El Gobierno vasco renuncia al fracking para extraer gas en Cantabria

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), que gestiona las labores de investigación del Gobierno autonómico en ese ámbito, ha dado por perdida esta concesión, que había caducado el 19 de junio de 2016, después de que Energía concediera una prórroga de 34 meses. Este martes mismo, el Ministerio denegó un nuevo aplazamiento, pero para entonces la sociedad pública vasca había pedido ya la extinción del permiso por caducidad. Fuentes del departamento vasco justificaron su decisión en que la extracción del gas en la zona es "complicada"y no sería rentable si se utilizan las técnicas convencionales, una vez que el Gobierno de Euskadi ha renunciado a buscar gas perforando el subsuelo mediante la aplicación de fractura hidráulica por sus inciertos afectos medioambientales.

No obstante, las mismas fuentes subrayan que la retirada del Ejecutivo vasco del proyecto Angosto 1 no significa que el fracking se vaya a detener en la zona de Soba, Burgos y País Vasco, porque la empresa pública de hidrocarburos trabaja en el proyecto aliada con las petroleras norteamericanas Petrichor (36%) y Cambria (20%). Shesa tiene el 44% de las acciones así que, aunque parece complicado, las otras empresas podrían seguir sin el apoyo institucional, pidiendo nuevos permisos en ese ámbito geográfico.

A pesar de la renuncia al proyecto de Soba, en Cantabria siguen vivas otras cinco concesiones: Luena, que caducó el pasado mes de enero; Bezana-Bigüenzo, en Campoo-Los Valles, el embalse del Ebro, Valdeprado del Río y Valderredible; Los Basucos, en la zona de Torrelavega; Usupal, en el Valle de Villaverde, y Galileo, licencia solicitada hace cinco años para 77.700 hectáreas entre Laredo y la provincia de Burgos.

Permiso de investigación

El permiso de investigación Angosto 1, que afecta a las tres comunidades autónomas, fue concedido por seis años (desde el 20 de diciembre de 2006 al 19 de diciembre de 2012) a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que actúa como operador del permiso, y a las otras dos compañías citadas. Para los dos últimos años se preveía la perforación de dos pozos, para lo que la empresa pública vasca tramitó los permisos medioambientales. Sin embargo, cuando iba a caducar la vigencia del permiso, solicitó una prórroga, que el Ministerio de Energía concedió ya que había caducado por razones imputables a la Administración. La operadora dispuso de 34 meses más, de manera que la concesión ha continuado vigente hasta el 19 de junio de 2016.

Para esta fecha, sin embargo, las reglas del juego habían cambiado en el País Vasco. La presión en la calle dio lugar a una plataforma antifracking que acabó impulsando la ley vasca contra la fractura hidráulica a través de una Iniciativa Legislativa Popular. En el verano de 2015, el Gobierno vasco siguió la senda de Cantabria, que fue la primera comunidad autónoma del país en prohibir el fracking en su territorio, luego anulada por el Constitucional, y aprobó una ley antifractura hidráulica que le obligó a paralizar los permisos de explotación que contemplan el uso de esa técnica para la extracción del gas.

Evitar que los tribunales tumbaran la norma

Para evitar que los tribunales tumbaran la norma, el Parlamento vasco huyó de la prohibición explícita de esta técnica, que había llevado a Cantabria al fracaso. Lo que hizo el legislador vasco fue elevar al máximo las trabas medioambientales a cualquiera que quiera perforar, de manera que, en la práctica, resultaría imposible usar esa técnica en Euskadi. Aun así, el Gobierno central impugnó la ley vasca ante el Tribunal Constitucional, al considerar que invade competencias de Madrid. Al no poder hacer las perforaciones hidráulicas, la sociedad pública creada para promover el fracking renunció al permiso de Angosto 1. No así a los otros cuatro permisos concedidos a Shesa por el Ministerio de Industria en 2006 y 2008 para abrir pozos de gas: las concesiones de Enara, Usoa, Mirua y Usapal, el conocido proyecto Gran Enara, que cubre buena parte de Álava y afecta también a algunas franjas de Vizcaya y Cantabria. En concreto, la licencia de Usapal afecta al Valle de Villaverde en esta comunidad autónoma.

Estos cuatro permisos vencieron el pasado 18 de febrero, pero el Gobierno vasco ha maniobrado en una doble dirección. Por un lado, el operador solicitó que se interrumpiera el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación, petición que ha denegado el Ministerio de Energía en una resolución publicada este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado. Pero por otro ha pedido una prórroga para no perder las concesiones, solicitud que está pendiente de respuesta.

Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria prepara una segunda ley antifracking, a imagen y semejanza de la vasca, que pase el filtro del Constitucional.