La Xunta da solución en su ley de acompañamiento a los planes urbanísticos anulados

El Gobierno regional de PRC-PSOE ya tiene a quien mirar si acepta finalmente facilitar una solución transitoria a la anulación del Plan General de Santander a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos, tal y como le ha pedido la nueva alcaldesa, Gema Igual. Esta misma semana la Xunta de Galicia ha decidido habilitar un nuevo instrumento de ordenación a través de su ley de medidas fiscales y administrativas -conocida como ley de acompañamiento al presupuesto-, cuyo objetivo es evitar la paralización de los ayuntamientos con sus ordenamientos urbanísticos anulados.

Esa herramienta permitirá a ayuntamientos como Vigo, presidido por el socialista Abel Caballero, y Ourense, en manos del popular Jesús Vázquez, desbloquear la paralización urbanística de determinadas zonas. Pero la medida afectará a otros cuatro municipios (Gondomar, Rábade, Melón y Barreiros) con declaraciones de nulidad urbanística totales o parciales. El Gobierno gallego sostiene que el nuevo instrumento de ordenación que introducirá vía presupuestaria permitirá "reforzar la seguridad jurídica de las licencias concedidas", así como "mantener la actividad vinculada a determinados ámbitos del planeamiento anulado que habían alcanzado un elevado grado de desarrollo con carácter previo a la anulación del plan".

Es lo mismo que pretende el Ayuntamiento de Santander después de que el Tribunal Supremo anulará el Plan General de la ciudad por la nulidad del proyecto del bitrasvase. La alcaldesa Gema Igual ha pedido al Ejecutivo cántabro que incluya en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales para 2017 una modificación de la Ley del Suelo que sirva para suspender en parte el planeamiento anterior, que data de 1997. De este modo, podrá tramitar unas normas urbanísticas transitorias que estarían vigentes hasta la aprobación de un nuevo plan y permitirían "dar seguridad jurídica" a actuaciones realizadas en base al ya suspendido planeamiento de 2012.

Este jueves mismo la alcaldesa señaló que confía en que el Ejecutivo acepte su propuesta. "Sinceramente no entendería un razonamiento contrario. En este momento no barajo esa opción". Igual cree que esa fórmula sería "la más directa" y la más corta para afrontar el problema.