'Yomis', uno de los grafiteros más activos, condenado a pagar 60.000 euros a Feve

La sentencia se produce en el ámbito civil, ya que pintar un grafiti en bienes públicos o privados dejó de ser delito en 2015 tras la reforma del Código Penal que despenalizó las faltas, como la de deslucimiento de bienes muebles. De no haber sido así, Yomis se hubiera enfrentado no sólo al pago de una indemnización sino a una multa de seis a veinticuatro meses.

El grafitero, David G. F, de 20 años y vecino de Santander, no actuaba solo, aunque ha sido el único que ha sido identificado por la Guardia Civil. Su grupo puso en jaque a la compañía durante todo el año 2014, porque en muchas ocasiones para realizar los grafitis utilizaban el llamado palancazo que consiste en frenar el tren mediante los frenos de emergencia. Una vez que se ha detenido el convoy, los implicados se bajan del mismo con el objetivo de realizar una pintada de grandes dimensiones en un tiempo máximo de 15 minutos, que es lo que tarda aproximadamente en reanudarse el servicio.

El 14 de diciembre de ese año el grupo accionó el freno de emergencia del convoy que cubría el trayecto entre las localidades de Liérganes y Santander, y una vez detenido el tren a la altura de Guarnizo sus miembros, un total de cuatro grafiteros encapuchados y vestidos con ropa de trabajo de color fluorescente, se apearon y procedieron a pintar los vagones. Feve denunció el acto vandálico y la Policía Judicial se empleó a fondo en la investigación, que derivó en la identificación del joven que se ocultaba bajo la firma de Yomis, el verdadero caballo de batalla en este tipo de acciones.

Los agentes detuvieron a un primer sospechoso, que reveló el nombre que se ocultaba bajo la firma de Yomis. Identificado y detenido como uno de los más activos miembros del grupo de grafiteros, fue interrogado por los agentes de la Guardia Civil, acto en el que se reconoció también como el joven que está detrás de SMC, llegando incluso a admitir que era el individuo que aparecía en una fotografía entregada por un empleado de Renfe haciendo una pintada con esas iniciales.

Con estos mimbres, la policía judicial comparó las características grafológicas de dos grafitis firmados con ambos sobrenombres (Yomis y SMC) aparecidos en las calles Río de la Pila y Prado San Roque de Santander, uno en el exterior de un cuadro eléctrico y otro en una pared adyacente, y llegó a la conclusión de que se trabajaba del mismo autor. Una vez individualizada la responsabilidad, los agentes detallaron todas las pintadas firmadas por el grafitero.

Toda la investigación se desarrolló por la vía penal, pero finalmente el caso fue sobreseido dado que este tipo de conductas habían sido despenalizadas, lo que no impidió que Renfe reclamara por la vía civil. La perjudicada únicamente ha podido exigir una indemnización por los daños causados por las pintadas que contienen el sobrenombre de Yomis y SMC, porque en los demás casos no se ha podido determinar la autorí del vándalo. Un perito valoró el perjuicio causado en 58.298 euros. Ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia número 2, Jaime Anta, ha estimado la demanda de Renfe y ha condenado a David G. F. a hacer frente a esa indemnización, además de al pago de las costas judiciales.

El juez subraya que, aunque el joven ha negado ser el autor de los grafitis, las pruebas en su contra son aplastantes. «El atestado policial, minucioso, detallado y amplísimo (131 páginas) contiene elementos de juicio suficientes para dar por cierta la discutida autoría», precisa la sentencia. Así, el magistrado recuerda que hay un testigo que le identificó, una fotografía suya pintando un grafiti SMC, una confesión del propio demandado y unas características de las pinturas que llevan a la Guardia Civil y a él mismo a identificar a David como al autor de la firma Yomis, apodo con el que además es conocido. Pero es que además el juez se apoya en una regla de oro entre los grafiteros: «Nunca se intercambian las firmas». Anta avala también la tasación de los daños reclamados por Renfe, porque la ha hecho un funcionario público, frente al técnico privado que informó para el demandado.

No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia de Cantabria.