La Audiencia da por buena la venta del Racing a Alí, pero sigue investigando las subvenciones al club

La resolución, contra la que no cabe recurso, supone la rehabilitación política del exconsejero regionalista, que se vio obligado a entregar su acta de diputado tras las elecciones autonómicas de 2015 y a volver a las aulas como profesor de latín por las presiones políticas de Podemos, partido que reclamó su cabeza como condición para alcanzar un pacto de gobierno en esta legislatura. El proceso frenó también la presencia de Agudo, presidente del PSOE en Cantabria, en las listas electorales y sus aspiraciones para entrar en el actual Gobierno bipartito, devolviéndole a la docencia en la Universidad de Cantabria.

No obstante, el auto no cauteriza absolutamente la herida judicial, ya que deja abierto un fleco de la causa principal, el referido a las subvenciones que el Gobierno concedió al Racing. La Audiencia ordena que se investigue si esas subvenciones, dos millones de euros anuales para el apoyo del deporte base y otras actividades, se destinaron efectivamente a esos fines. Para ello, pide que se indaguen las actuaciones de los sucesivos directores generales de Deportes firmantes de las subvenciones, de los responsables del club deportivo y, «eventualmente», del consejero que ordenó los pagos. De este modo, las investigaciones afectarían, no solo a los responsables políticos del Gobierno de PRC-PSOE, sino también al director de Deportes y al consejero del ramo en la etapa del Gobierno del PP.

En un auto de 145 folios, la Audiencia estima los recursos presentados por López Marcano y Agudo, así como por el gerente de CEP Cantabria (Coordinadora de Empresas Públicas), Luis Egusquiza, y por el asesor jurídico contratado por la empresa pública para ejecutar la operación de compraventa del club al indio Alí Syed, Emilio Garayar, contra el auto dictado en mayo de 2015 por la juez Paz Hidalgo, que acordó la apertura de juicio con Jurado por los supuestos delitos de malversación y fraude. El quinto imputado, el expropietario del Racing Jacobo Montalvo, no formalizó recurso alguno, a pesar de que fue su testimonio en el Parlamento el que sirvió, al PP primero y a la juez después, para afianzar sus sospechas. El empresario aseguró que el Gobierno le presionó en 2005 para que comprara el club a cambio de concederle un negocio millonario, el proyecto urbanístico Ecoparque del Besaya.

El Gobierno de Ignacio Diego acusó al bipartito de intervenir en el club deportivo no para salvarlo, sino para favorecer intereses privados de un entramado empresarial a cuya cabeza situó a Jacobo Montalvo, una operativa que habría causado un quebranto económico al erario público de casi seis millones de euros. Pero dirigió el tiro judicial hacia dos adversarios, los exconsejeros López Marcano y Agudo, a los que consiguió retirar de la escena política. Cuando el asunto se judicializó, se abrió una especie de causa general y la investigación se retrotrajo al año 2005, cuando Montalvo compró las acciones del Racing que posteriormente vendió a Alí Syed. Para el PP, el grupo Montalvo y el bipartito idearon una trama en torno al club para obtener réditos privados, cuyo muñidor fue el abogado Emiliano Garayar, que llegó a facturar 3,6 millones de euros al Gobierno en dos legislaturas por trabajos de asesoramiento, que le fueron adjudicados a dedo, según la acusación. La operativa consistía en que la familia Montalvo accedía a quedarse con el Racing por 6,7 millones de euros, cantidad que no llegó a desembolsar nunca, en contraprestación por la ejecución del Ecoparque del Besaya, una actuación urbanística (fallida) en la que el Gobierno había proyectado construir 4.000 viviendas con más de 120 millones de euros de plusvalías en juego. Tras una larga instrucción, la juez Hidalgo hizo suyas esas acusaciones y abrió juicio con Jurado contra los cinco imputados por la venta de las acciones del club a Alí Syed, el Ecoparque Besaya y los contratos a Garayar.

Objetivo: salvar al Racing

Ahora, la Audiencia deja en papel mojado todas esas acusaciones, lo que supone un duro revés judicial no sólo para el PP, que ejerció la acusación, sino para la juez instructora, Paz Hidalgo, designada magistrada de la Sala de lo Civil y Penal por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Parlamento, con la mayoría de los votos del PP.

El tribunal reconoce la «decidida e inequívoca voluntad» política del Gobierno de utilizar los recursos públicos para «atajar la situación de insolvencia» en que se encontraba el Racing cuando en diciembre de 2004 ordenó a CEP Cantabria que formalizara un préstamo y tutelara, planificara y controlara el proceso de saneamiento del club.

Según sostiene en el auto judicial, el objetivo de todos los pasos dados por las empresas públicas (CEP Cantabria y Cantur) no era favorecer a la familia Montalvo, como sostuvo el PP y la juez, sino «salvar al Racing». Además, subraya que todas las operaciones «se hicieron con el debido asesoramiento jurídico» y «fueron conocidas por el Gobierno de Cantabria, no pudiendo deducirse, ni de su diseño, ni de su ejecución, reproche penal alguno, ello con independencia de que las mismas finalmente generaran un menoscabo para las arcas públicas por causas ajenas a la voluntad de los querellados».

La resolución tampoco ve irregularidades en el proceso de venta de las acciones al magnate indio. Al contrario, destaca la preocupación del bipartito por actuar «con corrección y con arreglo a derecho», «ajustándose a las recomendaciones que le fueron efectuadas, no apreciándose por tanto en dicha conducta concierto de voluntades alguno destinado a perjudicar al ente público».

Sobre las imputaciones al abogado Emiliano Garayar, la Audiencia sostiene que «carecen de suficiente respaldo y apoyo probatorio, no existiendo indicio alguno» de que la facturación del despacho «fuera excesiva, ni mucho menos que no obedeciera a la efectiva prestación de servicios profesionales», ni tampoco de la existencia de irregularidades en las contrataciones. Por eso entiende que investigar ahora a Garayar y todos los trabajos que realizó para el Gobierno, como pretendía la juez Hidalgo, sin ningún indicio de una actuación fraudulenta, «supondría dar cobertura a una suerte de investigación prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Y lejos de ver trama ideada por el asesor, el tribunal estima «absolutamente neutral e inocua» su participación en la venta de acciones del club a Montalvo.