El Supremo abre la vía para que los municipios cobren a las eléctricas una tasa por los tendidos

A cuentagotas, pero el Tribunal Supremo se ha posicionado ya en distintas reclamaciones a favor de una veintena de municipios españoles que demandaban a las grandes compañías energéticas un impuesto por el uso del terreno donde se asientan las torres eléctricas o por donde transcurren las canalizaciones de gas. Los fallos del alto tribunal abren la puerta a que decenas de localidades hagan lo mismo y graven a las compañías eléctricas y de gas por la utilización del dominio público.

En la práctica se trata de un peaje por los terrenos municipales que sobrevuelan las líneas de distribución. Pero antes, los ayuntamientos deberán aprobar sus respectivas ordenanzas municipales en las que, entre otras disposiciones, se fije el tributo a pagar. Iniciativas que ya habían adoptado algunos ayuntamientos y que ahora ha avalado el Supremo.

El Alto Tribunal aceptó en diciembre que se valoraran como construcciones los tendidos eléctricos y las canalizaciones de gas y que se fijara el gravamen tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del mencionado uso. Es más, el tribunal sentenció que los ayuntamientos habían aplicado unos parámetros objetivos y proporcionados para determinar el impuesto.

El fallo ha sido recibido desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con los brazos abiertos y nada más conocerse las sentencias comenzó a redactar un documento con criterios generales y recomendaciones respecto a lo que suponen los fallos, así como las posibilidades que se abren a los ayuntamientos a la hora de redactar las ordenanzas correspondientes. Entre los consejos, esta asociación de entidades locales pide prudencia porque antes de elaborar la mencionada normativa es preciso efectuar un inventario de utilización de suelo, subsuelo y vuelo de las energéticas en el que consten, entre otros aspectos, los metros de ocupación. En paralelo también sería necesario un informe técnico y económico.

El lógico optimismo de las entidades locales contrasta con el también natural descontento de las grandes compañías energéticas del país que calculan que el roto les podría suponer un desembolso de unos 50 millones de euros.

Iniciativas municipales

En Cantabria, el PRC anunció ayer que promoverá en todos los ayuntamientos, a través de ordenanzas en aquellos que gobierna y mociones donde no lo hace, el cobro de tasas. Los regionalistas van a seguir así el ejemplo y los pasos seguidos por San Pedro del Romeral, único consistorio cántabro que cuenta ya con esta ordenanza fiscal, por la que viene recaudando desde 2013 más de 433.000 euros anuales a dos eléctricas, tras iniciar en 2011 un proceso que supuso una inversión global de las arcas locales de aproximadamente 100.000 euros.

El entonces alcalde, Pedro Gómez (PRC), hoy presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, explicó que el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral, siguió un proceso «largo y complejo», de varios años, para lograr recaudar la tasa. Tuvo que elaborar en primer lugar un informe técnico en el que se determinaban los terrenos de dominio y utilidad pública del municipio, y una orden de precios después, en función de los tipos de ocupación de las compañías en esos espacios (torres, centros de transformación, líneas áreas y subterráneas, etc). En el caso de San Pedro del Romeral, solo hay redes de Red Eléctrica España y E.on-Viesgo.

La Administración local contrató a continuación a un equipo de ingeniería para que realizara un inventariado de la ocupación de terreno por parte de ambas empresas, y calcular así los metros cuadrados, además de identificar «perfectamente» sus instalaciones, porque «no todo es monte público».

El objetivo de todos estos pasos, en los que ha contado con el apoyo y colaboración de un despacho de abogados de Madrid especializado en la materia, era evitar que las multinacionales recurran, para ganar así tiempo e incluso también el proceso. Una vez elaborados los estudios, se aprobó la correspondiente ordenanza en el Pleno municipal y se publicó después en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), para someterse así a información pública durante un mes, en el que no recibió ninguna alegación.

La norma quedó definitivamente aprobada en 2012 y entró en vigor en 2013, ejercicio en base al cual San Pedro del Romeral ingresó, con la liquidación efectuada en 2014, un total de 433.403 euros, de los que 231.136 euros corresponden a REE y 202.136 a Viesgo. Las mismas cuantías se ingresaron en 2015 y en los años sucesivos, con lo que este Ayuntamiento ha percibido desde entonces una «importante inversión económica», superior al millón de euros.