Secciones
Servicios
Destacamos
Manuela tiene 63 años, un libro de Agatha Christie y una enfermedad degenerativa. Ve las ciudad desde su soleada habitación del hospital Marqués de Valdecilla. Hace un par de semanas estaba unas plantas más abajo, con una traqueotomía y conectada a una máquina para respirar. ... Cuando regresó a las alturas, sinónimo de mejoría no siempre real, lo primero que dijo a sus enfermeros fue: «No volváis a bajarme allí». Con la segunda crisis grave, insistió: nada de UCI. Pero cuando su cuerpo se rebeló por tercera vez, fue ella misma la que pidió que la atendieran de nuevo los especialistas de la planta más 'oscura'. Después se quedó inconsciente. Si su médico no la hubiera escuchado y hubiera atendido al Registro de Voluntades Previas (RVP) firmado por Manuela, siguiendo sus indicaciones para no recibir tratamiento, ella no estaría hoy mirando al horizonte, sino muerta.
El nombre de Manuela es ficticio. Su caso no. Es una de las múltiples encrucijadas que se plantean entre normativa y realidad. Una normativa que, en el caso de Cantabria, tiene más de documentación vacua que de procedimiento útil.
Desde que el RVP se puso en marcha en nuestra comunidad han pasado 12 años y se han inscrito 3.005 personas. Han cambiado los tratamientos, las patologías y hasta el perfil de la población, pero el documento no. ¿Sabría usted explicar en qué consiste la alimentación mediante gastrostomía? ¿Y la sedación paliativa? Seguramente no, y sin embargo, serán dos de las actuaciones sanitarias que deberá cumplimentar con un escueto sí o no para que le sean aplicadas o retiradas cuando ya no pueda valerse por sí mismo. Porque en eso consiste el Registro de Voluntades Previas, en respetar la «autonomía del paciente» y su derecho a morir de forma digna, eligiendo, eso sí, con un simple formulario.
Cualquiera, usted mismo, ahora, mientras lee estas líneas, puede acceder al portal donde la Consejería de Sanidad recoge la documentación relativa al RVP y en apenas diez minutos, leerlo y completarlo. Le llevará un poco más de tiempo encontrar a una persona (ni familiar, ni pareja, ni relacionado hasta segundo grado) que quiera ejercer como su Representante, pero probablemente acepte, porque tampoco recibirá más información que la suya y puede que no sea consciente de lo que esto implica.
Como explica Alejandro González- Castro, médico en la Unidad de Cuidados Intensivos de Valdecilla y Diplomado Internacional Superior en Bioética, «Si tu representante lo dice, se te va a mantener con vida aunque tú hayas pedido lo contrario» y esa es una responsabilidad que, a su juicio, no se puede trasladar a las familias, ni para bien, ni para mal. «La consideración de futilidad de un tratamiento, y por tanto su retirada, correspondería al médico. No actuar así, podría desencadenar una carga cruel e inadmisible para la familia».
Hace poco más de diez días fueron las familias de Maribel Tellaetxe y de Luis de Marcos quienes se presentaron ante el congreso. Llevaban con ellos más de 273.000 firmas solicitando la legalización de la eutanasia, un concepto que suele confundirse con la ausencia de soporte vital. No es lo mismo tener un tratamiento (o no tenerlo) que acelere el desenlace de una enfermedad terminal, que recibir un medicamento que cause la muerte. Maribel pidió que no la mantuviesen con vida cuando el Alzheimer pudiera con ella. Redactó su documento de últimas voluntades. Pasó los últimos años en en una neblina permanente en la que ya no se valía por sí misma. «Al final qué estamos haciendo. ¿Mitigar el dolor, y mantener un cuerpo sin vida tumbado en una cama? Qué sentido tiene», se pregunta su hijo. Luis ni siquiera llegó a este trámite; la esclerosis venció. Maribel murió este jueves.
Entre autonomía y anarquía puede marcarse una línea muy fina cuando no se establecen pautas adecuadas. Una de las enfermedades contempladas que pueden llevar al paciente a decidir que no se le reanime ni se le administre tratamiento alguno para alargar su vida, es el «cáncer diseminado en fase irreversible», esto es; un tumor con metástasis. «Si te dan ese diagnóstico y no te explican nada más, pensarás que te vas a morir y eso te puede llevar a pedir que no te reanimen ni te administren tratamientos de soporte vital», dice González-Castro, antes de poner como ejemplo al mediático ciclista Lance Armstrong, víctima de un cáncer testicular con metástasis, «ese mismo caso», pero tratado y del que se recuperó con normalidad. También el SIDA, que a día de hoy se trata aparece en esa lista de enfermedades definitorias así como «otras», abriendo un amplio espectro de posibilidades sanitarias sin concretar, en un campo tan necesitado de concreción como la Medicina.
El puente hacia esa muerte digna o al menos hacia esa decisión reflexiva, pasaría por una atención individualizada que comenzase en el Centro de Salud. Ese espacio donde cada persona siente la confianza suficiente para expresar al médico de cabecera, «su» médico, los miedos y dudas que le atenazan ante determinadas palabras. Conocida la enfermedad, su evolución y consecuencias, el paciente tendría las herramientas adecuadas para posicionarse sobre su propio futuro. Siempre contando, como explica González-Castro con que «la palabra que tiene que ir en mayúsculas es incertidumbre; el médico que asegure algo al 100% o no sabe lo que dice o no está valorando todas las opciones», sentencia.
