El Gobierno prevé aprobar en breve la nueva Ley del Suelo

Conocida popularmente como Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria, es con sus 343 artículos, probablemente una de las leyes más densas de esta legislatura y su principal objeto de estudio es el suelo rústico. Esta normativa permitirá en un periodo de dos años construir viviendas unifamiliares en este tipo de suelo sin ningún plan especial y serán los ayuntamientos los encargados de fijar un impuesto municipal sobre las construcciones previstas. La nueva ley permitirá edificar rápidamente con únicamente la licencia del municipio correspondiente. La polémica surge al incluir esta tasa municipal que se pagará una vez, en el momento en que el municipio solicite la licencia de obra y su cuantía variará entre el 3% y el 5%. Nuevamente serán los consistorios los que decidan qué porcentaje van a cobrar a los propietarios para acercar los servicios a sus parcelas. Se pretende así, distribuir racionalmente los suelos alrededor de los núcleos rurales y frenar la dispersión urbanística en algunas zonas de la región.

La espera de dos años responde a la necesidad de adecuar el nuevo plan a las necesidades que permitan construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Según el Gobierno, este nuevo protocolo será "más sencillo" que el actual, no ralentizará el proceso y "evitará trámites largos y costosos".

Nuevas medidas

El anteproyecto de ley, también incluye otras novedades, es el caso de incluir un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria, en el que se recojerán las distintas medidas de ordenación del territorio de la comunidad. A través de los certificados urbanísticos, los municipios informarán sobre las condiciones de la vivienda y del terreno edificable. También en materia de ordenación, se detallará el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), con el que se pretende regular la implantación de instalaciones industriales y de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública.

Dentro de las normas de distribución se admite la posibilidad, previa autorización, de ejecutar alguna instalación compatible en suelo edificable. Se introducen con ello medidas para la eficiencia energética y una "mayor flexibilización" de los distintos instrumentos de planeamiento, que ya comtempla la legislación estatal y figura en la norma de 2001.

Por otra parte, se fija en la cantidad de 5.000 personas el límite para el pequeño municipio. En caso de anulación se tendrán en cuenta planes urbanísticos de carácter transistorio. Por último, la normativa incluye una regulación de las actividades mineras en suelos no urbanizables, con el objetivo de la explotación de zinc en la antigua mina de Reocín.