Escrituras y testamentos servirán para probar la propiedad de fincas afectadas por la Ley de Montes

Hasta ahora, el Ejecutivo únicamente reconocía la propiedad privada si las parcelas en litigio figuraban inscritas en el Registro de la Propiedad. La Administración regional despreciaba así otros medios de prueba en poder de los particulares, en su mayor parte escrituras de compraventa ante notario, testamentos o declaración de herederos, y levantaba un muro prácticamente infranqueable frente a los argumentos probatorios de la Dirección General de Montes. Es decir, si las fincas en litigio aparecían enclavadas dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que data de 1902, de nada le servía al particular exhibir testamentos de antepasados, escrituras privadas, pagos de contribución, certificados de juntas vecinales o la declaración de testigos, porque su reclamación estaba abocada al fracaso ante la Administración y, casi siempre, en los tribunales. Porque si el afectado acudía finalmente a un procedimiento civil para reclamar la propiedad de las fincas que heredó de sus abuelos, por ejemplo, el juez, casi de forma sistemática, hacía prevalecer la anotación registral y el Catálogo frente a la prueba privada. Ese desequilibrio en favor de la Administración se rompe ahora, al dar al afectado la posibilidad de discutir la propiedad frente a Montes en igualdad de armas.

Esta situación, que se arrastra desde que en 2003 la nueva Ley de Montes exigió a los particulares acreditar la titularidad de las parcelas en los montes de utilidad pública, enfrentó a los afectados con la Administración regional en las sucesivas legislaturas. No en vano, 45 de los 102 municipios de Cantabria cuentan con montes de utilidad pública y en casi todos ellos hay afectados, aunque son los de Voto, Soba, Ampuero, Valdáliga, Cartes, Valderredible y Cabezón de la Sal los que concentran el mayor número de afectados.

Durante años, los particulares, agrupados en torno a la Plataforma de Afectados por la Ley de Montes, protagonizaron encierros y manifestaciones para que la Administración regional les reconociera los títulos de propiedad, pero sin éxito. En 2012, con el Gobierno del PP, un informe jurídico limitaba los elementos probatorios a la inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin ese documento, los afectados no podían reclamar nada. Pero, con el nuevo Ejecutivo de PRC-PSOE, la Dirección General de Medio Natural solicitó en diciembre del año pasado un nuevo informe jurídico a la luz de sentencias aisladas que se habían producido en Cantabria. En esas estaban los técnicos cuando el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo dictó una novedosa sentencia que amplía los medios de prueba de la propiedad de las fincas de montes.

Según señaló ayer a este periódico el director de Medio Natural, Antonio Lucio, su departamento va a revisar ahora todos los expedientes ya resueltos en base a los nuevos criterios de prueba. Aunque todavía no se ha producido ninguna resolución «la primera se producirá en breve», Lucio cree que el nuevo marco jurídico «favorecerá» que los casos se resuelvan en favor de los particulares. Pero advierte de que será un proceso largo porque «hay que estudiar caso por caso, y no todos son iguales». Además habrá que comprobar que los lindes de las escrituras coinciden con los del Catálogo.