El Parlamento eliminará el párrafo de la Ley de Realojo que el Estado ve inconstitucional

El Gobierno de Cantabria no irá con las manos vacías a la negociación con el Estado para evitar que la Ley de Realojo regional acabe en el Tribunal Constitucional. Los tres grupos parlamentarios que promovieron esta normativa PP, Podemos y Ciudadanos se comprometieron ayer a eliminar, por la vía de urgencia, el único párrafo de toda la ley sobre el que tiene dudas el Ejecutivo central. El ya famoso apartado 4, que garantiza que la vivienda entregada permanezca en el patrimonio de la familia al menos durante cinco años para «evitar el fraude o que se destine a otros fines», según explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra.

Precisamente, el dirigente regionalista intervino ayer en el pleno a petición propia para explicar que el Gobierno peleará con uñas y dientes en Madrid para salvar la ley. A pesar de que el cambio normativo no fue impulsado por el bipartito ni por PRC o PSOE, que se abstuvieron en la votación del pasado mes de octubre en la que se aprobó. Fueron los tres partidos de la oposición los ideólogos y ejecutores de la norma. «Pero la postura de los grupos que sustentan al Gobierno no tendrá importancia, defenderemos la ley aprobada en el Parlamento», dejó claro De la Sierra.

En esa comisión bilateral con el Estado, ambas partes intentarán llegar a un acuerdo para evitar un recurso en el Constitucional que deje sin vigencia la ley mientras se resuelve, algo que puede llevar años. Pero existen limitaciones. Los gobiernos no tienen potestad para negociar cambios en la ley, ya que esa no es su función. Solamente podrán intentar resolver la discrepancia, pero no tocar la normativa. Este mecanismo, a pesar de todo, cuenta con muy buena fama en la Administración, ya que gracias a él se han resuelto el 75% de los conflictos de inconstitucionalidad con Cataluña, por ejemplo.

Para evitar un bloqueo y que la ley acabe en los tribunales, los tres grupos de la oposición se comprometieron ayer a presentar una Proposición de Ley urgente para eliminar ese párrafo, ya que se trata de «una cuestión residual, es un punto accesorio y un párrafo casi de ornato que no influye ni afecta en nada al núcleo de la normativa», señalaron los portavoces de PP, Podemos y Ciudadanos.

Si ese trámite se pone en marcha enseguida, se podrá aprobar en tan sólo quince días en el Parlamento, aunque los tres grupos insistieron en que solo se utilice como «última medida», en caso de que el Gobierno central no acepte la ley completa tal y como se aprobó. De la Sierra agradeció «esta ayuda» e insistió en que los juristas del Gobierno intentarán que la normativa no se modifique.