"Es un sinsentido que se necesiten médicos y que no nos dejen trabajar"

Para Diana, como para Patricia, Álvaro, Nadia y un largo etcétera de extranjeros en idéntica situación, las puertas a un trabajo como personal estatutario (condición laboral de los sanitarios) están cerradas a cal y canto. Y mientras, la Administración se las ve y se las desea para encontrar sustitutos, sobre todo médicos de familia y pediatras, pero también de otras especialidades, como Oftalmología, Digestivo o Traumatología.

«Llegamos a España con permiso de estudiante, y se supone que a los tres años se podía cambiar por la tarjeta de residente, pero de repente aquello dejó de ser así. Incluso nos quitaron la prestación por desempleo, que hubo que pelear por la vía judicial, una batalla que protagonizó el sindicato UGT, que logró que se nos restableciera este derecho», declara Diana, que a sus 34 años acaba de dar a luz a su segundo hijo, los dos nacidos en Cantabria. «Nuestra vida está aquí, mi marido se vino conmigo, renunció a todo por seguirme a mí. ¿Por qué no tenemos derecho a quedarnos si nuestra condición es legal y es evidente la falta de profesionales?», se pregunta. Le consta que «hay MIR nacionales contrarios a que se nos contrate, y corrientes políticas que tampoco lo apoyan». Por eso, deja claro que «no vamos a quitarle la oportunidad de trabajar a la gente de aquí, porque el problema es que no hay quien cubra esas plazas».

Para poner fin a la «paradoja» que supone que «un sistema sanitario público deficitario en facultativos no pueda contratar a un importante número de extranjeros a los que ha dotado de una formación extraordinaria para el ejercicio de su profesión», como expone textualmente el Gobierno en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley de acompañamiento de los presupuestos), se propone modificar el régimen jurídico de vinculación estatutario «para facilitar que estos profesionales extranjeros, en la medida que tengan residencia legal en España, puedan ser contratados en igualdad de condiciones que los españoles, como personal estatutario (funcionario)», señala Alfonso Romano, subdirector de Recursos Humanos del SCS.

Solo el próximo mayo finalizarán la formación MIR 15 extranjeros de medicina de familia de un total de 32 (el 48%). El colombiano Álvaro Medina, adscrito a la plantilla del centro de salud de Cotolino II, en Castro Urdiales, es uno de ellos y reconoce la «angustia de no saber qué va a pasar conmigo, y más cuando mi deseo es quedarme. Llevas cuatro años formándote, la gente te conoce, empiezas a echar raíces, notas la aceptación y la empatía de los pacientes y ahora eso se puede perder. Duele ver que puedes aportar un poco a solucionar el problema de la falta de médicos, desbordados en muchos momentos por la carga asistencial, y no puedes», declara.

«Voluntad y preparación»

Al igual que Diana, opina que «es un sinsentido que el SCS no disponga de sustitutos para cubrir vacaciones y bajas de los titulares y que, a la vez, estén formando a gente a la que no se la deja trabajar. Nosotros tenemos la voluntad y la preparación. ¡Ojalá se acabe con esta situación de incertidumbre! Se beneficiarán profesionales y pacientes». Una afirmación en la que coincide Nadia Rolon, que lleva dos años (los que hace que concluyó la especialidad de Oftalmología en Valdecilla) «con mi vida en el aire». «No me pudieron contratar en el servicio porque sólo tenía tarjeta de estudiante. Tuve que regresar a Colombia sólo para hacer el cambio de visado. A la espera de ver si se solucionaba esto y podría trabajar aquí, opté por hacer un máster en Barcelona». Su marido, médico también, tuvo «más suerte». «A él si le dio tiempo a obtener el visado de trabajo antes de acabar el MIR, porque estaba en el País Vasco, y allí se aplicó aquella modificación al año siguiente». De ahí que sea en la comunidad vecina donde cuentan los días para la llegada de su primer hijo. «Nos sacrificamos mucho por llegar hasta aquí, invertimos tiempo, esfuerzo y dinero. La situación es complicada, la familia pesa y estamos muy lejos de casa, pero no podemos tirar la toalla, aunque a veces lo piense».

