Los arquitectos alertan sobre la "imprudente y excesiva tolerancia" de la nueva Ley del Suelo

Estaba previsto que la nueva Ley del Suelo fuera la última normativa importante que el Gobierno del PP llevase al Parlamento la pasada legislatura. Pero no fue así. Las elecciones se echaron encima y el documento se quedó sobre la mesa, confiando en lograr un consenso político posterior, sea cual fuere el resultado de las urnas. Aquel texto quedó descartado cuando el bipartito se puso manos a la obra para redactar una nueva legislación. El PSOE, desde la Dirección de Urbanismo, ha trabajado con la base de aquel borrador y añadiendo y corrigiendo muchos puntos que, sin embargo, no acaban de convencer a algunos colectivos profesionales relevantes de Cantabria. Es el caso del Colegio de Arquitectos, que ha presentado una serie de alegaciones alertando sobre la rienda suelta y la "imprudente, atrevida y excesiva tolerancia" que el Ejecutivo pretende dar al urbanismo, sobre todo en las construcciones en suelo rústico y en el uso de herramientas excepcionales, como los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR).

El Gobierno regional PRC-PSOE obligará a presentar un plan parcial para poder construir una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, frente a la normativa de 2012 del PP, que permite de forma inmediata levantar una casa en ese tipo de parcelas. Los arquitectos, que ven con buenos ojos esta medida, califican de "muy deficiente la regularización pormenorizada" que se hace en el documento sobre este tipo de suelos. Por ejemplo, no consideran "coherente" que los municipios puedan conceder permisos directos, sin control del Gobierno, para instalaciones agrícolas y ganaderas "con un efecto significativo sobre el paisaje rural". También advierten de que la "necesaria preservación del suelo rústico queda comprometida" al permitir usos deportivos y de ocio en terreno protegido.

Las actuaciones, instalaciones, construcciones y actividades permitidas excepcionalmente en el suelo rústico amplían, "desafortunadamente", el "ya excesivo catálogo" existente. Además, no comparten que se de deje a los particulares ampliar hasta un 10% la superficie de las edificaciones ya construidas.

"El suelo rústico es un bien escaso, valioso y no renovable. Su preservación estratégica es un principio básico y fundamental", según este colectivo, que lamenta que la ley dedique "mucha más atención y energía" en las posibilidades de este tipo de parcelas que a regular el suelo urbano de los núcleos rurales, perdiendo una oportunidad de oro para "aliviar la presión del perverso e impropio sistema de construcción residencial".

Ese libertinaje urbanístico que los arquitectos afean a la normativa, todavía en forma de borrador, se refleja en el uso que el bipartito quiere darle a herramientas excepcionales, como los PSIR. Este instrumento se creó para respaldar la construcción de áreas industriales, viviendas protegidas y equipamientos especiales que ocupasen terrenos de varios municipios al mismo tiempo. O que tuvieran un relevancia económica distintiva. Ahora, el Gobierno pretende abrir la mano a su utilización. "Permite su implantación en casi cualquier tipo de suelo y casi para cualquier fin", denuncian desde este colectivo, también preocupado por otras medidas tomadas para terrenos urbanos. Entre ellas, perdonar la obligatoria cesión de espacios libres cuando se construya en áreas degradadas o sin suelo disponible y se determine que "no es económica ni técnicamente viable la cesión".

El Colegio Oficial de Abogados, que también ha presentado un documento de alegaciones bien acogido por el Ejecutivo, con el que ya se han reunido en dos ocasiones, considera "positiva" la modificación del régimen actual de los realojos derivados de actuaciones urbanísticas, aunque "se mantienen obligaciones que, en la práctica, harán imposible las operaciones de renovación del tejido urbano, pese a tratarse de uno de los fines esenciales del propio anteproyecto", destacan en sus argumentos. Los juristas también piden a la normativa "ser más ambiciosa en la implantación de medidas efectivas que fomenten la transparencia, la participación y el conocimiento efectivo de los planes por los ciudadanos y el acceso a los documentos digitalizados", entre otras medidas.