La Fiscalía pide prórroga para investigar la trama de los cursos de formación

La iniciativa policial, totalmente inusitada, fue ordenada por la Fiscalía de Cantabria y está relacionada con la investigación de la existencia de una supuesta trama corrupta en torno a esos cursos. Tras el golpe de efecto que causó el registro policial, la UDEF todavía sigue estudiando los miles de expedientes incautados y no ha remitido el informe de conclusiones que sirva de base a la Fiscalía de Cantabria para concretar el alcance de las indagaciones. Por eso, la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados, que lleva personalmente la investigación, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado una prórroga de las actuaciones antes de decidir si archiva el caso o lo judicializa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de seis meses de duración para las diligencias de investigación, prorrogable mediante oficio dirigido al Fiscal General del Estado. Es por eso que Jiménez Bados, en previsión de que agotado el plazo no disponga aún del informe de la UDEF, ha solicitado un aplazamiento.

La investigación ha pasado por varias fases, aunque siempre ha tenido como impulsora de las denuncias a la Academia Cossío, que lleva años en pleitos con la Administración por quedar excluida del reparto de los cursos. El centro acudió a la UDEF para denunciar supuestas irregularidades en la homologación de centros de formación para el empleo después de que un juzgado de Santander archivara su querella por un supuesto delito de prevaricación contra varios funcionarios del Servicio Cántabro de Empleo. Cossío había denunciado en el juzgado una supuesta trama dentro de la Administración para beneficiar a determinadas academias de enseñanza especializadas en cursos de formación en perjuicio de otras, hasta expulsarlas del sector. Después de investigar los hechos, el órgano judicial archivó la causa, una decisión que fue recurrida ante la Audiencia de Cantabria, que todavía no se ha pronunciado sobre el caso.

Dos academias más

Pero, el pasado mes de diciembre el centro de formación volvió a la carga y acudió de nuevo a la Unidad de Delincuencia Económica de Madrid para denunciar «hechos nuevos» relacionados con supuestas corruptelas dentro de la Administración en la homologación de centros de formación para el empleo.

A esa denuncia, se sumaron posteriormente los testimonios de otras dos academias, Gesfonor y Rutas 4x4. Tras de unas primeras indagaciones internas, la UDEF remitió un informe a la Fiscalía de Cantabria en el que estimaba que, al menos indiciariamente, se han podido cometer irregularidades. La fiscal superior abrió diligencias y ordenó a la UDEF la intervención de todos los expedientes del Emcan, encargado de homologar los centros y los cursos, y del Icass, competente para certificar las instalaciones, relacionados con la homologación de los centros de formación para el empleo, además de información sobre la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.