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Jueves, 1 de diciembre 2016, 14:34
"Nunca estuve sometido a presiones ni por el presidente (Ignacio Diego) ni la consejera de Economía (Cristina Mazas) ni por ningún otro consejero para conceder financiación", ha dicho este jueves el exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, en ... su comparecencia en la Comisión de Investigación de Ecomasa del Parlamento de Cantabria donde ha insistido que no participó en la aprobación de los préstamos y avales.
Gómez de Cos ha sido citado en esta Comisión de Investigación para explicar la participación del ICAF en la puesta en marcha de la fábrica de estufas en Camargo y a la que concedió en un principio (2012) préstamos y avales por valor de 10 millones de euros y, posteriormente, una aval de otros dos millones en 2014.
El exdirector del ICAF ha indicado que, en el caso de Ecomasa, él se "inhibió" de la aprobación de esa financiación y lo hizo ausentándose de las dos sesiones del Consejo Ejecutivo del Instituto en las que se aprobaron debido a que había mantenido años antes una relación comercial con Jesús Lavín, uno de los propietarios de la fábrica de estufas de Maliaño.
En cualquier caso, ha afirmado que el proyecto contaba con "todos los informes favorables" e incluía un plan de viabilidad, que "no era un power point de 15 hojas", y que incluía estudios de mercado y "proyecciones" del desarrollo del negocio a cinco años.
Y es que, a su juicio y desde el punto de vista profesional, el proyecto de Ecomasa era "brillante en su concepción" pero "ha sido mal ejecutado". Además, ha defendido que era "suficientemente consistente" porque estaba asociado a una empresa belga importante, similar a Hergom en España, y venía "de la mano de un señor que llevaba trabajando 20 años en el sector".
No ha sabido decir a preguntas del PSOE quién le habló del proyecto y le pidió analizarlo en un principio, si Ignacio Diego o Cristina Mazas, pero ha insistido en que era un proyecto "viable, bonito y ayudaba a resolver un problema social" al contar para su plantilla con los trabajadores que eran despedidos de Teka, aunque fuese poniendo en el capital de la empresa los 3,2 millones de euros de sus indemnizaciones.
Al rente del ICAF
Por otro lado, ha apuntado que, en el ICAF, él no era "un cargo político" sino "independiente" y como tal, y al igual que resto de "grandes" profesionales que trabajan en el Instituto, analizaban los proyectos que llegaban desde el punto de vista técnico y sólo se remitían al Consejo si contaban con todos los informes favorables. En aquellos años, el Consejo era "bastante conservador" y sólo aprobaba las financiaciones "si no había ninguna duda" y "siempre de forma colegiada". Al respecto y a preguntas de Ciudadanos, ha apuntado que, junto a él, formaban parte de ese Consejo los entonces consejero de Economía e Industria Cristina Mazas y Eduardo Arasti, el director general de Finanzas y consejeros independientes.
Al respecto, ha insistido en que este Consejo siempre "aprobaba las financiaciones por unanimidad" y se denegaban directamente o se pedía más información "si había dudas". Así, Gómez de Cos ha enfatizado que "se pueden aprobar buenos proyectos pero también pueden fallar" y se ha referido a casos anteriores de empresas que recibieron apoyo público como GFB, Haulotte, Sonkyo o Papelera del Besaya.
También ha afirmado que, aunque el proyecto de Ecomasa "era suficientemente razonable para su aprobación", ha apuntado que los técnicos tuvieron "dudas" en lo referido al tema industrial ya que no están especializados en ello y, por ello, requirieron ayuda de la Dirección General de Industria.
Durante sus años al frente de ICAF, ha apuntado que "muchos proyectos" fueron "denegados" durante aquel tiempo en el que llegaronn "muchísimas solicitudes" ya que las empresas no obtenían financiación de los bancos. Además, ha asegurado que, hasta 2014, los técnicos del ICAF seguían haciendo sus valoraciones en base a las líneas establecidas por el anterior Gobierno PRC-PSOE (2007-2011).
El exdirector del ICAF ha definido a esta entidad pública como "un pequeño banco" que concede financiación pero en ningún caso puede entrar a participar en los proyectos como sí hace Sodercán. Así, ha relatado que, a partir de 2014, se decide que cualquier participación pública en un proyecto empresarial deberá contar con "el beneplácito" del Consejo de Gobierno y que esa participación se materializaría a través de Sodercán y el ICAF ayudaría a esta última.
Esta fue la fórmula que se utilizó en los casos de las empresas Tubacex o Santander Coated Solutions, y "ahí están".
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