcaldesa de Cabezón se explica. «Si las casas están en la 'corola' próxima a lo urbano no hay tanto problema. Pero si se construye en zonas más alejadas, luego cuesta mucho responder a la exigencia de servicios. Dotarles de todo lo necesario. Es un coste añadido. Y creo que la nueva ley trata de poner orden para evitar esas contrapartidas». Casos -como explica para su municipio- en los que las aprobaciones de planes generales han dejado terrenos próximos a las zonas urbanas que no se pueden tocar y, en base a esta excepción, otros más lejanos en los que sí podrían hacerse la casa.

«Un buen gestor tiene que velar por la coherencia y en Cabezón, tras cotejarlo, más allá de cuestiones de partido, sí encaja esa idea de poner orden para evitar que acabe siendo un caos con mecanismos que pueden desestabilizar lo que por otro lado se regula y se ordena. Porque entonces para qué valen los Planes Generales y otras normas».

Desde Piélagos -con alcaldesa también socialista- prefieren no pronunciarse porque entienden que el debate se ha politizado en Santander. No quieren entrar a una guerra y menos en pleno proceso de aprobación de su Plan General.

Lo que ha supuesto

«Más ingresos, más trabajo, más vecinos y más riqueza. Ha sido más prosperidad y eso es bueno para todos», dice Severiano Ballesteros. El alcalde de Marina de Cudeyo también huye de los debates políticos. Para él todo pasa por «legislar para que se puedan hacer cosas y facilitarlas». «Es sentido común». Y, a partir de ahí, las respuestas se repiten al preguntar a buena parte de los alcaldes de los municipios en los que se han concedido más licencias, previo paso por la Crotu y su informe favorable en base a la norma tal y como está ahora.

«A mí me tocó aprobar el cambio en 2012 porque estaba en el Parlamento y todo han sido beneficios desde entonces», apunta Pedro Luis Gutiérrez (PP) desde la Hermandad de Campoo de Suso. «Si somos los quintos que más, está muy bien y, si estamos más arriba, mejor». Además de las licencias ya concedidas -14, según el Gobierno, aunque en el ayuntamiento dicen que son 17-, tienen «otras nueve pendientes». Y muchas preguntas: «Aquí la gente ha visto que lo hacían en el pueblo de al lado y que ha ido bien y se han animado en los últimos años. Y en estos quince días he tenido que hablar con doce o catorce vecinos. 'A ver si nos van a quitar esto, que mi hijo, cuando se case, ya tiene la huerta de la abuela reservada...'. Esas cosas me dicen». Cuenta que hay «mucho movimiento» en el punto de información catastral y que hay hijos de familia que pueden quedarse en el pueblo en una buena casa por el mismo precio que un piso pequeño en Reinosa. «Y eso también es mejor calidad de vida».

«Más que decir qué ha supuesto la norma hay que pensar en qué podría suponer quitarla», explica el regidor de Ribamontán al Monte. Joaquín Arco (PRC) es tajante. «Si esto cambia, es clavar el ataúd para la construcción en muchos pueblos». Habla de una «vía de escape, de un balón de oxígeno» para las arcas municipales y también para las familiares y coincide en que el asunto se ha convertido más en un «tema político» que en una reflexión sobre «el interés general».

«Yo no dudo que haya otras partes de la Ley en las que se puedan agilizar los trámites, modificarlas, pero esto no se puede perder». Por eso hay nervios entre su gente. «Te llaman, te preguntan. Tienen una inquietud que yo comprendo porque yo también estaría preocupado. Es más, como vecino, ya no solo como alcalde, nos vamos a oponer frontalmente al cambio».

El 'truco' anterior

El cambio que se llevó a cabo en su día permitió, a su juicio, acabar, además, con «esa picaresca». Habla de la situación previa, del 'truco'. Porque anteriormente, aunque eran obligatorios los planes especiales, se permitía construir siempre que el terreno estuviese vinculado a un uso agrícola/ganadero. Y muchos saben que eso daba juego. Un camino más largo, sí -la casa se la hacía un ganadero, se vinculaban casas a ganaderos como paso intermedio-, pero un camino al fin y al cabo.

«Con la norma de ahora no hay que dar esos rodeos». La picaresca a la que hacía referencia y de la que también habla el alcalde de Valdáliga. «Ahora no ves esas falsificaciones, porque era una trampa». Lorenzo Manuel González (PP) insiste, además, en que ahora las 'triquiñuelas' no son posibles. Y tampoco las obras que atenten contra el medio ambiente. «Es que nadie puede hacer una salvajada urbanísticamente porque esto lo regula la Crotu. El Ayuntamiento no pinta nada porque si alguno plantea hacer una salvajada se la tumban en Santander».

Cuenta que en su municipio han presentado esta misma semana «seis o siete solicitudes a la Crotu». Que hay gente -repite lo mismo que otros regidores- que «ha visto lo de estos días y se ha puesto nerviosa», que todo «se está acelerando». Por si acaso. «¿Que para qué ha servido esto? Para asentar población, para que ganaderos que no podían construir hayan salvado sus explotaciones durante la crisis vendiendo parte de sus parcelas, para que hijos de familias del pueblo hayan podido venir a vivir aquí, para que los ayuntamientos hayan generado unos ingresos con los que no contaban...». Viviendas unifamiliares en Lamadrid, El Tejo, Roiz... «En un municipio como el nuestro prefiero esas casas aisladas en parcelas que chalés pareados en urbanizaciones grandes. Es un beneficio en cuanto a la calidad de las casas desde el punto de vista urbanístico».

Casas aisladas... Trece en Valdáliga, cuatro en Cabezón de Liébana, siete en Ruiloba, siete en Rasines, cinco en Villafufre, una en Tresviso, otra en Soba... Y así hasta completar los 363 informes favorables elaborados por la Crotu desde 2012. O sea, 363 casas.