«Acayro Sánchez dictó resoluciones irracionales para perturbar y perjudicar al letrado querellante», según la Fiscalía

En este segundo caso se le acusa de «extralimitarse» en sus funciones y de llevar a cabo una investigación prospectiva («a ver lo que pesco») frente al abogado José María Real, querellante en este pleito de la mano del Colegio de la Abogacía de Cantabria. Y la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, lo tiene muy claro: «El acusado dictó resoluciones irracionales para perturbar y perjudicar al letrado querellante». Por eso consideró –tras elevar a definitivas sus conclusiones– que el titular del Juzgado de lo Contencioso Nº2 de Santander cometió un delito de prevaricación continuada por el que debe ser condenado a 15 años y un día de inhabilitación. Una conclusión con la que coincidió la acusación particular, representada por la letrada Carmen Sánchez Morán, que defiende los intereses tanto del Colegio de la Abogacía de Cantabria como del letrado Real.

El juicio, celebrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) bajo la presidencia del magistrado José Luis López del Moral (ponente), quedó visto para sentencia. 

Para entender este pleito es importante recordar que nace de una querella criminal que se sustentaba en dos asuntos. Por un lado, el Colegio de la Abogacía de Cantabria sostiene que Acayro Sánchez dictó resoluciones con la finalidad de investiga la relación contractual que une al abogado José María Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria.

Por otro lado, el colectivo denunció que el juez dedujese testimonio a la Fiscalía (lo propuso una de las partes) contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental (que después se descartó).

En la vista de este martes –que se prolongó por espacio de casi seis horas tras un primer receso de una hora para que la Sala deliberara las cuestiones previas, y otro de veinte minutos– las acusaciones mantuvieron intactos (salvo alguna precisión que hizo la fiscal) sus escritos de acusación y las penas que solicitaban antes de la vista.

«Se apartó de la función judicial y se dedicó a un nuevo objeto, una investigación prospectiva del letrado querellante. El elemento doloso se ha demostrado porque era consciente de lo que hacía. Hay una falta de motivación y falta de atención a los argumentos jurídicos que esgrimió el letrado, al que no resolvió un recurso porque estaba enfocado en causarle un perjuicio», aseveró la fiscal superior.

Tras suscribir el contenido íntegro del informe de la Fiscalía, la letrada de la acusación particular fue muy clara en sus conclusiones: «Las decisiones que tomó el magistrado Acayro Sánchez no tenían ninguna vinculación con el objeto de los dos procedimientos». Sánchez Morán apuntó también que la actuación del acusado «perturbó el ánimo de Real e hizo imposible que fuera contratado por el Ayuntamiento de Castañeda, como ha apuntado el alcalde (que declaró este martes como testigo)». «Sus actuaciones fueron irracionales en el sentido más grosero del término», dijo.

Frente a estas apreciaciones, el abogado de Acayro Sánchez defendió que las actuaciones del magistrado se «ajustaron a derecho» y «no suponen un delito de prevaricación» «¿Deducir testimonio a la Agencia Tributaria es prevaricar?», cuestionó, para después afirmar que «la querella es una desproporción absoluta».

Sin embargo, su patrocinado renunció a la posibilidad de defenderse declarando, como sí hizo (respondiendo a la Fiscalía y a su abogado) en el primero juicio en el que se sentó en el banquillo por una denuncia del promotor castreño Jon Loroño. Esta vez no respondió a ninguna parte. Y su abogado justificó la decisión: «Para qué va a declarar si su posición subjetiva es irrelevante según la jurisprudencia y además cuando se dio alguna explicación durante la fase de instrucción se dijo que eso no constaba en su declaración...». Tras esta maniobra, y mientras su asesora de comunicación remitía a la prensa más de una docena de documentos de la causa, llegó el golpe final. Su abogado hacia un anuncio al tribunal: «Acayro Sánchez ha pedido el traslado de destino porque (en caso de salir absuelto) no tendrá sosiego para juzgar».