La policía requisa documentos de centros de formación en distintas sedes del Gobierno

La iniciativa policial, totalmente inusual en el Gobierno regional, causó estupor entre los miembros del Ejecutivo, que ignoran el alcance y contenido de la denuncia presentada. Sólo les tranquilizó saber que los documentos solicitados no se referían a expedientes tramitados en la actual legislatura sino en periodos anteriores.

Los agentes, en número de tres, se dirigieron primero a la sede de Peña Herbosa, donde reclamaron al consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, dos expedientes de contratación del centro de interpretación del río Ebro en Fontibre (Campoo de Suso) del ejercicio 2010. Otros policías se dirigieron a las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), donde reclamaron todos los expedientes administrativos relacionados con la homologación de los centros de formación para el empleo. También exigieron la entrega de la información sobre la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a este periódico la presencia en las dependencias regionales de los agentes de la Udef, con los que tanto los responsables políticos como los funcionarios de los organismos requeridos colaboraron en la entrega de la documentación solicitada, buena parte de ella custodiada ya en los archivos definitivos de la Administración.

La presencia policial en las instalaciones públicas se prolongó, al menos, durante toda la mañana y provocó un gran alboroto debido a lo extraordinario de la intervención.

Las indagaciones policiales se producen a instancias de la Fiscalía Superior de Cantabria. Los agentes exhibieron a los responsables políticos un oficio del Ministerio Público ordenando la intervención de un listado muy amplio de documentos y expedientes, cuyo número no se ha concretado. «Lo único que sabemos es que es consecuencia de una denuncia, pero no sabemos de quien», comentó por la tarde el consejero Rafael de la Sierra a preguntas de este periódico.

Fuentes próximas al caso informaron de que la intervención de la Udef es consecuencia de la denuncia presentada por la propietaria de Academias Cossío hace varios meses. Olga García confirmó que lleva «ocho años batallando» para «desenmascarar» lo que define como una trama dentro de la Administración para beneficiar a determinadas academias de enseñanza especializadas en cursos de formación en perjuicio de otras, hasta expulsarlas del sector. «A mí me han arruinado», se lamentó ayer. Aunque no quiso comentar los entresijos de la denuncia, implicó dentro de esta operativa a altos cargos de la Administración, en concreto a «tres directores generales», que habrían recibido todo tipo de prebendas a cambio de extender certificados de homologación para sus centros, a pesar de que incumplirían los requisitos exigidos por la normativa española y europea.

Sin embargo, fuentes del Icass desacreditaron el contenido de la denuncia de Olga García. Un alto cargo del instituto señaló a El Diario que las quejas y reclamaciones de la propietaria de la Academia Cossío no son nuevas y datan de la legislatura anterior. De acuerdo con su versión, García Cossío mantiene desde hace años un enfrentamiento con los aparejadores del Centro de Ayudas Técnicas (CAT), el organismo dependiente del Icass que informa sobre si los centros de formación para el empleo cumplen los requisitos para obtener el visto bueno y así poder abrir sus instalaciones. El CAT entendió que al menos una de las Academias Cossío incumplía las normas de accesibilidad física por lo que negaron la homologación del centro, una decisión que impidió a García Cossío acceder a las ayudas del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan). Este hecho habría sido el desencadenante de la denuncia, según el Icass, pero Olga García atribuye a la supuesta red ligada a los centros de formación el manejo de «millones de euros» en su propio beneficio.