249 solicitantes de dependencia murieron el año pasado en la región sin ser atendidos

Son datos que no coinciden con los que maneja el Gobierno autonómico, empezando por la propia financiación del sistema, para el que Cantabria no solo no disminuyó su inversión, sino que la aumentó en más de siete millones en 2023, como asegura el director general de Dependencia, Eduardo Rubalcaba: «Discrepamos de cómo se han analizado y expuesto los datos que se ofrecen. Los nuestros son radicalmente opuestos».

Incluso la cifra de fallecidos a la espera de que se resolvieran sus solicitudes de dependencia requiere una explicación: «En Cantabria tardamos 173 días en emitir las resoluciones de grado de dependencia y de prestación o servicio, cuando la media de España es de 324 días; nosotros estamos dentro del plazo legal, que es de 180 días, un dato muy importante que indica la calidad del procedimiento de resolución que existe en Cantabria», apunta Rubalcaba. «Se habla también del fallecimiento de 249 personas en lista de espera, pero no se dice que todas ellas estaban dentro del plazo de resolución del grado y la prestación; otra cosa es que hubieran fallecido cumplido ese plazo. También hay que decir que desde 2022 se experimenta un descenso en el número de fallecimientos respecto a años anteriores».

El responsable regional de Dependencia tampoco admite el descenso en el número de personas atendidas que, según el informe, se ha reducido en 387. «Todo lo contrario: en 2023 el total de beneficiarios con prestación fue de 17.538, frente a los 17.408 del año anterior, lo que supone 130 personas más respecto a 2022», argumenta Rubalcaba. También desmiente el retroceso en el número de servicios y prestaciones. «Nada más lejos de la realidad: en 2023 se han concedido 27.943, cuando en 2022 fueron 27.418, lo que supone un incremento de 525».

Otro tanto sucede con la supuesta merma de determinados servicios. «Son datos que están publicados y al alcance de cualquiera en la web del Icass (Instituto Cántabro de Servicios Sociales): en la atención residencial hay 39 plazas más; en ayuda a domicilio, 17 servicios más; en centros de día, 83 más; en teleasistencia, 322; en prestación económica vinculada al servicio -una de las últimas prestaciones que se han puesto en marcha-, 97 más... Debo rechazar rotundamente los datos del Observatorio, son totalmente erróneos. Se indica, por ejemplo, que se han perdido más de 400 plazas en residencias: el número de residencias en Cantabria no ha variado en este último año, y el número de plazas concertadas en ellas ha aumentado. Tenemos todas nuestras residencias prácticamente completas, y no hay listas de espera salvo en un par de ellas. Es completamente imposible haber reducido en más de 400 plazas el servicio. De hecho, se han incrementado en 39», detalla Rubalcaba.

«En 2023, en Cantabria se han recibido 712 solicitudes más que en 2022 para el reconocimiento del grado de dependencia, y hemos emitido 654 de estos reconocimientos más que en 2022. Son datos que están en la página web y que cualquiera puede consultar», continúa.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, autora del informe, nació en 1994 «para responder a las demandas de modernidad, racionalidad, eficacia y calidad de un sector en desarrollo como los servicios sociales», como ellos mismos indican.

La asociación cuenta con delegaciones en las comunidades autónomas y agrupa a más de doscientos profesionales -como trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos o educadores-, con experiencia en el sector y que ocupan puestos de responsabilidad.

«No puedo hacer una valoración de este Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia porque no entiendo cómo se han analizado, tratado y estudiado los datos que ofrece la estadística del sistema. No lo puedo valorar porque no he participado en él, pero sí puedo decir que tiene bastantes errores», concluye Rubalcaba.

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