Más de 3.200 empresas podrán pedir la ayuda directa regional para paliar los efectos de la guerra

En total, la línea de ayudas asciende hasta los 11,8 millones de euros, que se repartirán en paquetes de no más de 35.000 euros en función de distintos criterios para compensar las pérdidas y sobrecostes. Como ha explicado el consejero de Industria, Javier López Marcano, de forma excepcional la aportación pública podrá ser del doble (70.000 euros) cuando una misma empresa está incluida en más de una de las categorías. Por ejemplo, si una factoría ha sido golpeada por el incremento de la factura para mantener su producción y a la vez tiene problemas para la exportación de bienes y servicios a la zona del conflicto.

Aunque hasta el 1 de septiembre no se publicará el decreto al completo en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Ejecutivo regional, que ha aprobado est jueven en Consejo de Gobierno el texto, compareció para explicar los principales detalles de esta línea de ayudas y las condiciones que deben reunir los solicitantes, que tendrán todo el próximo mes para presentar la documentación. Sodercán, dependiente de la Consejería de Industria, se encargará de la tramitación de los expedientes. López Marcano promete que todo se hará por un procedimiento telemático «sencillo» a través de la página habitual de ayudas de la empresa pública.

Tienen cabida las empresas a las que les han cancelado contratos o que cuyas ventas están comprometidas en Ucrania, Rusia y Bielorrusia –estos tres países son los que presentan más dificultades para el mantenimiento de las relaciones comerciales en el último medio año–, las que no están recibiendo suministros para mantener su actividad y las que se duelen del incremento de los costes de la energía. Es decir, prácticamente todas.

«Somos conscientes de que es una medida paliativa porque nadie sabe qué evolución va a tener la situación que estamos viviendo. Cada día hay más voces pesimistas en cuanto a que en otoño e invierno vamos a ver más restricciones por parte de Rusia al suministro de gas y el precio del petróleo tampoco tiene pinta de que vaya a bajar su precio. No sabemos si esta enfermedad va a derivar en metástasis o será una tormenta que va a acabar pronto», aseguró el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que dejó abierta la puerta a incrementar de forma paulatina los 11,8 millones de euros que se han movilizado en este primer momento.

Por el momento, hay seguro esos 11,8 millones de euros, a repartir entre tres categorías de empresas. En la primera, la dedicada al sector industrial manufacturero, cuyo diseño ha contado con la Consejería de Medio Rural para incluir al sector agroalimentario, hay 890 potenciales beneficiarios. El requisito principal es que tengan contratada una potencia eléctrica mínima de 13,5 kilovatios y la cuantía de la subvención será de 250 euros por trabajador, hasta ese máximo general de 35.000 euros. Aquí hay 66 empresas que a la vez se dedican a la exportación y para las que el techo de la ayuda se incrementa hasta los 70.000 euros. Quedan excluidas las compañías y autónomos del sector primario y pesquero porque ya han tenido sus propias líneas de ayudas a través del departamento que dirige Guillermo Blanco. Según detalló Marcano, de los 890 posibles beneficiarios, 390 tienen menos de diez empleados, 385 entre diez y 49 asalariados y el resto son de mayores dimensiones.

El segundo bloque es el del sector del transporte. Aquí la condición es que figuren en el Registro de Empresas y Actividades del Transporte (REAT) del Ministerio. Podrán tramitar las ayudas el transporte de mercancías por carretera, el de viajeros, los taxis y los vehículos con conductor. No el transporte urbano ni escolar. Y el importe dependerá del tipo de vehículo que tenga cada sociedad en funcionamiento y el volumen de la flota. Hay 700 euros por vehículo pesado y autobús o 300 euros por vehículo ligero o taxi. El censo actual está formado por 1.413 vehículos ligeros, 4.812 pesados, 253 autobuses de líneas regulares, 470 taxis y 184 VTC.

En el caso de las empresas exportadoras –el tercer sector–, la exigencia es que el volumen de relación comercial con Ucrania, Rusia y Bielorrusia supere los 20.000 euros de importe. Si va de esa cantidad a 50.000 euros tendrán una ayuda de 5.000 euros, y a partir de ahí se incrementará de forma progresiva en cuatro tramos. En esta categoría, Sodercán espera recibir 66 solicitudes.

¿Y cuándo llegará el dinero a las cuentas corrientes de los beneficiarios? «Como decíamos de niños, vamos a ir a todo meter. El año se acaba y el ejercicio presupuestario también», respondió el consejero de Industria. Le apoyó el vicepresidente Pablo Zuloaga, que entiende que este apoyo económico llega en el mejor momento, cuando las empresas recuperan toda su actividad tras las vacaciones y «cuando más falta hace».

Se trata de unos fondos extraordinarios. Es decir, es un dinero que no figuraba en el Presupuesto del Gobierno de Cantabria y que se ha tenido que improvisar sobre la marcha a raíz de la circunstancia sobrevenida de la guerra de Ucrania. Por eso, como el resto de medidas del Plan de Choque regional para hacer frente a las consecuencias del conflicto –en total 35 millones–, se ha extraído de partidas que sí estaban programadas. Según Zuloaga y Marcano, ha sido el buen hacer de la consejera de Economía, Ana Belén Álvarez, lo que ha permitido rescatar el dinero sin suprimir ni reducir ninguna partida. Procede del «ejercicio financiero» que ha hecho este departamento y, sobre todo, de la revisión de los intereses de la deuda previstos para este 2022. «Había una previsión en el cálculo inicial. Se ha demostrado que había una sobredotación de las partidas de intereses y se ha podido habilitar esta partida», detalló el vicepresidente.

«Otras muchas comunidades autónomas anunciaron ayudas como esta, pero no tantas hemos llegado a aprobarlas en Consejo de Gobierno. El Gobierno de Cantabria cumple con hechos. Pasa de las palabras a los hechos», ha presumido el socialista, que entiende que estos 11,8 millones de euros van a permitir mantener la actividad y competitividad industrial de las empresas. Y de forma indirecta, favorecerán que no decaiga el ritmo de crecimiento y de creación de empleo «que venimos viendo cada vez que se publica una Encuesta de Población Activa (EPA)».

Los 35 millones de euros restantes del Plan de Choque se han destinado a diversas acciones. Desde incrementar un 15% el importe de la Renta Social Básica, pasando por la ampliación del bono social térmico o la reducción de tasas autonómicas por 3 millones de euros, hasta los esfuerzos de acogida de refugiados ucraniamos y su atención sanitaria y educativa. También a la revisión de los precios públicos (4,8 millones) para que no se paralice la obra pública por el incremento de precios de materiales y distintas líneas de crédito para empresas del Instituto Cántabro de Finanzas.