El juez procesa al empresario Santiago Díaz y a sus dos hijos por delito fiscal

El juez Luis Enrique García Delgado ha dado por concluida la instrucción del caso El Cuco de Piélagos, que investiga la existencia de una supuesta trama para defraudar más de 800.000 euros a la Hacienda Pública, y ha procesado a siete personas, entre las que se encuentra el empresario Santiago Díaz, propietario de uno de los grupos empresariales más importantes de la región, sus hijos Santiago y David, y el promotor inmobiliario mallorquín Antonio Benassar Gual.

El magistrado atribuye al mallorquín la autoría de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental, mientras que a los empresarios cántabros les señala como cooperadores necesarios del fraude. En el auto de transformación a procedimiento abreviado que equivale a un auto de procesamiento, el juez da traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, personado en la causa en representación de Hacienda, para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, lo que encamina a la familia Díaz hacia el banquillo.

No obstante, habrá que esperar a lo que resuelva la Audiencia Provincial de Cantabria, ya que Santiago Díaz ha recurrido el auto en apelación y ha pedido el sobreseimiento. El Abogado del Estado también ha impugnado la resolución judicial por dejar fuera del caso a un intermediario.

El juez sostiene que en agosto de 2013 Santiago Díaz y el empresario mallorquín Antonio Benassar, vinculado al sector inmobiliario, se concertaron para "eludir el pago del IVA a la Agencia Tributaria", y de común acuerdo diseñaron una serie de "operaciones ficticias" para generar IVA y compensarlo con lo que tenían que pagar a Hacienda las principales empresas del grupo (Ascán, Sadisa y Hormisa).

La investigación judicial partió de una denuncia presentada por Hacienda ante la Fiscalía de Cantabria en relación con la venta de la sociedad El Cuco de Piélagos por parte de Santiago Díaz al empresario inmobiliario en 2013. En ella, la Agencia Tributaria acusó a ambos de confabularse para eludir el pago del IVA a Hacienda, un fraude que cuantificó en 869.992 euros.

Concluida la investigación judicial, el magistrado García Delgado respalda la tesis acusatoria del Abogado del Estado. Según el juez, Santiago Díaz era propietario de la sociedad El Cuco de Piélagos, que tenía un patrimonio sano y sin cargas hipotecarias (35 fincas) y otro tóxico, 31 chalés, ubicados en Boo de Guarnizo, con una carga hipotecaria superior al coste y de difícil venta. El empresario cántabro quería deshacerse de las viviendas, por lo que redujo el capital de la sociedad y transmitió las fincas buenas a otras empresas del holding (Ascán, Sadisa y Hormisa), de manera que El Cuco de Piélagos se quedó únicamente con los activos tóxicos, las viviendas hipotecadas, que vendió después al empresario mallorquín al precio simbólico de tres euros, ya que se quedó con los créditos hipotecarios.

Esa operación de transmisión de bienes a las sociedades de Sadisa generó un IVA de 1,7 millones de euros, que Santiago Díaz tenía que pagar a Benassar y éste, a su vez, ingresar en Hacienda. Para acometer el pago, los procesados acordaron que Díaz entregaba 800.000 euros en pagarés al mallorquín y el resto se lo daba en obras, que nunca se realizaron. En noviembre de 2013, Benassar pasó a ser administrador único de El Cuco de Piélagos, pero cuando a los tres meses la sociedad presentó la declaración del IVA, en la que tenía que ingresar los 800.000 euros, el mallorquín eludió el impuesto porque, según sostiene el juez, lo compensó con una serie de facturas falsas procedentes de "operaciones de compra ficticias a través de entidades por él controladas", cuyos representantes han sido procesados también.

A la Inspección de la Hacienda cántabra todas estas operaciones le olieron muy mal y levantó un acta. Según el juez, fue entonces cuando Díaz, al ver que la Agencia Tributaria le pisaba los talones, sustituyó el pago del IVA con ejecución de obra por el pago mediante pagarés y "dar así la impresión de que Sadisa y su grupo de empresas sí tenían intención de pagar esa parte del precio de los inmuebles recibidos", pagarés que han quedado embargados.

Hacienda esperó a ver si Benassar liquidaba el IVA de la operación y, como no lo hizo, concluyó que desde el principio toda la operativa formaba parte de un fraude y acudió a la Fiscalía. También lo cree ahora el juez para quien todas las operaciones realizadas son "ficticias" y se simularon con la "única finalidad de beneficiar a las empresas" de la familia Díaz, que de esta manera "se podían deducir ficticiamente una parte del supuesto IVA soportado por esas sociedades". El magistrado sostiene que aunque técnicamente Benassar es el autor del delito y Díaz el cooperador necesario, en realidad "Benassar es el auténtico instrumento delictivo de Díaz, el que da sentido a toda la operación". Y aunque el presidente de Ascán pagó finalmente los 1,7 millones de IVA, dice que el último pago, cambiando la ejecución de obra por pagarés, lo realizó cuando las operaciones inspectoras estaban en marcha.