Más de 25.000 empresas deben implantar el control horario a partir del domingo

La entrada en vigor de la nueva legislación, que tiene por objeto poner fin al trabajo extra que no se paga ni se cotiza, afecta en Cantabria a algo más de 25.000 empresas, que afrontan «con incertidumbre» la situación por «los muchos bandazos que se han dado en este ámbito en los últimos tiempos» y por la falta de concreción en la redacción del decreto ley que lo sustenta, que deja «tan abierta» su aplicación que genera «dudas» entre los empresarios. Así lo refleja Juan José Rodríguez, responsable del Departamento Jurídico y Relaciones Laborales de CEOE-Cepyme.

Por ejemplo el mecanismo que utilice el empresario para llevar este control horario es libre: desde hojas de firmas en las que se anoten la entrada y salida de los empleados a sistemas para fichar con tarjetas u otros soportes, pasando por dispositivos biométricos, en los que se utilice la huella dactilar o el reconocimiento facial, y hasta aplicaciones móviles.

«Al no establecerse un sistema concreto y particular, la pregunta que se hacen las empresas es ¿cómo hacemos este registro? Las grandes compañías es algo que ya tienen superado, porque llevan haciendo controles horarios desde hace tiempo, pero el tejido empresarial de Cantabria se basa en empresas pequeñas o muy pequeñas -el 95% tienen menos de diez trabajadores-, que todo apunta a que quizás tendrán más problemas a la hora de adaptarse o de conservar todo ese material durante cuatro años, tal y como establece la reglamentación», reflexiona Rodríguez.

Aunque el «principal» problema es cómo se ha realiza el control de los empleados que realizan buena parte del trabajo fuera de las instalaciones, que viajan con frecuencia, que efectúan parte del mismo en distintas sedes o aquellos que tienen la opción del teletrabajo. «Es el aspecto que más dudas genera y donde se pueden plantear los principales problemas», apunta el representante de la CEOE. «Los que acuden todos los días al mismo puesto de trabajo fichan con el sistema que establezca la empresa y punto. ¿Pero que hacen las empresas con todo ese colectivo de trabajadores que entran y salen permanentemente o que, incluso, no pasan por sus puestos de trabajo?», se cuestiona Rodríguez. Una pregunta sin respuesta, porque el decreto ley publicado en el BOE el pasado 12 de marzo contempla supuestos especiales «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran», como podrían ser los casos citados, pero no se concretan ni explican.

Estos condicionantes llevan a Ana Cabrero, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Cantabria, a rechazar esta legislación. «Es una traba más. Dejemos claro que estamos a favor de que se cumplan las jornadas laborales y los contratos, pero esta nueva imposición en la era digital, del teletrabajo y de la movilidad sólo es una traba añadida para el empleador, que tendrá que perseguir a sus empleados para cumplir con la ley», sostiene. «¿Qué pasará cuando al trabajador se le olvide fichar?», se pregunta. Cabrero añade que existe «preocupación» en el sector. «Los autónomos con dos trabajadores que desarrollan su actividad mano a mano con sus empleados no entienden bien cuál es el fin de ponerles una nueva obligación más propia de sectores concretos y de otra época», señala la responsable de ATA, que niega que la medida pueda ser «efectiva».

Pero a partir del lunes no quedará más remedio que aplicarla: aquellas empresas que no realicen ese control horario se arriesgan a multas que van desde los 626 a los 6.250 euros, según el número de trabajadores o el volumen de negocio, tal y como establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para incumplimientos graves de las normas en materia de jornada laboral.

El decreto ley aprobado por el Congreso de los Diputados tiene por objeto poner fin al trabajo extra que no se paga -cada semana de 2018 se hicieron 6,4 millones de horas extra-, que supone un fraude para las arcas públicas, ya que no se cotiza a la Seguridad Social ni se declara a Hacienda, y para los empleados, que hacen jornadas laborales mayores de lo estipulado sin cobrar por ello; garantizar el derecho a la desconexión digital -no tener que responder ni correos electrónicos, ni WhatsApps, ni llamadas fuera del horario laboral-; y asegurar que entre jornada y jornada haya un descanso mínimo de doce horas.

Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CC OO en Cantabria, declara que es «una medida muy positiva» que su sindicato venía reclamando «desde hacía mucho tiempo, porque nos parece un método para controlar y evitar la precarización del mercado de trabajo». Explica que la nueva normativa afecta «a dos elementos esenciales en la relación laboral: el tiempo de trabajo y las cotizaciones» y detalla que va a ser «muy útil» para «el control de las horas extraordinarias, porque se ha demostrado que muchos trabajadores de ciertos sectores, la hostelería por ejemplo, trabajan realmente bastantes más horas de las que realmente figuran en sus contratos, lo que influye en sus cotizaciones y sus derechos».

En los mismos términos se expresa Julio Ibáñez, secretario de Empleo de UGT en la región. «El control de la jornada es una antigua reivindicación sindical, no es nada nuevo. Estamos a favor de su implantación porque en España tenemos un problema con las horas extras, que ni se pagan ni cotizan y que sirven para hacer competencia desleal». Ibáñez admite que, frente a «las ventajas» que supone para los trabajadores, a las empresas pequeñas puede provocarlas «dificultades» implantar un sistema de registro «que sea fiable, cumpla la ley y permita el control por parte de la Inspección de Trabajo».

El más crítico con la nueva medida es el sindicato USO, que considera que el Decreto Ley es «una chapuza jurídica realizada con absoluta precipitación y con fines exclusivamente electoralistas», según refleja Mercedes Martínez. La secretaria general considera que «esta oleada de decretos» aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones generales «tienen en común que van a producir una alta litigiosidad». «Dejar tan abierto la aplicación de la nueva ley y al albur del empresario en la mayor parte de las empresas de este país, que son las pymes, no será eficaz para abordar el control de horas extras ni la reducción de contratos en fraude de ley», destaca. En definitiva, entiende que la medida «va a producir efectos no deseados y una confusión general que tendrá que ser solventada en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, va a generar problemas en vez de resolverlos».

USO está «a favor» del registro horario, pero «no con el modelo de negociación impuesto. La primera medida que debe tomarse es el refuerzo de la Inspección de Trabajo y si se regula el registro de la jornada debe hacerse con pautas marcadas».

Rodríguez alerta de que este control puede «chocar» con algunos de los derechos de los trabajadores -a la intimidad, a la protección de datos...- cuando se apueste por teléfonos móviles o sistemas de geolocalización en el caso de los empleados que desarrollen su labor fuera de su lugar de trabajo. «Ahí se puede plantear otro tipo de conflicto». Por ello, desde la CEOE se recomienda a las empresas «negociar muy bien» con la representación legal de los trabajadores la forma en que se va a efectuar el registro. «La normativa permite que el sistema se decida mediante negociación colectiva que, para nosotros, es la mejor forma de realizarlo. Y así nos han transmitido que se está haciendo desde distintas empresdas», apuntan desde UGT y CC OO.