Los municipios se rebelan contra Montoro para gastar los 70 millones paralizados en los bancos

El PSOE presentará mociones en todos los consistorios para exigir que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria, confirma Isabel Fernández, alcaldesa de Cabezón de la Sal. Los regionalistas tienen previsto apoyar estas propuestas, si bien ellos pidieron hace cuatro meses a la Federación de Municipios de Cantabria que se presionara a la Administración central para que permitiera gastar al menos el 50% del remanente, en la idea de que "es mejor la mitad que nada", explica Julián Fuentecilla, regidor de Soba. Según el PRC, al menos 45 ayuntamientos de Cantabria tienen paralizados en los bancos alrededor de 70 millones de euros, una cifra que está parada en las cuentas corrientes municipales cuando podría estar "dando soluciones" a muchas necesidades que los ayuntamientos torean a diario.

También el PP está en esta onda, si bien la apunta con prudencia para no desautorizar al todopoderoso ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El alcalde de Escalante, Juan José Alonso, se declara, primero, partidario del control que implantó Cristóbal Montoro y hace una lista de lo positiva que ha sido la Ley de Estabilidad. Y después reconoce que aquellos municipios que generan remanentes netos ("no extraordinarios", subraya) "y superado ya el momento más duro de la situación del país, deberían poder gastar con autonomía", aunque se siga mirando el destino de las inversiones. "Seguiría sin valer una que no vaya a ser sostenible", argumenta.

De hecho, en la FEMP, el PP se sumó la semana pasada a la resolución aprobada contra los Presupuestos Generales del Estado para 2017, un paso con el que cual ayuntamientos y diputaciones han instado al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que se permita el uso del remanente de tesorería acumulado y a que la contratación y ejecución de dicho sobrante se haga durante lo que queda de año y el siguiente.

Es decir, las entidades locales también aspiran a que el plazo para gastar los ahorros se amplíe. Porque este año trae un agravante incorporado para los municipios, ya que el periodo de contratación de nuevos proyectos todavía será más corto que ejercicios precedentes: los Presupuestos Generales no se aprobarán hasta junio, lo que podría significar que 2017 se quede en blanco porque no dé tiempo a tramitar las inversiones concretas.

La teniente de alcalde de Santander y responsable de las cuentas de la entidad local, Ana González Pescador, señala precisamente que "a veces es difícil afrontar las inversiones con poco tiempo" y que "estaría bien poder jugar con los plazos". Sin embargo, al tiempo es concluyente respecto a la posible relajación de la normativa: "Es correcto que la ley imponga una cuestión de orden presupuestario" porque, en su opinión, el Estado no se puede permitir "abrir la mano de forma general a que se produzca gasto. No sería responsable".

González Pescador tampoco está de acuerdo con la crítica que se hace al retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales y su efecto en el gasto del superávit. Cree que la protesta "es más política que otra cosa, porque los ayuntamientos todavía no han liquidado las cuentas y aún no podrían actuar". Santander todavía no conoce a cuánto asciende su remanente de 2016 (y González Pescador no quiere ni siquiera aventurarla "por rigor".

Protesta generalizada

Pero, en Cantabria, la protesta contra la rigidez de la norma vigente es generalizada. Los responsables locales se quejan de que la Administración central penaliza tanto al que cumple con la ley como al que no. Critican que los ahorros solo se puedan destinar a amortizar deuda bancaria o a inversiones sostenibles (quedan fuera aquellas que vayan a suponer gastos de mantenimiento en el futuro) y censuran que esta circunstancia se prolonga ya muchos ejercicios pese a que son las entidades locales las únicas cumplidoras con el déficit que marca Bruselas.

Además, cuestionan una legislación que, "si no te coge por un lado, te coge por otro. Si gastas, rápidamente entras en los parámetros de la inestabilidad", lamenta el responsable de Economía yHacienda del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega. Cargarse con la etiqueta de inestable presupuestariamente hablando no interesa en absoluto, porque supone que toda la gestión de las cuentas lleva una supervisión extra y es mucho más complicada.

Pérez Noriega considera que el Gobierno central "debe hacer alguna concesión, porque entre vigilar los desmanes del pasado y este férreo control tiene que haber un margen para la flexibilidad". El edil asegura que Torrelavega ronda actualmente "los nueve o diez millones de remanente (porque viene de atrás), mientras que la deuda está en los 2,9 millones". Esto significa que, si quisiera, la capital del Besaya podría amortizar su debe con los bancos en un año. "Pero no nos interesa, porque los préstamos están bien contratados y si cancelamos de forma anticipada pagamos comisiones".

También la socialista Isabel Fernández, regidora de Cabezón de la Sal, pone en cuestión los muchos límites de la ley. "El contribuyente ve que recaudas, pero también ve que luego no inviertes en él. Nos obligan a tener el dinero estancado. Entendemos que la Administración estatal pida gestión, aunque gestión no es tener el dinero parado. Por eso estamos reclamando que se levanten las restricciones: para un Ayuntamiento no hay nada peor que tener el dinero en el banco. Es injusto, porque los vecinos tienen muchas necesidades".

En la misma línea se pronuncia Julián Fuentecilla (PRC), que resalta que en los municipios pequeños, como Soba, "tenemos más superávit que deuda y somos los más necesitados de inversiones". A Fuentecilla le molesta que en la Federación de Municipios no se apoyara la propuesta del PRC para instar al Gobierno a permitir gastar el 50% del remanente y que se simplificaran los tráites a la hora de acometer las inversiones. "Creo que era una propuesta más que razonable. ¿Qué queremos, hacer cosas posibles o imposibles?" pregunta.

"Optimista y esperanzado"

Pese a que es consciente de lo que la ley está suponiendo para los ayuntamientos, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro (PRC), se muestra "optimista y esperanzado". Cree que al ministro de Hacienda no le quedará más remedio que "rectificar" sobre este asunto y acabará por dar cierta libertad a las administraciones locales para decidir en qué gastan sus ahorros. "Al final, se darán cuenta de que lo que pedimos es algo de justicia, que somos mayores de edad, que hemos demostrado que somos eficientes y que estas limitaciones no tienen sentido. Si los ingresos superan a los gastos, ¿qué motivos nos pueden seguir dando para atarnos tan en corto cuando la situación económica general está mejorando?".

Diestro, alcalde de Reocín, asegura que "en su momento, cuando se implantó la Ley de Estabilidad, quizá estas restricciones tenía un sentido, pero ahora mismo carece totalmente de él".