La renovación informática de la red sanitaria enciende las alarmas entre la plantilla

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) quiere reestructurar toda la informática de su organización en pro «de una mayor eficiencia», que pasa por «unificar lo que ahora está parcelado en cuatro gerencias distintas», la de Atención Primaria, de la que dependen los 43 centros de salud repartidos por la región, y las de los hospitales Valdecilla, Sierrallana y Laredo. Pero este plan «pensado para gestionar mejor los recursos y ganar en la calidad de las prestaciones», según la Administración, ha encendido las alarmas entre el personal del servicio de sistemas y tecnologías de la información de Atención Primaria, a quienes esta maniobra les resulta «cuanto menos sospechosa».

Basándose en esa impresión, el sindicato ATI se decidió hace unas semanas a sacar a la luz la amenaza de «una privatización encubierta». Una acusación que el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, interpreta como «el mayor insulto que me pueden hacer. A mí no me tiene que enseñar nadie a trabajar por la sanidad pública», responde ofendido. De hecho, juzga que «fue un error incluir la informática en el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla -decisión a cargo del Gobierno del PP-». Aclara que la reforma planteada ahora no esconde «en absoluto» un intento de privatización.

«Lo que ha salido a concurso es lo que ya estaba subcontratado anteriormente», refiriéndose a «la atención al puesto de usuario (los técnicos que acuden a los centros en caso de incidencia), que ahora se presta por personal externo, y el mantenimiento de aplicaciones». De lo que se trata, explica, es de «unificar para abaratar costes y mejorar la eficiencia. Todos los servicios de salud están funcionando como lo queremos hacer nosotros». Sin embargo, el equipo de informáticos afectados por el cambio duda de que el planteamiento con el que la Gerencia aspira a mejorar el servicio esté bien encaminado. Más bien, al contrario.

A su juicio, «nos están haciendo la cama». Para ello, «recurrieron a la empresa Consulting Everis, con sede en Bilbao, para que hiciera una auditoría de todo el trabajo que realizamos. En lugar de contratar más empleados públicos -no ha habido oposiciones desde 2007-, que es lo que necesitamos para poder cubrir el incesante incremento de actividad de los últimos años, se opta por la vía de la privatización. Claro que podríamos ser más eficientes si tuviéramos más medios, pero parece que eso no interesa», denuncian.

Crítica del personal

Están convencidos de que no se equivocan en sus especulaciones y de que «pronto se verá que por un servicio por el que ahora se pagan 175.000 euros al año, que es lo que se abona a una empresa que acude a resolver las incidencias o fallos informáticos que se dan cada día en los centros de salud (físicamente ese trabajo es imposible que le podamos asumir por falta de personal), se van a sacar dos concursos millonarios que incluyen funciones y tareas que actualmente hacemos nosotros».

Aunque no se atreven a aventurar la cifra, sostienen que «el de la gestión integral del puesto de trabajo y atención al usuario supera los 3 millones de euros», a los que habrá que sumar el desembolso previsto en el contrato del desarrollo de aplicaciones, «dejando en manos de una única empresa la gestión de todos los programas, eso es una aberración», critican los informáticos.

La plantilla actual, según los datos que aporta el SCS, la conforman 42 personas. Pérez aclara que esta reestructuración no implica «para nada» prescindir de ninguno de sus trabajadores, sino que «lo que haremos será repartirlos en cada una de las cuatro áreas en las que queremos reorganizar el servicio de informática: gestión de la demanda (atención al usuario), sistemas, seguridad y mantenimiento; desarrollo y mantenimiento de aplicaciones; y el área de planificación estratégica e innovación». Sostiene que, cuando el plan fue presentado a los jefes de sección y de servicio, «todos expresaron su conformidad. Lo único que nos pidieron es que esto tuviera un reflejo normativo para garantizar la estabilidad en el tiempo. Puede que haya dos o tres personas en desacuerdo, aunque no sé el motivo. Yo estoy dispuesto a recibirles para escuchar sus críticas».

En respuesta al ofrecimiento, los trabajadores que cuestionan las intenciones de la Gerencia dicen que «de sobra conocen nuestros motivos. Hemos enviado escritos tanto a la Consejería de Sanidad como al SCS». En ellos, expresan que se les ha ofrecido «la adscripción voluntaria» a esta unificación, «voluntariedad que no está reglada en ninguna regulación laboral del personal estatutario, por lo que su dudosa legalidad nos pondría en una situación de indefensión». Y no sólo eso, sino que interpretan como una «velada amenaza» las dudas sobre el cometido futuro de aquellos que «no se suban a este carro».