Con el aliento del Plan General en la nuca

La anulación judicial del Plan General de Santander ha sido el mayor mazazo urbanístico para la región del año pasado. Mientras se elabora uno nuevo, tanto el Ayuntamiento, como el Gobierno y los grupos políticos del Parlamento tienen la obligación de ponerse de acuerdo en 2017 para paliar los efectos de este golpe. No es sólo un problema para Santander, sino que tiene implicaciones, sobre todo económicas, para toda la región. De momento, lo único que ven los vecinos y empresarios es a cada partido tensar la cuerda por extremos distintos. El 2017 tiene que ofrecer la solución más rápida, eficiente y legal para que los grandes proyectos de la capital no se demoren. Sin que las siglas, las banderas o los colores se interpongan en el camino.

La ampliación del Frente Marítimo y la reordenación ferroviaria de la capital, por ejemplo, dependen de ello. El concurso del primero ha quedado paralizado y del segundo deben verse este año los primeros pasos sobre el terreno. Fomento se comprometió a iniciar en los próximos meses las obras para devolver parte del espacio ferroviario al barrio de Castilla-Hermida. El impulso a estos dos proyectos, que cambiarán el skyline de la ciudad, tiene que ser prioritario en 2017.

Este año también debe marcar un hito legislativo en materia de urbanismo. El Gobierno tiene entre manos la Ley del Suelo y la elaboración del llamado PROT, la norma de las normas de la ordenación del territorio. Dos herramientas claves que dibujarán el desarrollo de la región de los próximos años. Después de más de una década parcheando la anterior legislación, el nuevo documento debe ordenar de manera clara, concisa y justa el desarrollo del suelo, haciéndolo compatible con la conservación del paisaje. La aprobación de estos dos instrumentos no puede demorarse más allá de este año.

Los derribos son uno de esos problemas endémicos de la región que los sucesivos gobiernos se pasan de unos a otros sin llegar a solucionarlo del todo. El Ejecutivo debe de atender cuanto antes su responsabilidad patrimonial en este conflicto, sin retrasar un calendario de pagos que los afectados llevan esperando demasiados años. Sería una utopía pensar que 2017 se resolverá todo, pero sí debe de marcar un punto de inflexión para que al final de esta legislatura los derribos desaparezcan de los titulares de los medios de comunicación.