El Gobierno prepara una nueva ley antifracking que pase el filtro del Tribunal Constitucional

El peligro de que comiencen los sondeos ha crecido desde el mes pasado. En enero concluyó la prórroga de nueve meses que el Estado dio al Gobierno regional, ayuntamientos y particulares para presentar alegaciones contra el proyecto de Valderredible. En concreto, contra la solicitud de utilidad pública que hizo Gas Natural Fenosa a comienzos del año pasado.

Ahora es el Ministerio de Energía el que debe decidir si da luz verde a un proceso que puede desembocar en las expropiaciones de los terrenos que la empresa necesita para empezar a trabajar.

Esta misma fórmula fue la que intentó utilizar en Burgos la compañía canadiense BNK. En febrero de 2015 pidió a la Junta de Castilla y León que declarase de utilidad pública su proyecto de Sedano, con el que preveía abrir hasta seis pozos exploratorios de hidrocarburos. No lo consiguió y un año después se retiró de España con el permiso caducado y sin lograr la declaración de impacto ambiental favorable.

Para "responder de manera urgente a esta amenaza", el PRC acaba de registrar en el Parlamento una proposición no de ley en la que insta al Gobierno autonómico a presentar, "con la mayor brevedad posible", una nueva normativa que "defienda los intereses sociales, naturales, culturales, patrimoniales y medioambientales" de la comunidad frente a proyectos de investigación o extracción que "pudieran ser perjudiciales".

A finales de año

Esta iniciativa de los regionalistas se engloba, evidentemente, en la estrategia del Gobierno para poner en marcha la tramitación de la ley. El documento todavía está muy verde aún no existe siquiera un borrador del anteproyecto, pero podría llegar al Parlamento a finales de este año, según las previsiones más optimistas del Ejecutivo.

Más importante que el cuándo es el cómo. El Gobierno autonómico no puede permitirse otro revés en el Tribunal Constitucional. Hace tres años, con el PP en el ecuador de su legislatura, los jueces tumbaron la ley cántabra por invadir competencias estatales. El Alto Tribunal no valora en su sentencia si el fracking es o no adecuado, pero declara la inconstitucionalidad de la norma porque Cantabria no tiene autoridad para legislar lo contrario que Madrid.

Ese mismo argumento sirvió al Constitucional para enterrar otros intentos similares en comunidades como Cataluña, Navarra o La Rioja. Y será lo que, presumiblemente, ocurra también con la presentada por el País Vasco.

Pero a pesar de la contundencia del fallo contra Cantabria, no todos los magistrados pensaban de la misma manera. Tres de ellos emitieron un voto particular en el que discrepaban del fallo y daban pistas a los servicios jurídicos cántabros sobre cómo plantear una revancha. Sobre estas claves se edificará la nueva ley que prepara el bipartito.

Mover pieza

El texto se fundamentará en las competencias exclusivas que tiene la comunidad, sin prohibir expresamente el fracking para no entrar en conflicto con el Estado. Básicamente, se tratará de poner unas condiciones, cautelas y requisitos urbanísticos, ambientales y sanitarios que hagan inviable cualquier proyecto de fractura hidráulica en la región. "Serán medidas legales para que, de manera indirecta, sea imposible poner en marcha esos proyectos", explicaron desde el Gobierno.

El discurso es similar al que utilizó en 2014 el exconsejero de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Fernández, cuando el Constitucional anuló la normativa elaborada por el PP y aprobada en el Parlamento por unanimidad. La adversidad judicial "cierra una puerta, pero abre una ventana", dijo en aquel momento el dirigente popular, llamando la atención sobre los "títulos competenciales", en referencia a la legislación urbanística, medio ambiental y sanitaria, para plantar batalla al fracking. Pero no avanzó posibles modificaciones y no ha sido hasta ahora, una legislatura después, cuando se ha movido pieza.

Aunque todavía es pronto para hablar de apoyos a un documento que no está ni redactado, todos los precedentes apuntan a que contará con el respaldo mayoritario de la Cámara. Los grupos políticos han mostrado en repetidas ocasiones en el Parlamento su unión contra el fracking, un reflejo de la postura mantenida por agentes sociales y plataformas ciudadanas de toda la comunidad.

La iniciativa legislativa presentada por el PRC incluye un segundo punto que afecta directamente a los ayuntamientos. El portavoz del PRC, Pedro Hernando, explicó que los municipios han tenido "dificultades" para responder a la petición de utilidad pública hecha por Gas Natural Fenosa. Por eso, pide la colaboración de la Federación de Municipios de Cantabria para que, a través de un gabinete o un departamento propio, se puedan gestionar con facilidad todos los asuntos relacionados con el fracking.