Más de 2.300 cántabros con cláusula suelo esperan sentencia judicial

En sólo seis meses el juzgado especializado en cláusulas suelo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, ha recibido 2.500 demandas de toda la región sin que el ritmo de entrada haya disminuido. Ante semejante avalancha, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido que durante los próximos seis meses sólo entren en el juzgado los asuntos relacionados con las cláusulas abusivas de las hipotecas, quedando exento del resto de causas civiles que hasta ahora también recibía. Con ello se pretende evitar el colapso del órgano especializado, que en diciembre llegó a ingresar 200 reclamaciones en tan solo una semana.

Aunque la medida es temporal, podría prorrogarse por otros seis meses «si la intensidad de la entrada se mantiene», señala el juez decano de Santander y titular del juzgado, Jaime Anta.

El nuevo plan de especialización del CGPJ para afrontar las demandas individuales contra las cláusulas suelo, entre otros productos bancarios, entró en vigor el 1 de enero, y sustituye al que se puso en marcha el 1 de junio, con la especialización de 54 juzgados de primera instancia en toda España, uno de ellos en Cantabria, que desde entonces ha recibido 2.500 reclamaciones, de las que ha resuelto 210 (156 por sentencia y el resto mediante auto). Eso significa que cerca de 2.300 cántabros afectados por estos abusos de la banca están a la espera de obtener una respuesta judicial.

Anta subraya que el nivel de resolución en Cantabria es «muy alto, vamos a velocidad de crucero». De hecho, el juzgado está señalando audiencias previas y juicios para primeros de abril, cuando en otras provincias, como en Castellón, se está señalando a más de un año vista.

Hasta ahora, el justiciable solo tiene que esperar cinco meses para obtener una sentencia. «Las demandas que entraron en junio tenían sentencia en noviembre», señala el decano. No obstante, para mantener este ritmo de resolución se necesita un cuarto juez, avisa Anta. «Ahora mismo el juzgado está respondiendo muy bien a las mil primeras demandas, pero está por ver qué pasará en el segundo tramo de 2.000 y luego en el tercero de las 2.500», comenta el magistrado, que reconoce que «la cercanía de un procedimiento a otro hace que la respuesta pueda seriada», es decir, que las resoluciones sean iguales. No obstante, aclara Anta que «quedan muchas cuestiones nuevas» que resolver, que requieren trabajo y un estudio minucioso.

Anta pone sobre la mesa una cuestión puramente matemática. Explica que si cada juez dicta una media de 300 sentencias al año, tres magistrados pondrán 900, una cantidad muy alejada de las 2.500 demandas que se han recibido entre junio y diciembre.

Desde finales de noviembre el juzgado de cláusulas suelo cuenta con tres jueces para atender estas demandas. Hasta entonces, el juzgado venía funcionando con el titular del órgano, el magistrado decano, Jaime Anta, y con una juez de apoyo, Sofía Sánchez. Ambos atendían al cincuenta por ciento los asuntos registrados en el Juzgado número 2 (demandas de carácter general) y en el bis (las que versan sobre cláusulas suelo y similares).

Pero ante el volumen de litigios ingresados, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), a petición del decano, acordó reforzar con un juez más este órgano, de manera que el presidente, José Luis López del Moral, adscribió a la juez Cristina Rodiz -de adscripción territorial- al Juzgado bis. Sin embargo, Anta cree que no es suficiente y, aunque no quiere parecer pedigüeño, ha solicitado el apoyo de un cuarto juez. «No es una razón caprichosa. Más de la mitad de la entrada patrimonial de Santander llega a este juzgado», argumenta.

La decisión corresponde de nuevo a López del Moral. El presidente asegura que «la previsión del cuarto juez está en cartera, aunque estamos a la espera de ver la evolución del rendimiento de los tres jueces», una vez que al Juzgado le han quitado del reparto las causas que no sean cláusula suelo. En este sentido, el máximo responsable de la Justicia en Cantabria señala que, tras el elevado registro de asuntos, «ahora tenemos que saber cuál es la ratio de productividad al mes en función de la dificultad de los casos», de manera que «hasta finales de febrero» no se decidirá si se refuerza el juzgado.

Entre las medidas de refuerzo que ha pedido Anta se encuentra también la asignación de un nuevo letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial), aunque aquí tropieza con un hueso duro de roer, el Ministerio de Justicia, que «en toda España racanea con los letrados», se queja. Anta contrapone esa actitud con la de la Consejería de Justicia, que ha dotado al juzgado con una plantilla casi completa.