Los abogados y procuradores, en el punto de mira de la Agencia Tributaria

Entre otros datos, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) solicita el número de identificación de los abogados y procuradores intervinientes en los casos, la fecha de inicio y de cese de la intervención en el procedimiento, el juzgado o tribunal ante el que ha intervenido, la localidad, la identificación del procedimiento y el importe en litigio. Lo único que no pide es la identificación de los clientes de estos profesionales, una cuestión que rechazó en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La medida supone el acceso a datos de los profesionales integrados en ficheros jurisdiccionales relativos a miles, incluso millones, de procedimientos judiciales tramitados entre el año 2014 y el 2017.

El requerimiento de Hacienda afecta a los 1.250 abogados y casi 200 procuradores en ejercicio que hay en Cantabria. El decano del Colegio de Abogados, Andrés de Diego, ignoraba la exigencia de la Agencia Tributaria, pero está dispuesto a poner en pie de guerra al colectivo porque «supone poner a los profesionales bajo la sospecha generalizada de que son unos defraudadores tributarios, que no cumplen con sus obligaciones fiscales». A su juicio, solicitar datos «con carácter generalizado es manifiestamente irregular y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En lugar de realizar una investigación cuando tienen constancia de que se ha producido un hecho sujeto a inspección, ponen el foco en los abogados y procuradores de forma generalizada, pidiendo los datos de todos los procedimientos», se queja. De Diego avisa de que «la Abogacía está en contra y va a luchar porque esto no sea así». La corporación profesional celebra mañana, jueves, una junta de gobierno en la que De Diego informará de esto «porque debemos hacer algo».

El paso al frente dado ahora por Hacienda para fiscalizar a los profesionales del Derecho tiene su origen en la resolución aprobada por la Agencia Tributaria en julio del año pasado, en virtud de la cual requirió al CGPJ la información tributaria de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales. El Consejo General de la Abogacía, que preside la cántabra Victoria Ortega, se levantó contra ese acuerdo y lo recurrió ante el Tribunal Supremo al considerar que vulnera el derecho a la protección de datos de todos los profesionales afectados.

El máximo órgano de gobierno de los jueces respondió favorablemente a la petición de Hacienda, excepto en lo relacionado con la identificación del cliente, aunque advirtió de que el responsable de los ficheros es el órgano jurisdiccional o la oficina judicial ante el que se tramiten los procesos, por lo que el requerimiento de la Administración tributaria debe efectuarse ante el juez o el tribunal y el letrado de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales).

Hace dos semanas el departamento de Cristóbal Montoro trasladó al Gobierno regional la exigencia formal para que sea la Administración autonómica quien recabe la información tributaria de los profesionales de Justicia, según ha confirmado a este periódico el director general de Justicia, Pablo Ortiz. En el escrito, Hacienda daba un plazo de diez días para responder, con la advertencia de que, de no colaborar, podría incurrir en responsabilidades.

El problema es que el Gobierno regional «únicamente tiene competencia para gestionar los datos», pero los titulares de los ficheros jurisdiccionales son los secretarios judiciales y los jueces, y «sin su autorización no podemos transferir nada a Hacienda», explica Ortiz. El Ejecutivo ha pedido a la Agencia Tributaria una suspensión del plazo, que ha sido prorrogado hasta el 10 de mayo, al tiempo que ha trasladado la petición al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y a su Secretaría de Gobierno.

Esta misma semana, la Secretaría de Gobierno del TSJC ha circulado entre los letrados de la Administración de Justicia el requerimiento de Hacienda para que, como responsables de los ficheros jurisdiccionales obrantes en cada juzgado, autoricen a facilitar la información solicitada por la AEAT. Una vez superado este trámite, el Gobierno regional procederá a la recopilación masiva de información para entregársela Hacienda. La informatización de todo el sistema judicial permite obtener todos los datos tributarios de los profesionales del derecho prácticamente en un clic. Fuentes judiciales aseguran que el trámite se está realizando en otras comunidades autónomas.