La revisión del catastro provocará la subida del IBI en 21 municipios cántabros

Dos de cada diez municipios de Cantabria revisarán al alza este año los valores catastrales de los bienes inmuebles inscritos en su territorio. De los 40 ayuntamientos cántabros que solicitaron al Ministerio de Hacienda un ajuste a la realidad del mercado inmobiliario para 2017, un total de 21 incrementarán sus coeficientes, y en consecuencia, ese aumento se trasladará al recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), popularmente conocido como contribución, y al impuesto de plusvalía municipal, que toman las cifras del catastro como referencia. En los 19 municipios restantes que pidieron la actualización de los valores catastrales, entre los que se encuentra Santander, se aplicará la revisión a la baja, lo que se traducirá en un descenso impositivo.

Entre los municipios donde irrumpirá el incremento tributario, que en total acumulan una población de más de 111.000 personas, están Camargo, El Astillero, Laredo, Noja, San Vicente de la Barquera, Santoña, Medio Cudeyo, Bárcena de Cicero o Ribamontán al Mar. Los habitantes de otros 19 ayuntamientos correrán mejor suerte y tendrán que hacer un menor desembolso en el recibo de la contribución o por la venta de su vivienda. En este último supuesto se encuentran las localidades de Santander, Colindres, Limpias, Arnuero o Hazas de cesto (ver tablas anexas).

En el conjunto del país, la revisión de valores catastrales para aproximar los datos del catastro a los valores reales de mercado afectará a un total de 2.452 ayuntamientos, de los que en 1.895 (casi el 80% de los ayuntamientos en los que se actualizarán las ponencias) acarreará un incremento de sus coeficientes.

El pasado mes de octubre se confirmó la lista de los ayuntamientos cántabros que habían solicitado a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, la realización de un ajuste de los valores catastrales que incidirá en el pago de los impuestos. Si el valor catastral aumenta puede, de rebote, afectar a los tributos como el IBI, porque está directamente vinculado al valor de la casa, garaje o trastero. Es decir, si una vivienda oficialmente ahora vale más que hace 15 años, es más que probable que su propietario pase a pagar más impuestos por ella este año, ya que uno de los principales motivos de los consistorios para solicitarlo es aumentar la recaudación pública.

Sin embargo, no es la única posibilidad, porque el ayuntamiento puede decidir también variar los porcentajes del IBI, que es un impuesto de carácter municipal. Así que, si el valor de la casa sube pero el Ayuntamiento lo reduce, el propietario pagará lo mismo. O pueden actualizarse ambas cosas, con lo que la subida del IBI será importante.

Hacienda autorizó a 40 municipios a actualizar los valores catastrales y recientemente el Gobierno ha publicado los coeficientes con los que se puede poner al día el catastro. Para que los consistorios puedan revisar los valores de los inmuebles no sólo deben justificar que existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para el cálculo de los valores catastrales vigentes, sino que además tiene que haber transcurrido al menos cinco años desde la última actualización total y profunda del catastro.

La subida o bajada de este año dependerá de los años que lleve sin ser revisado a fondo el catastro. Así, las valoraciones anteriores a 2003 son las que experimentan un incremento este año. La idea es que los pisos, casas y locales han ganado valor desde entonces por lo que con los nuevos coeficientes se pueden aplicar ajustes al alza. Es el caso, por ejemplo, de Luena, municipio que desde 1987 no ha pedido una ponencia nueva, y San Pedro del Romeral, que lleva la friolera de 27 años sin hacerlo. Aunque otros municipios, como Noja o Ribamontán al Mar, son también sorprendentes: hace 21 años que estos ayuntamientos costeros no reclaman una tasación global de los valores catastrales pese a la gran transformación que ha sufrido el primero y la proximidad del segundo con la capital cántabra. La revisión afectará en Noja a 1.166 bienes urbanos.

En Medio Cudeyo o San Vicente de la Barquera hace 20 años que no revisan a fondo el Catastro del municipio. En Camargo, la última actuación significativa se hizo en el año 2000, por lo que el ajuste es al alza, aunque la alcaldesa Esther Bolado propuso reducir el gravamen por segundo año consecutivo y situarlo en el 0,458%, a escasas décimas del mínimo legal, establecido en el 0,40%. Otros ayuntamientos como El Astillero, Laredo o Ribamontán al Monte también realizaron su última revisión hace 16 años.

A la baja

En cambio, los municipios que sí actualizaron sus catastros a fondo a partir de 2004, ahora al aplicar el ajuste anual lo hacen a la baja porque el mercado inmobiliario se ha devaluado. Durante la época de las vacas gordas se hincharon los valores de los inmuebles urbanos, de manera que ahora toca revisarlos a la baja. En concreto, de 2005 a 2009 el ajuste sobre el valor de base es del 8%. Para 2010 es del 10%, y para 2011, es del 13%. En esta situación se encuentra Santander, que hace solo cinco años que cuenta con una nueva ponencia de valores. En la capital se verán beneficiados por este descenso impositivo 160.000 inmuebles, de los que 12.259 son parcelas urbanas. De hecho, el presupuesto municipal de este año contempla un descenso de los valores catastrales del 10%, aunque la oposición sostuvo en el debate presupuestario que el IBI subía.

En 2010 también realizaron la revisión catastral los ayuntamientos de Bareyo y Santa María de Cayón, que, en principio, reducirán el IBI en el mismo porcentaje.

A nivel estatal, el Gobierno ha calculado que las nuevas valoraciones catastrales tendrán un impacto de 24 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reseñó que la medida pretende ayudar a las arcas de las corporaciones locales, aunque lo cierto es que desde que comenzó la crisis, los ayuntamientos no han dejado de subir el IBI de una forma u otra. Así, la recaudación del impuesto ha crecido un 76% desde 2007 pese a que el valor de mercado de los inmuebles se ha desplomado un 30% desde entonces.