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Gonzalo Sellers
Martes, 13 de diciembre 2016, 08:28
El cambio radical que sufrirán las ayudas al empleo estable ha conseguido levantar de su escaño al PP, que en los últimos meses ha entregado buena parte del peso de la oposición a Ciudadanos y Podemos. Las subvenciones para fomentar las contrataciones indefinidas fueron una ... de las banderas de las políticas de empleo del Gobierno de Ignacio Diego. Pero pocas semanas después de comenzar la actual legislatura, el bipartito anunció que no estaba de acuerdo en cómo se repartían. Sólo tardó doce meses más en derogar aquel decreto. Ahora está en marcha un nuevo documento que el consejero de Economía, Juan José Sota, ya negocia con sindicatos y patronal. Un texto que el PP considera «discriminatorio» y que aplica «severos recortes».
El portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, llamó la atención sobre la reducción de los grupos subvencionables, ya que las ayudas se restringen a parados de larga duración 360 días en desempleo en los últimos 18 meses y a mujeres mayores de 45 años. Desaparecerán por tanto, los beneficios para jóvenes entre 16 y 30 años, así como los dirigidos a personas mayores de 50 años, entre otros que sí estaban asistidos en la anterior normativa, lo que a juicio del diputado del PP significa «abandonar a muchos colectivos prioritarios». «Y eso es lo que no acabo de entender. Es muy restrictivo y posiblemente discriminatorio. Esto va a generar agravios comparativos», aseveró Van den Eynde.
basura de guipÚzcoa
Ciudadanos y Podemos fiscalizaron ayer en el Parlamento el cumplimiento del contrato con Guipúzcoa para verter en Meruelo sus basuras. La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, explicó que hasta ahora se han depositado en el vertedero de Meruelo 79.592 toneladas de las 90.000 autorizadas en el contrato firmado con el Gobierno de Cantabria, lo que ha generado unos ingresos de 7,1 millones de euros para para pagar deuda de la empresa pública Mare y otros 159.000 euros para el Gobierno regional en concepto de impuestos.
Sota sacó a relucir su talante más negociador y mostró la disposición del Gobierno a modificar el decreto que se apruebe si se detecta algún problema. Eso sí, cuestionó por completo la eficacia de la norma que en su día aprobó el PP. Por ejemplo, en lo que va de año se han destinado 8,6 millones en subvencionar 2012 contratos, lo que supone una media de 4.000 euros por cada uno. Mientras tanto, los controles de la Inspección de Trabajo han permitido aflorar, a coste cero, 1.442 contratos temporales que deben convertirse en indefinidos para cumplir la legislación.
Además, Sota destacó que con el decreto del PP lo que ocurría es que las empresas despedían al trabajador una vez cumplido el periodo mínimo de permanencia de 15 meses.
El consejero de Economía espera cerrar el próximo 21 de diciembre con los agentes sociales el texto del nuevo documento, que amplía el periodo mínimo de permanencia «de 15 a 36 meses» y, a diferencia del aprobado por el anterior Ejecutivo, subvencionará solo la contratación estable «a tiempo completo» y no la parcial.
El decreto constará de tres programas, uno de fomento de la contratación indefinida para pymes, entidades sin ánimo de lucro, autónomos y mutualistas; otra para la conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, y uno transitorio de conversión de contratos temporales a indefinidos.
Registro de negocios
El Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley Ciudadanos para crear un registro público de negocios sin sucesión empresarial para ser consultado por todos los trabajadores desempleados en disposición de emprender. El portavoz de la formación naranja, Rubén Gómez, señaló que esta iniciativa «facilitará el relevo generacional de los autónomos y el mantenimiento de la actividad y el empleo en negocios sin sucesión empresarial».
Todos los grupos consideraron la medida «oportuna y necesaria» y la respaldaron, incluyendo la enmienda presentada por el PP para que se impulse un programa de fomento a la sucesión empresarial mediante convenios, además de incluir en el presupuesto de la Dirección General de Trabajo un programa para aquellos casos de trabajadores que quieran continuar la actividad.
Por su lado, el consejero de Cultura, Ramón Ruiz, adelantó ayer que espera aprobar en enero el decreto de creación del Consejo Regional de Cultura, después de haberlo repartido entre agentes culturales del Gobierno, del PSOE y de la región para «enriquecerlo». El portavoz del PP, Iñigo Fernández, anunció que presentará una proposición no de ley para que el consejero deje participar a los grupos parlamentarios antes de aprobar el decreto definitivo, pero a Ramón Ruiz no pareció gustarle demasiado la idea: «Sería la primera vez que ocurre».
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