El equipo formado por el doctor González-Castro y la doctora Patricia Escudero-Acha ha conseguido ser el epicentro de la bioética en este país en lo referente a la Medicina Intensiva. Desde hace un año trabajan en el ADENI-UCI: Análisis de las decisiones de no ingreso en unidades de cuidados intensivos como medida de limitación de los tratamientos de soporte vital. Esto se traduce en la recopilación de datos de las unidades de Medicina Intensiva de 65 hospitales de España.
Quieren saber cómo se decide qué pacientes ingresan en la UCI y cuáles no, en función de criterios como la edad, la calidad de vida post tratamiento o las posibilidades de que surta efecto, entre otras.
«La respuesta ha sido brutal», exponen. A día de hoy cuentan con más de 2.100 perfiles registrados y esperan superar los 2.500 al finalizar esta primera fase. Como dato; el Ethicus, el principal estudio de similares características a nivel europeo, cuenta con algo más de 4.000 registros y llegó a coordinar 37 UCIs en 17 países diferentes.
«Lo primero que nos llamó la atención -indican- es que la mortalidad tras no ingresar en UCI 'solo' es del 60%. El enfermo se queda en planta, recibe allí el tratamiento, que es distinto; no hay respiración asistida, por ejemplo, y el 40% sobrevive y se va de alta a su casa»
Terminado el periodo de recogida de datos, entre los que aparece el número de camas de cada unidad, la hora de ingreso, la edad del facultativo, el apoyo de residentes o psicólogos... llegará el momento de sacar conclusiones. El análisis estadístico se hará en colaboración con la profesora Inés Gómez Acebo y el resultado será una guía que ayude a entender cómo se aplican determinados tratamiento y qué consecuencias tienen esas decisiones en la vida (y la muerte) de los pacientes.
Respecto a la situación de Cantabria, pionera en la gestión telemática de estos documentos, indica que «queda mucho por mejorar». Pone como ejemplo el caso del sistema sanitario andaluz, donde existe un manual de 88 páginas que explica en qué consisten todos los procesos, desde una traqueotomía a una transfusión o un acceso vascular. O Cataluña, donde se está implantando un modelo en el que a los pacientes crónicos se les hace una hoja de ruta para saber qué hacer si su enfermedad se complica y hasta dónde puede llegar con el tratamiento con personal específico que hace de enlace.
Coincide con esta valoración José Antonio García Del Río, médico en el Centro de Salud de Isabel II: «Es donde más y mejor se podría hacer por la calidad de la relación; es menos fría, más cercana y conoces al paciente. Debería recaer ahí como algo natural, una parte más del trabajo de un médico o una enfermera de familia»
En su caso, nunca se ha encontrado con la necesidad de aplicar las voluntades recogidas en el documento, aunque sí ha tenido que afrontar posiciones encontradas, en muchos casos, venidas de «un familiar desligado, que cuestiona las decisiones del médico, que son tendentes a paliar y reducir el dolor y están más cerca de la persona que ha estado acompañando al paciente».
Reconoce que el cambio fundamental debería llegar desde la propia concepción del hecho «Nuestra cultura es muy negacionista en torno a la muerte. En la anglosajona el médico está casi obligado a decir al paciente el tiempo que le queda de vida» y menciona que incluso el lenguaje tiende a minimizar las situaciones «Tiene usted un mancha y vamos a estudiarlo», cuando ya está claro que se trata de un tumor, ejemplifica.
Personalmente no recuerda que nadie le haya preguntado ni por el registro ni por las opciones a la hora de enfrentar la muerte. Sin embargo sí que lo escucha de forma más habitual entre amigos o familiares, con esa frase tan habitual de: «si me pasa algo así, a mí no me dejes enchufado a una máquina».
Finaliza señalando que el médico, que se maneja «en un territorio difícil», debería ser «compasivo por naturaleza». «Es una profesión -añade- dirigida a mejorar, curar, cuidar, aliviar...No es de recibo que haya alguien tan desnaturalizado como para buscar las vueltas a un paciente y criminalizar que en lugar de vivir 48 horas, viva 24 pero sin dar alaridos de dolor».
El único requisito exigido para formar parte del registro es ser mayor de edad y estar en posesión de plenas facultades mentales. La inscripción puede hacerse ante un notario o ante tres testigos, que no pueden tener relación de parentesco ni relación laboral, patrimonial, matrimonial o afectividad con el otorgante. El coste es gratuito y el plazo máximo para recibir respuesta es de tres meses tras haber entregado la documentación en el Registro de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, en Santander.
El paciente puede cumplimentar, a mano, un apartado en el que se recogen los valores vitales a tener en cuenta que apoyan sus decisiones y escoger entre la aplicación o no de actuaciones sanitarias como las transfusiones de sangre, la hidratación por suero, la sedación paliativa o la reanimación cardiopulmonar, así como la donación de órganos, tejido o cuerpo completo, si bien, en ningún caso se detalla en qué consiste cada una de estas opciones.
El documento exige la respuesta de las mujeres embarazadas en el momento de alguna de la situaciones citadas, que deben especificar si el documento debe quedar en suspenso hasta después del parto, siempre que haya garantías de que su estado clínico no afecte al feto.
Existe, además, un documento específico para los testigos de Jehová, en el que se recoge una mención a su convicción religiosa respecto a la cual, obedecen al mandato bíblico de «abstenerse de sangre» (Hechos 15:28,29) e informado de «los peligros y riesgos implícitos de las transfusiones de sangre y hemoderivados», decide evitarlos y «asumir los riesgos que pudieran derivarse de la elección de tratamientos alternativos no sanguíneos», negándose a recibir transfusiones de sangre «aunque los médicos las consideren necesarias para la conservación de su vida o su salud», pero aceptando el resto de tratamientos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.