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, confía en que el cambio legislativo en ciernes contribuya a paliar el déficit de facultativos, que se agravará con las próximas tandas de jubilaciones, sobre todo en Atención Primaria. «El objetivo es permitir que los médicos que han estado formándose en Cantabria, que han estado atendiendo a nuestros ciudadanos y a los que hemos estado pagando su formación, puedan trabajar en nuestro servicio de salud, que no cuenta con un número suficiente de profesionales para cubrir todas sus necesidades», declara. Desde la Consejería cifran en más de nueve millones de euros (9.007.416,70 para ser exactos) el coste de la formación del personal MIR extracomunitario en Cantabria entre 2011 y 2015. «Es dinero que pierde el sistema si no nos contrata, resulta que lo invierte en nuestra formación pero no nos dan la oportunidad de ejercer la profesión», exponen los afectados.

El presidente del Colegio de Médicos, Tomás Cobo, considera que «aunque la intención sea buena, el problema no es el número, sino las condiciones laborales. Debemos estar seguros de que las actuales son las adecuadas, y según los últimos estudios de la Organización Médico Colegial (OMC), en ningún caso lo son. El 50% de los médicos de España tiene un contrato precario».

En este sentido, el subdirector de Recursos Humanos del SCS señala que «está claro que esta medida no es una solución definitiva ante la problemática existente -sería precisa una oferta pública de empleo que dé estabilidad a la plantilla y reduzca la interinidad, y eliminar el límite de la tasa de reposición-, pero sin duda contribuirá a mejorar la capacidad de contratación», añade Romano. La idea es que, «en cuanto se aprueben los Presupuestos, se ponga en marcha el engranaje para sacar adelante esta adaptación de la normativa, de tal forma que se pueda empezar a aplicar a partir de mayo», que es cuando se hace el relevo de residentes en la red sanitaria. Y como agua de mayo, precisamente, espera el colectivo de extracomunitarios este cambio de régimen jurídico, un margen de maniobra que permite el artículo 1 de la ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario pero que «ninguna comunidad ha aplicado aún. Creo que Cantabria será la primera que lo regule», dice Romano.

Si la legislación no se cambia a tiempo, el destino de la nueva remesa de facultativos formada en Cantabria apunta hacia la migración. En total, terminan este año 27 MIR, los 15 de Medicina de Familia y otros 12 de diferentes especialidades de Valdecilla. La opción de un contrato de un año de duración, que sería la forma de convertir su tarjeta de estudiante en visado de residente -los extracomunitarios sí pueden trabajar en la privada-, «es casi una utopía en el actual contexto de precariedad laboral».

Patricia Aguilera (Paraguay) fue una de las 'afortunadas'. «Acabé la residencia de médico de familia en 2015, pero al no poder trabajar en Cantabria, me fui a Castilla y León, donde encontré un puesto en un centro concertado (el contrato acabó en julio), y así conseguí el cambio de tarjeta». Sin embargo, ahora parte de cero, vuelve a la línea de salida. Con 34 años, el próximo sábado, 28 de enero, volverá a presentarse al examen MIR, ya que una buena nota le reportaría «otros cuatro años de trabajo garantizado. No es raro, mucha gente lo hace». Aunque no ha decidido aún por qué especialidad se decantará, «creo que la elección estará entre Anestesiología o Radiología. Tengo claro que quiero quedarme, y voy a hacer todo lo posible por lograrlo porque mi vida ahora ya está en Cantabria».

Apoyo sindical

El secretario del sector de Sanidad de UGT en Cantabria, José Manuel Castillo, defiende «el derecho de estos profesionales a poder trabajar en España y en nuestra comunidad ya que se han formado en nuestro sistema de salud y compitieron en una prueba MIR para acceder a las plazas que ahora ocupan». En definitiva, continúa, «hemos defendido su derecho a no ser discriminados por su condición de extracomunitarios, porque deben de ser tratados como cualquier otro médico residente». A juicio de Castillo, «desde el Ministerio de Sanidad se ha pretendido discriminar a un colectivo profesional grande hoy en día en España y que además es necesario por la falta de médicos».

Ellos se muestran «esperanzados» ante ese horizonte que «parece abrirse», pero también cautos. «He visto a muchos compañeros de mi generación regresar a sus países de origen porque no tuvieron ninguna opción», cuenta Patricia. También Álvaro apuesta por quedarse en Cantabria. «Si definitivamente no se puede, lo intentaría en otras comunidades donde sí parece que hay un poco más de permisividad; en caso negativo, probaría en la sanidad privada, y si nada de esto sale, tendría que volver a Colombia». Ver ese panorama a cuatro meses vista «asusta, da muchísimo terror, soy un inmigrante legal, un residente, hay buena voluntad, ganas de cambiar las cosas, pero la realidad es que quien tiene el poder de hacerlo aún no lo ha hecho».