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Gonzalo Sellers
Lunes, 13 de marzo 2017, 07:08
Los problemas financieros del Gobierno de Cantabria llegaron a una situación límite el pasado mes de diciembre. La Consejería de Educación se quedó sin dinero para pagar el salario y la paga extra de ese mes a los profesores funcionarios y se vio obligada a ... recurrir a la Consejería de Economía para poder abonar las nóminas. El departamento de Juan José Sota, que ya había tenido que hacer dos recortes de 35 millones de euros a lo largo del año, como ayer informó este periódico, volvió a sacar la tijera, la calculadora y la agenda de teléfonos del resto de consejeros del bipartito. Los 11 millones de euros necesarios para pagar a los docentes salieron de fondos sobrantes para personal laboral y sustituciones de la propia Educación, además de inversiones y ayudas de otros departamentos y de una buena parte del dinero que el Gobierno retuvo en verano para corregir el déficit, obligado por el Ministerio de Hacienda .
En un informe fechado el pasado 1 de diciembre, el director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Francisco Javier López Nogués, reveló que «el saldo disponible para hacer frente al gasto de las retribuciones del personal docente resulta insuficiente». «Para poder afrontar el pago de la nómina de diciembre nos encontramos con una insuficiencia presupuestaria de 11 millones de euros», según se puede leer en el documento al que ahora ha tenido acceso este periódico.
López Nogués solicitó una modificación de crédito para poder ingresar las nóminas. Educación podía aportar 880.000 euros que no había usado para salarios de personal laboral y sustituciones, mientras que el resto (10,1 millones) debía ser cubierto con aquellas partidas de otras consejerías que Economía «estime oportunas y adecuadas».
Sólo una semana después, la directora general de Tesorería, María Eugenia Gutiérrez, pidió al departamento de Función Pública el listado de los fondos sobrantes del capítulo de personal de todas las consejerías. Es decir, el dinero para salarios que no se iban a gastar. Además, propuso la utilización de todos los créditos «necesarios y suficientes» que fueron retenidos en verano para cumplir los objetivos de estabilidad financiera.
Dos recortes
El bipartito afrontó dos recortes de calado en el pasado ejercicio. El primero fue en febrero, cuando tuvo que retener 18,7 millones de varias consejerías para poder abonar la paga extra de 2012 que se debía a los funcionarios. El segundo llegó en verano, cuando el Ministerio de Hacienda, ante el desfase entre ingresos y gastos que se avecinaba, obligó al consejero de Economía a meter la tijera para intentar cumplir el plan de estabilidad. Juan José Sota retuvo otros 16,7 millones de varias inversiones, en su mayoría procedentes de consejerías dirigidas por el PRC. Las políticas de empleo, las carreteras y las inversiones para la reindustrialización de la Comarca del Besaya fueron las principales paganas de esos recortes, que también se extendieron a las ayudas al sector pesquero y al medio rural y a algunos planes sanitarios.
De esos 16,7 millones bloqueados, casi siete se volvieron a inyectar en el presupuesto para pagar la nómina de los profesores, amparándose en que era una «necesidad imprevista e irremplazable». El mismo argumento que utilizó María Eugenia Gutiérrez para pedir el uso del millón de euros reservado en el Fondo de Contingencia.
Pero todavía no era suficiente, por lo que Economía tuvo que recurrir a fondos para inversiones y ayudas por tercera vez ese mismo año. De nuevo, Sota volvió a llamar a la puerta del consejero de Obras Públicas, José María Mazón, y de Medio Rural, Jesús Oria. Dos de los más damnificados por las anteriores retenciones. El primero ya había perdido el 25% del dinero para carreteras e infraestructuras 5,4 millones de 20,5 y en diciembre tuvo que entregar otros 400.000 euros más para los profesores, además de 225.000 euros del Fondo de Emergencia Habitacional. Oria, por su lado, se vio obligado a reducir 200.000 euros las subvenciones al sector pesquero, que ya habían adelgazado un 20% a lo largo del año.
El Consejo de Gobierno aprobó todas estas medidas el 15 de diciembre, se hicieron las transferencias a Educación y se pudo pagar la nómina de diciembre a los funcionarios docentes de Cantabria.
Para que este año no vuelva a suceder lo mismo, Economía ha engordado el gasto en personal de la Consejería de Ramón Ruiz. El año pasado se reservaron 265,8 millones para los salarios de los profesores. Para 2017 se ha aumentado once millones, justo lo que faltó en 2016. En el Presupuesto que el Parlamento aprobó el año pasado, gracias al acuerdo del bipartito con Ciudadanos, esta partida asciende a 276,7 millones de euros.
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