Los 6.891 incendios de la última década queman una quinta parte de Cantabria

Las autoridades regionales tienen perfectamente estudiada la radiografía del fuego. En esta última década, se han registrado de media 689 incendios, con 9.643 hectáreas quemadas cada ejercicio. Porque cuando se habla de incendios, habitualmente, se hace en hectáreas. De 2013 a 2022, se han calcinado 96.343. Para los amantes de las comparaciones: eso son casi 135.000 campos de fútbol como el de El Sardinero -que tiene unas dimensiones de 105x68 metros- o diez veces el municipio de Castro Urdiales o 28 el de Santander y Torrelavega .

Ocho de cada diez de estos incendios se dan entre los meses de febrero y abril, la temporada alta -ayer permanecían activos diez fuegos-, y la mayoría se concentran en los valles del Nansa, Saja, Pas, Pisueña y Asón, mientras que los que se producen entre agosto y octubre -que rondan el 6%, aunque suelen ser mucho más grandes- se provocan especialmente en el sur de la región.

Medio Rural que dirige Guillermo Blanco maneja unas cifras que asustan. En 2013 anotó 448 fuegos, una de las menores cifras, sólo superada por los 258 de 2016. Pero ha habido otros ejercicios trágicos. Sobre todo 2015 y 2021, donde los 770 y 864 incendios, respectivamente, redujeron a cenizas 32.651 hectáreas -16.576 y 16.075-.

En lo que va de año, ya han ardido alrededor de 2.500 hectáreas. Sólo en marzo se contabilizaron 343 incendios, que son 152 más que en el mismo mes de 2022. Las altas temperaturas y, sobre todo, las sucesión de jornadas con fuerte viento sur dieron alas a los incendiarios. «Por más vueltas que se le dé, no tiene explicación. Es hacer daño por el placer de hacer daño», afirma Blanco (PRC). «Lo que acaba de suceder es una acción coordinada contra nuestro medio natural. Es que ha habido montes que han prendido por seis puntos diferentes a la vez. Son delincuentes, auténticos terroristas ambientales», añade.

Pero no todos los municipios tienen el mismo interés para estos desaprensivos. El Plan Especial de Protección Civil contra los incendios forestales, el denominado Infocant, los tiene identificados mediante un código (del 0 al 3) y un color que mide el riesgo (verde, riesgo bajo; amarillo, moderado; naranja, alto, y rojo, muy alto). La Consejería de Presidencia, Interior y Justicia que dirige Paula Fernández (PRC) sacó en 2021 a información pública la modificación del decreto que regula el Infocant, ya que el que está en vigor data de 2007. Ahí aparecía el listado actualizado. Las zonas con mayor peligrosidad son Cabuérniga, Castro Urdiales, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Luena, Rionansa, Ruesga, Soba, Los Tojos, Valdáliga, Valdeprado del Río, Valderredible y Vega de Pas. Todos ellos con índice tres.

Para clasificarlos, se estudia el peligro estadístico (frecuencia, gravedad y causalidad) y el estructural, «la facilidad intrínseca que tiene un sistema forestal para propagar el fuego, junto con la dificultad que entraña su control». Sólo hay 11 municipios, la mayoría en el litoral, con riesgo bajo: Argoños, El Astillero, Colindres, Escalante, Limpias, Marina de Cudeyo, Miengo, Noja, Santander, Santoña y Reinosa.

Nadie se atreve a afirmarlo con rotundidad, pero los ganaderos siempre han estado en el centro de todas las miradas, por mucho que no les guste escucharlo como colectivo. «Entre las diferentes causas que motivan los incendios en la región, destacan notablemente las relacionadas con el uso del fuego de forma ilegal e intencionada, con el objetivo de proceder a la eliminación del matorral o la regeneración del pasto», sentencia el documento que recoge el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 2017-2020 (Peplif) de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería. El gabinete de Guillermo Blanco se queja de que estos tienen a su disposición las quemas prescritas, una herramienta diseñada para este objetivo y evitar al mismo tiempo la acción de los incendiarios.

Medio Rural dio a conocer el octubre pasado una curiosa estadística. Una de cada 10.000 personas de Cantabria prende fuego al monte. «Así que tenemos a 60 potenciales incendiarios dispuestos a atentar contra lo que es de todos», dijo el consejero.

Las diferentes administraciones se han coordinado últimamente para potenciar la lucha contra el fuego. Mejores medios técnicos, drones, patrullas a caballo y agentes infiltrados en el monte los días en que las condiciones son más propicias. Aun así, en los últimos años sólo ha habido cinco condenados. Según los datos de la Fiscalía de Cantabria, en 2019 se dictaron tres sentencias por delito de incendio forestal -dos fueron condenatorias y otra absolutoria-, y en 2020 hubo otras dos condenas. La última inculpatoria es de hace dos años. En 2021, la Audiencia Provincial condenó a tres años y medio de cárcel al exjefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria por el fuego que en febrero de 2019 arrasó la Sierra de la Alcomba.

Las penas contra los incendiarios se endurecieron tras la reforma del Código Penal de 2015. Van de uno a cinco años de cárcel y multas de 12 a 18 meses. Pero si se prueba que ha existido peligro para la vida o la integridad física de las personas, estas se endurecen con prisión de 10 a 20 años y multa de 12 a 24 meses. Si el incendio es de especial gravedad, la prisión es de tres a seis años y la multa de 18 a 24 meses.

Prevenir y actuar contra el fuego no sale barato al bolsillo de los cántabros. Eso, sin tener en cuenta el daño medioambiental y material que provoca. El dispositivo actual del Ejecutivo está compuesto por 407 profesionales entre los 151 agentes del Medio Natural, los 239 bomberos forestales repartidos en 36 cuadrillas y los 17 técnicos emisoristas. El 112 recibió sólo el año pasado 1.738 llamadas de incendios forestales y el equipo de intervención de Protección Civil del Gobierno realizó 35 salidas, que son el 12% del total. Como dato curioso, los helicópteros Delta Romeo y Maya Dama descargaron 337.000 litros de agua en las 35 intervenciones. La comarca forestal del Nansa acumuló el 23% de las salidas y las de Campoo y Soba, un 14% cada una.