El fiscal reduce a la mitad la condena a los seis acusados de vender droga en Cantabria

La Fiscalía ha rebajado a casi la mitad, de 33 a 17 años, la petición de condena para seis personas acusadas de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, al aplicarles las atenuantes de drogadicción y retrasos indebidos en la instrucción de la causa contra ellos.

Durante una vista celebrada esta mañana en la Audiencia de Cantabria, los acusados han mostrado su conformidad con la condena que solicita para ellos el Ministerio Fiscal tras el acuerdo alcanzado con sus defensas, lo que ha evitado la continuación del juicio previsto hasta el jueves.

Ahora, la sección primera de la Audiencia de Cantabria dictará sentencia según lo pactado entre las partes, un acuerdo que incluye una rebaja de las multas de 320.000 a 115.000 euros.

Las detenciones de estas seis personas se produjeron en 2012, como resultado de una operación puesta en marcha después de que la Guardia Civil encontrara por casualidad escondido entre la vegetación en un camino forestal de la localidad de Vargas un paquete con las huellas de uno de ellos que contenía 40 gramos de cocaína.

Las huellas se correspondían con las de un hombre residente en Castañeda que, según se averiguó durante la investigación, junto a su mujer se dedicaba a vender cocaína en su casa.

El matrimonio se trasladaba a Móstoles a comprar la mercancía a un proveedor que tenía su propia red de distribución en esa localidad madrileña, aunque posteriormente cambiaron de suministrador y empezaron a comprar la droga a un vecino de Torrelavega.

Durante la investigación, la Guardia Civil dio con la persona que suministraba la droga al primer proveedor del matrimonio, un hombre también residente en Móstoles que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y a la alteración de contadores de luz para defraudar suministro eléctrico.

Este hombre no tenía trabajo, pero disponía de coche y moto y entre 2008 y 2011 hizo frente a pagos por importe de casi 85.000 euros y a las cuotas de un préstamo de unos 80.000.

También está implicada la mujer de uno de los proveedores del matrimonio cántabro, por asumir la titularidad de las ganancias obtenidas por su marido del tráfico de drogas, por importe de unos 20.000 euros.

Esta mujer, que está en paro, tiene un piso de su propiedad en Móstoles y contratado un préstamo de casi 100.000 euros.

Salvo la mujer, todos los acusados han sido acusados y se han declarado autores de un delito contra la salud pública y serán condenados a dos años y seis meses y multas que oscilan entre los 2.800 y los 9.000 euros, al aplicarles las atenuantes de drogadicción y de dilaciones indebidas.

Los proveedores de Madrid y la mujer de uno de ellos serán condenados a un año y siete meses de cárcel por blanqueo de capitales y a multas que suman 75.000 euros.

Además, se les decomisarán bienes por importe del incremento patrimonial no justificado, 80.000 euros en el caso de proveedor principal.