"Mancomunar es rentable y, en los municipios pequeños, hasta cuestión de supervivencia"

Cabuérniga, de hecho, participa en cuatro agrupaciones de este tipo, y Ampuero en tres, mientras que Voto, Escalante, Argoños o Villacarriedo -por citar solo algunas- se asocian con otros de dos formas distintas, en cada caso por una razón. Ahora funcionan en Cantabria 22 mancomunidades, aunque solo 20 captan fondos de los Presupuestos Generales para sus gastos corrientes (en total algo más de 400.000 euros el año pasado, 100.000 más que en 2015). La del Bajo Deva se queda fuera del reparto económico porque es compartida con Asturias, y la única histórica, Campoo-Cabuérniga, tampoco se financia ya que no atiende población. Según la estadística, la mayoría se creó para fomentar el turismo (y tirar del empleo), para prestar servicios sociales básicos y para recoger y tratar residuos.

Si se pregunta a responsables locales por la fórmula, las respuestas se parecen muchísimo: adherirse por objetivos «sale rentable. De poder dar una atención a no darla o a que salga carísima» (Fernando Fernández, alcalde de Valderredible). Sostienen que «no suponen estructuras añadidas como se dijo hace unos años y sirven para consolidar el empleo entre unos ayuntamientos y otros» (Javier Incera, regidor de Colindres) o que son organizaciones que resuelven «de verdad» porque están centradas en la gestión «y dejan de lado las luchas de color político» -que contamina más fácilmente la vida en los ayuntamientos- (Rosa Fernández y Santiago Rego, alcalde de Liérganes). Todos son conscientes de que traen ahorros importantes a las arcas individuales, pero no existe por el momento un estudio que lo cuantifique de forma global.

Solo Gastón Gómez (máxima autoridad local de Santa María de Cayón) expresa claramente que los alcaldes son reacios a ceder autonomía y consensuar decisiones con otros. Gómez (que comparte los servicios sociales y está muy satisfecho con los resultados) señala que está bien trabajar en red «pero hay cierto punto que no se debe traspasar», porque entonces «salen las rivalidades locales». A sus ojos, en Cayón «sería complicado» ir a más asociaciones de este tipo: «Los vecinos se sienten identificados con su ayuntamiento» y no quieren que nadie de otra parte decida por ellos. Reconoce, no obstante, que habla desde una dimensión municipal idónea, con equilibrio entre la población (9.800 habitantes) y las prestaciones que puede ofrecer.

Julio Cires, concejal socialista de Cabezón de Liébana que preside una mancomunidad (la de Liébana y Peñarrubia), es partidario de avanzar en este modelo de gestión. Su mancomunidad tiene muchos frentes abiertos, pero podría asumir muchos más si los ayuntamientos dejasen de mirar para otro lado. Volcada en la atención social (que se lleva la mayor parte del presupuesto), también gestiona la Agencia de Desarrollo Local, un campo de fútbol, el matadero comarcal y hasta auxilia a los lebaniegos que lo requieren con un generador eléctrico y un desatascador de tuberías por bombeo.

Cires cree necesaria una «mayor altura de miras» de los municipios. Su mancomunidad aprobó en pleno seguir integrando servicios básicos que luego los plenos municipales correspondientes no confirmaron, como es preceptivo. «Podríamos unirnos para los alumbrados públicos, la recogida de basuras domiciliaria, la gestión de aguas. La cosa es que cuando entras en el debate político, cada cual lo lleva a su molino y no avanzamos». Muy a su pesar, porque le encantaría.

La idea de profundizar más en el modelo es recurrente y en el Gobierno regional están de acuerdo: «La tendencia es a dar más valor a las mancomunidades», asegura el director general de Administraciones Locales, Pedro García Carmona, que sabe que la receta tendrá que estar en el punto de mira cuando el Ejecutivo se ponga a «revisar y mejorar toda la normativa de régimen local. Lo relativo a las entidades más pequeñas tendrá que ser lo primero», apunta. Desde su departamento se reparten los dineros de apoyo, se supervisan los presupuestos y se controlan los cambios de estatutos cuando los hay.

Para el alcalde de Liérganes, el independiente Santiago Rego, la Administración regional podría «jugar un papel bastante más activo, obligando a los ayuntamientos a sentarse para hablar de compartir más servicios, por ejemplo». Rego, que constata a diario los beneficios de pertenecer a dos entidades supramunicipales (El Brusco, de gestión de basuras) y a otra de servicios sociales, ve muy claro el camino, porque su ayuntamiento mantiene iniciativas (como la guardería) para la que «vendría muy bien compartir gastos» con otros ayuntamientos cuyos vecinos la usan.

Ley de Comarcas pendiente

«Es una pena que no se vaya más allá con ellas», conviene el alcalde regionalista de Valderredible, un territorio acuciado por las necesidades más elementales. Fernández preside actualmente la de Los Valles y cree que, cuando visita un despacho «para pedir en nombre de tres municipios» (el suyo, Valdeolea y Valdeprado del Río), la reclamación «tiene mucha más fuerza». El también diputado enumera un largo listado de servicios a mancomunar en su caso (el agua, una red de transporte escolar más barata.), aunque indica que lo realmente beneficioso para todo el sur de Cantabria sería crear la Mancomunidad de Campoo, juntando a todos los ayuntamientos que formaron la merindad, una vieja idea que se manosea periódicamente y no cuaja nunca.

Rosa Fernández sólo le ve ventajas «a luchar juntos por una causa común». Su experiencia es que las mancomunidades «son muy operativas. Con los otros ayuntamientos se discute, pero se resuelve. Porque el interés del vecino está por encima de todo lo demás. Tiene que ser así. Aquí te olvidas de las siglas».

El alcalde de Colindres, Javier Incera, por su parte, ve «inevitable» la concentración en mancomunidades porque en municipios de bajo presupuesto «se han hecho indispensables y más en tiempos de crisis». A la vez, reivindica que Cantabria retome la idea de una Ley de Comarcas. «Siempre sobre la mesa y siempre pendiente». Colindres está en dos mancomunidades (una de servicios sociales, que preside) y la de Municipios Sostenibles. Esta segunda es atípica: no se limita a unir intereses en un área geográfica concreta, sino que se va moviendo en base a proyectos concretos de Medio Ambiente, para los que suele captar financiación europea, siempre que sume el número de vecinos beneficiarios que exige la exigente Unión Europea.