Los 9.045 incendios de los últimos 20 años se saldan con solo 51 personas condenadas

Es una batalla desigual, de la que tanto los incendiarios como la Administración son conscientes. Los primeros son los que mejor conocen el terreno, las fechas y la climatología adecuada para actuar. La segunda trata cada vez más de anticiparse, aunque sabe perfectamente que no dispone de los recursos suficientes. Por eso, pide la colaboración ciudadana.

La temporada alta de fuegos en la región se da con el inicio de la primavera, sobremanera entre febrero y abril en los días en los que el viento sur sopla con más fuerza. Es entonces cuando los incendiarios actúan con mayor virulencia. Al Gobierno regional no le queda otra en la mayoría de las ocasiones que abrir bien los ojos y tratar de actuar rápidamente para apagarlos. Pero en los últimos años ha iniciado un trabajo de refuerzo de las medidas de prevención y detección de posibles sospechosos en colaboración con otras instituciones, especialmente los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Esta labor conjunta va dando poco a poco sus frutos, aunque de manera más lenta de lo que a ambas instituciones les gustaría. Primero deben localizar al incendiario, investigarlo y poner el caso a disposición de la Justicia. Rara vez los cogen con las manos en la masa. Según la estadística que ha remitido el Ministerio del Interior a este periódico, 15 personas han sido detenidas desde 2010 hasta la actualidad en Cantabria por causar incendios forestales. El último caso fue el de una joven pareja de 24 y 30 años que a principios de mes fueron detenidos por haber causado once fuegos intencionados en Polaciones y Tudanca, que afectaron a 446 hectáreas de bosque, arbustos y matorrales.

El número de personas investigadas en este mismo tiempo, en cambio, es prácticamente el doble: 32. La última, también de este último mes. La Guardia Civil abrió una investigación a un hombre de 58 años que en marzo, abril y junio causó ocho incendios en el entorno de la zona del Portillo de la Sía, en el municipio Soba.

En esta ocasión fueron dos agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria los que dieron la voz de alarma tras avistar al sospechoso.

El problema es que el número de investigados y detenidos no siempre se traduce en condenas judiciales, que además, cuando se producen, no suelen ser especialmente duras. La última y única de este año fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, que en abril impuso seis meses de cárcel y 120 euros de multa a un hombre que provocó un incendio en las localidades de Fresno del Río y Aradillos, en el municipio de Campoo de Enmedio. Al no tener antecedentes, como sucede en la mayoría de los casos, en las penas de hasta dos años de privación de libertad no se ejecuta la obligación de entrar en prisión.

Lo que busca desde las últimas legislaturas el Gobierno regional –antes el bipartito PRC-PSOE y ahora el PP– es acabar con la vasta extensión de terreno que se quema intencionadamente cada año. Según el Icane, en las dos últimas décadas han ardido 150.763 hectáreas. Los datos los obtiene de la 'Estadística de Incendios Forestales' del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para poner el dato en contexto, lo mejor es hacer una comparación. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. El terreno de juego de los Campos de Sport de El Sardinero tiene 0,714 hectáreas (105x68 metros). Así que desde 2004 hasta 2022 se han quemado en la región el equivalente a 211.153 campos de fútbol como el del Racing. Unos 10.557 de media al año.

No todos los municipios de Cantabria tienen problemas con los incendios. Hay una zona perfectamente delimitada que es donde hay mayor riesgo. Los municipios de Vega de Pas, Soba, Cabuérniga, Selaya, San Roque de Riomiera, Rionansa, Arredondo y los Tojos suman en su conjunto más del 50% de la superficie incendiada de toda la región en el periodo comprendido entre 2016 y 2021. Así lo recoge el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, más conocido como Peplif, que aprobó el anterior Gobierno PRC-PSOE en abril. Recogía 70 medidas para luchar contra el fuego. Apostaba por disuadir a las personas que utilizan los incendios para crear pastos –los ganaderos siempre han estado en el punto de mira– con un sistema de quemas controladas «para usar el fuego como herramienta de gestión».

El documento publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) fijaba un presupuesto de 34,5 millones para poder llevar a cabo cada una de las actuaciones. Para el ejercicio de este año establecía un gasto de 8,7 millones y 6,1 para el próximo. La segunda parte del Plan busca reforzar los medios humanos –a partir de 2025– a través de una reestructuración de los puestos de trabajo.