El Gobierno solicita el concurso de acreedores de la productora de la película 'Cuervos'

El Ejecutivo ha emprendido una acción a tres bandas en materia jurídica. Tres procesos que ya le han supuesto más de 65.000 euros al ICAF, según se desprende de la relación de contratos menores de la empresa pública. Ha contratado a los abogados Luis María Pozo, Borja Vila y Esteban Sevilla para la asistencia en la ejecución de la contragarantía, el concurso de acreedores y la acción penal.

Sota y su equipo, según reconoció en una reciente entrevista con este periódico, creen que ha habido una "estafa" en toda regla. "Fue un error dar dinero a este filme y desde luego nosotros no estamos aquí para avalar películas", resaltó el consejero, quien reconoció que hay datos de que se han engordados los costes.

Presunto engaño

Según fuentes conocedoras de la operación, el presunto "engaño" consiste en sobredimensionar el presupuesto y obtener así un crédito superior del organismo público para hacer una película que no se ha estrenado y cuyos responsables han desaparecido y que ni tan siquiera recogen los burofax. El Ejecutivo asegura que tiene pruebas documentales en las que queda demostrado que se gastó mucho menos dinero. Aunque no quisieron dar una cifra exacta, según se ha podido saber este periódico, la cuantía no llegaría ni a los 100.000 euros frente a los dos millones que aparecen en el expediente que se entregó al Ejecutivo para pedir el aval que superaba el millón de euros.

El Consejo Ejecutivo del ICAF ha dejado la demanda en manos de un bufete de Madrid junto a otros afectados de casos similares por el mismo equipo. "Algunos tienen muy complicado demostrar que hay fraude, pero nosotros tenemos documentado el dinero que dimos y lo que costó; por eso pedimos insolvencia punible". Saben que será un proceso muy largo y reconocen que algunos de los avalistas tienen responsabilidad subsidiaria, aunque "no hay mucho donde rascar".

Esta demanda es el colofón a una catarata de reclamaciones incumplidas. Hasta ahora el Gobierno había presentado dos reclamaciones administrativas contra la productora y sus socios; en ambas ya tienen el despacho de ejecución, "pero el problema es que no hay nada para poder embargar". A estas denuncias se suma también la del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales respecto a las ayudas que le concedió para el mismo filme. El organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte exigió el 8 de febrero 42.000 euros por "incumplir la obligación de presentar la solicitud de calificación por públicos de edad y de certificado de nacionalidad en los plazos vigentes".