Abren juicio oral a los dueños de Ecomasa por administración desleal y falsedad contable

La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha acordado la apertura de juicio oral en un auto en el que remite la causa a los juzgados de lo Penal de Santander e impone a los administradores de Ecomasa World Investment (EWI) una fianza de 4,26 millones de euros para cubrir las posibles indemnizaciones a las que tuvieran que hacer frente.

Tanto el fiscal del caso, Enrique Sarabia, como la empresa pública Sodercan y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), han solicitado cuatro años y medio de prisión para cada uno de ellos.

Por su parte, la abogada del comité de empresa, Maite Ortiz, eleva la pena a siete años de cárcel por los mismos delitos -administración desleal y falsedad contable- al apreciar continuidad delictiva en ambos, según recoge el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press.

Todas las acusaciones reclaman también, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 3.198.515 euros que habrán de integrarse en la masa del concurso de EWI para atender las obligaciones pendientes de ésta, incluidas las referidas al ICAF y a SODERCAN, que durante un tiempo entró en el accionariado y formó parte del consejo de administración.

Los trabajadores de la fallida empresa de estufas de La Cerrada fueron quienes iniciaron la vía penal contra los dueños de EWI para intentar recuperar -sin conseguirlo- los tres millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka.

La instrucción del procedimiento penal, al que más tarde se sumó el Gobierno de Cantabria a través de Sodercán y el ICAF, corrió parejo en sus inicios a la comisión de investigación celebrada en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas, y al procedimiento concursal.

El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a EWI en septiembre de 2015, y un mes más tarde Sodercán interpuso denuncia ante la Fiscalía.

El Juzgado de lo Mercantil declaró culpable el concurso en abril del año pasado por retraso en la solicitud del mismo, e inhabilitó a Andrés de León y Manuel Jesús Lavín, así como al también administrador Antonio Hernández Molina, que han recurrido en apelación la sentencia y está pendiente de que la Audiencia resuelva.

La Audiencia Provincial de Cantabria confirmó hace un año la imputación de los dueños de Ecomasa por un presunto delito de administración desleal, de acuerdo con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, de septiembre de 2018, que puso fin a la instrucción, el cual archivaba las actuaciones contra ambos en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos por el que fueron inicialmente investigados.

La Audiencia vio «razones indiciarias determinantes» de que fueron perjudiciales para la sociedad, y encuadrables en el delito de administración desleal, tres operaciones: la capitalización de un préstamo de 500.000 euros concedido por EWI a NMChile, empresa del mismo grupo; la adquisición de participaciones de Chimeneas Barcelona en compensación de una deuda que tenía pendiente de cobrar Ecomasa de Inversiones por importe de 898.515 euros; y la compensación de un crédito de 1,8 millones de euros de una deuda de Ecomasa de Inversiones II con EWI por la compraventa de la marca Sommetfire.

Para la Audiencia, además, «no es descartable» que las conductas referidas a dichas operaciones pudieran integrar otros tipos penales, como el delito de falsedad contable -por el que han sido finalmente acusados- o incluso la insolvencia punible, y señala que de la documentación y los informes periciales se deduce que tales operaciones ocasionaron una «despatrimonialización» de la sociedad por la sustitución de créditos en favor de EWI por activos o participaciones «carentes de valor» o de valor «muy inferior».

Los acusados constituyeron la sociedad Ecomasa World Investments (EWI) en abril de 2012, con un capital social procedente de sociedades controladas y administradas por ellos, y recibió financiación pública a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

Además de EWI, controlaban otras sociedades propias como Comercial e Industrial NM Chile o Chimeneas Barcelona, a través de las cuales recibieron financiación y préstamos de EWI que, sin embargo, «presentaba serios problemas económicos».

De hecho, en 2013 tuvo unas pérdidas de unos 2,9 millones de euros, pese a la inversión efectuada a través de SODERCAN, que en agosto de ese año entró en el accionariado de Ecomasa y en su consejo de administración, con un desembolso de 1,5 millones de euros, que representaban el 30,6%.

Tras las pérdidas del ejercicio, SODERCAN dejó de formar parte del Consejo de Administración de EWI en julio de 2014. «Tal situación fue aprovechada por los acusados, como administradores de EWI, para llevar a cabo una serie de operaciones que agravaron extraordinariamente, y aún más, su crítica situación financiera», señalan los escritos de acusación.

Operaciones que «no fueron conocidas ni autorizadas» por Sodercán y el ICAF, pese a seguir recibiendo financiación pública del Gobierno de Cantabria a través de ambos organismos.

La acusación contra Lavín y De León se centra en las tres operaciones concretas señaladas por la Audiencia cuando confirmó hace un año la imputación. En primer lugar, la extinción de un préstamo por importe de 500.000 euros concedido por EWI a NM CHILE a cambio del 30,2% de su capital social, «maniobra» con la que Ecomasa pasaba a ser socio de la empresa en vez de acreedor, «evitando así cualquier reclamación económica pese a su patente falta de liquidez». A finales de 2015, NM CHILE entró en liquidación, sin que EWI obtuviera cantidad alguna en compensación por aquellas acciones.

En segundo lugar, la compraventa de la marca Sommetfire por importe de 1,8 millones de euros que no se abonó, sino que se usó para cancelar la deuda que Ecomasa de Inversiones II mantenía con EWI por tal importe. SODERCAN subraya que la marca debió pertenecer a EWI desde el principio, porque abonó parte de los gastos de su creación y registro y su finalidad era comercializar sus productos.

No obstante, esta marca no se registró a nombre de EWI, sino que los acusados, «al día siguiente de la adquisición de SODERCAN de la condición de socio, solicitaron el registro de esa marca a nombre de otra sociedad no participada por SODERCAN, para de esa forma evitar que ésta participase en su explotación».

La tercera operación por la que Lavín y De León se sentarán en el banquillo de los acusados es la compensación de un crédito favorable a EWI de 898.515 euros a cargo de Ecomasa de Inversiones II a cambio de la adquisición de 243 participaciones de la sociedad Chimeneas de Barcelona, con un valor «muy inferior» a lo compensado.