El PP creará una oficina interna para vigilar y prevenir casos de corrupción

Con la caja B del extesorero del PP y exsenador por Cantabria Luis Bárcenas empezó la época más complicada y vergonzante del Partido Popular. Para impedir que la corrupción vuelva a contaminar sus siglas, la formación aprobará en su próximo congreso regional la creación de una Oficina del Cargo Popular, un órgano nuevo encargado de controlar internamente la veracidad de las declaraciones de renta, las actividades económicas, el patrimonio, los intereses y la gestión de sus cargos públicos y orgánicos a fin de detectar cuanto antes cualquier tipo de falsedad o práctica corrupta.

Así se recoge en la ponencia Política y de Reglamento, elaborada por María Luisa Peón, Isabel Urrutia, María Jesús Susinos y Javier Fernández, que los populares han diseñado con vistas a los próximos años. El objetivo último, como señalan en el texto, es el de «aumentar la confianza» y avanzar en la regeneración con más autocontroles. Para ello incorporan los conceptos de honorabilidad e idoneidad que deben ser escrupulosamente cumplidos por todos aquellos que accedan a un cargo público u orgánico. Asimismo, el PP pretende «endurecer» los requisitos que han de satisfacerse para poder formar parte de las listas electorales y fija una serie de mecanismos de alerta temprana para atajar la corrupción.

Así se implantará una suerte de examen de idoneidad que incluirá la declaración de actividades, la de bienes y patrimonio, así como un resumen de la última declaración de IRPF y patrimonio. Este documento deberá ser actualizado cada dos años y la negativa a firmarlo impedirá ser candidato, cargo público y orgánico. A ello habrá que añadir la cumplimentación de una declaración jurada dando fe de que no se está incurso en causa alguna de inhabilitación.

La Oficina del Cargo Popular se encargará de verificar estos datos y supervisar el cumplimiento de todos los requisitos para acceder al cargo. Conservará todos los documentos aportados y velará por el régimen de incompatibilidades. Este nuevo departamento estará integrado por entre tres y cinco personas que no podrán desempeñar cargo público ni orgánico alguno.

El código ético también prevé toda una serie de incompatibilidades para evitar que el cargo esté tentado de influir en una decisión donde pueda tener algún tipo de interés personal o que involucre a algún amigo o familiar. En el caso de existir conflictos de intereses, el PP señala que deberá haber una comunicación inmediata al Comité de Derechos y Garantías autonómico. También se debe informar de manera inminente en caso de apertura de «cualquier tipo de procedimiento judicial». En este caso, los dirigentes deberán poner el cargo a disposición del partido y será éste el que considere su permanencia en el mismo.

La ponencia establece además los principios a los que deberá someterse la contratación del partido y que serán los de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Otra de las cuestiones que el PP ha querido resetear en este proceso congresual son las cuentas del partido. Para votar en la primera vuelta ha sido necesario estar al corriente de las cuotas, lo que ha acercado más a la realidad el hinchado censo de militantes y simpatizantes.

Derecho a la vida

Los populares han puesto el énfasis en recuperar la relación con los movimientos sociales. La formación azul se autoerige como los portavoces de todas aquellas iniciativas que estén «orientadas a garantizar una mayor justicia y solidaridad». Todo ello, según su documento político, desde el centro reformista, que defiende la nación española y su profundo sentimiento regionalista, se identifica con el liberalismo como filosofía política y económica, se inspira en el humanismo cristiano y defiende el derecho a la vida. Un ideario con el que quiere «imponerse a las formaciones populistas que pretenden destruir lo construido y dividir», dejan por escrito en clara alusión a Podemos.