Reducen a la mitad las penas a los miembros de una red de tráfico de drogas

Este acuerdo ha evitado la celebración del juicio previsto para esta semana en la Audiencia de Cantabria, que dictará ahora sentencia de conformidad con lo pactado por la Fiscalía y las defensas de los acusados y condenará a estas once personas a penas que suman 34 años de cárcel y al pago de multas por 661.000 euros, al aplicarles las atenuantes de toxicomanía y dilaciones indebidas.

Estas penas suponen una rebaja de más de la mitad sobre la petición inicial de la Fiscalía, que pedía para todos los acusados 82 años de cárcel y 2,1 millones de euros de multas por delitos de tráfico de drogas, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas y blanqueo de capitales.

La desarticulación de este grupo se produjo a raíz de la detención en abril de 2011 de dos hombres en Rumanía, uno de ellos administrador de un lavadero de coches en Castro Urdiales, cuando iban a recoger un cargamento de cocaína procedente de Bolivia.

Los datos que facilitó la policía rumana condujeron a la Guardia Civil a descubrir en España a este grupo organizado que traficaba con cocaína, speed y otras sustancias anfetamínicas.

El grupo estaba dirigido por un hombre ya condenado en 2011 por un delito similar que vivía en una urbanización en Otañes con una mujer que le ayudaba en la distribución de la droga y el blanqueo de las ganancias.

En el momento de la detención, en 2012, el desfase patrimonial de la pareja era de casi 200.000 euros y la mujer tenía a su nombre seis coches, entre ellos un Ferrari.

El cabecilla ha aceptado una condena de siete años y diez meses de prisión y una multa de 600.000 euros y su pareja 5 años y tres meses y 580.000 euros.

El lugarteniente del jefe de la banda será condenado a tres años y seis meses y a una multa de 43.000 euros, mientras que el proveedor de la droga, condenado a seis años de prisión en 2008, ha aceptado 4 años y siete meses.

Los demás acusados compraban droga al cabecilla para después venderla o se encargaban de custodiarla. Uno de ellos le dio de alta en su empresa de albañilería para ayudarle a blanquear los ingresos procedentes del tráfico de drogas.

Durante la investigación, iniciada en diciembre de 2011, y las posteriores detenciones, la Guardia Civil intervino dinero, armas de fuego, material para manipular sustancias estupefacientes y droga.