«Algunos abogados han tenido que cerrar su despacho a causa de la huelga»

–Hace unos días los funcionarios de Justicia decidieron suspender temporalmente la huelga por el periodo vacacional y a la espera de un nuevo Gobierno. ¿Qué le parece la medida?

–Me parece absolutamente lógica a la vista de la situación y teniendo en cuenta que no tenían interlocutor, ya que el Gobierno se encuentra en funciones y parece que no tenía sentido para ellos y para los juzgados extender un conflicto que no se iba a poder solucionar hasta que el nuevo gobierno tome posesión.

–¿Qué consecuencias están teniendo tanto esta como la anterior huelga? ¿Cuál es el balance de estos seis meses?

–El balance yo creo que habrá que hacerlo a la vuelta (de las vacaciones) cuando seamos conscientes del impacto, pero las consecuencias son desastrosas. Hace unas semanas conocimos que la resolución de pleitos ha descendido un 11% en el primer trimestre del año, en el que se recibieron un 15% menos de asuntos, y la huelga de los funcionarios está dejando un 57% menos de notificaciones. Estos datos evidencian la catástrofe que está suponiendo esto. Y cuando tengamos los datos del segundo trimestre, los números van a ser mucho más groseros y nos vamos a enfrentar con un panorama de retraso en la tramitación, en el señalamiento de los juicios y en la resolución de los asuntos mucho más importante.

–Tanto ustedes como los procuradores ya han manifestado las consecuencias que está teniendo el conflicto para el funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿pero qué les trasladan sus clientes?

–Incomprensión de que un servicio público de esta trascendencia lleve seis meses paralizado y que sus asuntos no vean el final. Cuesta mucho explicarles que un asunto se vuelva a suspender y que va a tener una demora que va más allá de los justificable.

–¿Esta situación está llevando a que la ciudadanía renuncie a presentar pleitos?

–Efectivamente, los datos del Consejo General del Poder Judicial evidencian que los ciudadanos están retraídos en la presentación de demandas porque ven que la solución a su conflicto va demorarse demasiado. Igual no les merece la pena ir al Juzgado. Es una decisión personal que está dejando sin contenido el derecho a la tutela judicial efectiva.

–Como consecuencia de ello, y según los datos que ofreció usted hace unos días, hay despachos que ya han comunicado descensos de su actividad y de sus ingresos de en torno al 50%.

–Sí, algunos decanos de otras comunidades autónomas hablan de cierres de despachos. El otro día vi un mensaje en redes sociales de una compañera que lo dejaba y que se iba a dedicar a una oposición porque nuestro trabajo va a asociado directamente a que el asunto se tramite y se resuelve, en caso contrario no percibimos honorarios.

–¿Está de acuerdo con lo que han reclamado primero los letrados, luego jueces y fiscales, y ahora funcionarios?

–Para mí es muy difícil entrar en el contenido de sus reivindicaciones. Lo que sí creo es que el Ministerio de Justicia ha llevado una negociación absolutamente nefasta tanto en el desarrollo en sí de la negociación, como por separar a cada uno de los grupos. Es decir, si hay un déficit en la retribución de cada uno de los Cuerpos, quizá tenían que haber abordado una negociación conjunta para solucionar el problema. Porque ahora los letrados están plateando una vuelta al conflicto ya que el Ministerio parece ser que no ha dotado los fondos que prometieron en el acuerdo. De ahí que el miedo sea el futuro y que sobreviva el conflicto permanente alrededor de la Justicia.

–¿Por qué el Gobierno central no ha dado una solución a los funcionarios como sí ha hecho con letrados y jueces y fiscales?

–La excusa que dio el Ministerio es que al convocarse elecciones generales el Gobierno estaba en funciones y el coste de la negociación excedía de la capacidad que tenía.

–¿Ve una solución cercana el conflicto tras las elecciones?

–Lo que hemos pedido es un pacto de Estado con la Justicia que implique a todos los partidos políticos y los poderes públicos. La solución pasa porque los partidos aparten la confrontación y todos a una determinen cuál es el diagnóstico. Porque no es solo un problema económico y de conflictos laborales, sino de un problema estructural que afecta a la Justicia en la parte organizativa, procesal y tecnológica. Hubo un pacto en 2001, pero no se ha cumplido prácticamente nada. Aun así debemos confiar en que se pongan de acuerdo. Y más teniendo en cuenta que han quedado sin aprobar tres leyes fundamentales para la modernización de la Justicia.

–Ustedes también están inmersos en una reivindicación para mejorar la retribución del turno de oficio, aunque en este caso depende del Gobierno de Cantabria. La plataforma de letrados afectados cree que la última subida acordada por el Ejecutivo es «insuficiente, precaria y tardía». ¿Está de acuerdo?

–Sí, las retribuciones son manifiestamente mejorables si las comparamos con otras comunidades autónomas. Estamos a la cola en inversión en Justicia gratuita y a la cola en la media de retribución por asunto a los profesionales. De ahí nuestra exigencia de ponernos a negociar con el nuevo gobierno la revisión del reglamento y de los baremos que incorpora.

–Además de este conflicto están inmersos en otro relacionado con sus jubilaciones.

–Sí, lo que se está reclamando es una reforma legal que permita una pasarela para pasar los fondos acumulados en la Mutualidad de la Abogacía al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) como cotizaciones o años cotizados. El problema es que depende del Gobierno y puede que exijan cantidades complementarias a cada uno de los afectados, como ya ocurrió con los notarios